¿Qué tan fuerte debe ser el Estado?

En las democracias contemporáneas, el Estado vive afortunadamente acotado. Eso hemos construido y eso es precisamente lo que buscamos. Queremos un Estado con el poder suficiente para defender el interés público, pero que no avasalle y lastime la libertad individual. Sin embargo, este equilibrio, fácil de enunciar en la teoría, es muy difícil de encontrar en la práctica cotidiana.

Para lograr un Estado así, sometemos su actuación a la estricta legalidad por lo que sus instituciones sólo pueden hacer lo que la norma expresamente les permite y autoriza. Y todo su poder se ejerce en medio de un complejo entramado constitucional de controles, contrapesos, transparencia, derechos humanos, rendición de cuentas y exigencia de responsabilidad personal a los hombres y mujeres que ejercen el poder público.

En el Estado moderno y democrático viven el poder y la libertad en permanente tensión. El poder necesario para normar y conservar el interés público, y el espacio de libertad indispensable para respetar el proyecto individual de las personas, para que -como decía Jürgen Habermas- el sujeto ejercite su autonomía responsable, consciente de sus limitaciones y en convivencia y comunicación con sus semejantes.

En México -a propósito de la reforma educativa y con motivo de los bloqueos de autopistas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación- se abrió una vez más el debate sobre el uso legítimo de la fuerza. Advertimos que, entre los pendientes del Pacto por México, está anunciada la elaboración de una ley sobre el uso de la fuerza y debemos discutir abiertamente el tema.

Todos coincidimos y aceptamos que, en principio, el Estado democrático tiene derecho a usar la fuerza pública para restablecer el orden y hacer cumplir la ley. Pero, en la práctica, a las autoridades les cuesta trabajo y les toma mucho tiempo cumplir con su deber. Sin duda, el nudo se presenta en los '‘cómos'', en los alcances y en la manera de tomar esas difíciles decisiones. Pero lo que es increíble ante el uso legítimo de la fuerza, es que sigan escuchándose voces que lo califican como actos violatorios de derechos humanos o de represión.

En la práctica, usar la fuerza para mantener el orden es difícil para cualquier político. Por muy experimentada que sea la policía, y por muy profesional que sea la organización de un operativo, siempre se corre el riesgo de que se salga de control.

El tema es que en México, el Estado no ha aprendido a hacer uso legítimo de la fuerza. Sin duda, la memoria de 1968 y otros acontecimientos similares siguen rondando en el imaginario colectivo.

Es preocupante que a las autoridades -de todos los partidos y en todos los niveles de gobierno- les cueste tanto trabajo ejercer la fuerza pública. Y que, conscientes de esa dificultad, grupos de diversa índole cierren vialidades, tomen carreteras, paralicen zonas turísticas, oficinas gubernamentales, industrias y comercios, afectando el interés público y los derechos de terceros. Esto no puede ser así.

Tenemos que generar un cambio ético y cultural para hacer que lo verdaderamente vergonzoso sea violar la ley, no el intento por hacerla cumplir. Pero además, debemos dotar a las autoridades con todos los protocolos, instrumentos, equipos y garantías necesarias para aplicar la ley y mantener el orden. Que se haga de manera profesional, preservando la vida, cuidando la integridad de las personas, canalizando y respetando el derecho al disenso, a la protesta y a la libertad de expresión y manifestación.

Creo que la mayoría de los mexicanos queremos un Estado fuerte. No queremos un Estado autoritario, sencillamente queremos un Estado con autoridad.

Consultor y analista político, director de Pensar Diferente Consultores.

Comentarios: opinion@expansion.com.mx