Un giro copernicano que promete

La iniciativa de telecomunicaciones pretende transformar la relación del Estado mexicano con las empresas y los grupos de interés.
Por Xavier Ginebra Serrabou

La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia es una oportunidad histórica para mejorar mercados con problemas estructurales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con autonomía constitucional y amplias facultades, sustituirá a la Cofetel. La nueva Comisión Federal de Competencia (CFC), como órgano autónomo constitucional, tendrá poderosas herramientas para modificar estructuras oligopólicas o de operadores dominantes. Podrá eliminar barreras a la competencia, regular el acceso a insumos esenciales y desincorporar activos de agentes dominantes para eliminar efectos anticompetitivos -tal como en Londres se desincorporó el sistema de aeropuertos-.

La iniciativa retira barreras de entrada y límites de inversión extranjera al sector, e impone medidas clave para la competencia en televisión restringida, como la obligación de must carry y must offer gratuitos para una gran cantidad de concesionarios. Ordena también la licitación de dos cadenas de televisión abierta y establece criterios para que agentes preponderantes -dueños de más de 50% del mercado- tengan regulación asimétrica y obligaciones de desagregación de red local. Y crea una gran red de redes (nuevo ente ‘carrier de carriers') que operará la red de telecomunicaciones de la CFE.

La autonomía constitucional no era indispensable pero claramente había que mejorar las instituciones y procedimientos para fortalecer la competencia. Ahora hay que cuidar la designación de los nuevos integrantes de la CFC y del Ifetel para evitar el reparto político. El sistema de filtros a través de exámenes y el comité integrado por el Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) sin duda ayudarán, pero la sociedad debe vigilar el proceso.

Los nuevos superreguladores deben contar con experiencia y conocimientos de staff especializado, pero sin los recursos económicos y humanos suficientes no podrán cumplir con sus responsabilidades. En el detalle estará el secreto del éxito, pero vale la pena mantenerse vigilante.

La eliminación de la suspensión provisional en la tramitación del juicio de amparo es uno de los cambios más trascendentes. El gobierno podría reestablecer un control sobre los medios, pero ahora con el uso de instrumentos legales expresamente construidos para ese propósito y no por presión. El amparo -dice Alejandro Faya- se convirtió en deporte nacional, pero debe cambiar cuando afecta la rectoría del Estado y la prestación adecuada de servicios públicos.

Para algunos, la reforma vulnera la certidumbre jurídica y la confianza de los empresarios, y significará pérdida de inversiones y empleos. Sin embargo, difícilmente atraería una afectación sistémica al clima de inversión, pues únicamente aplica a obstaculizaciones para utilizar, aprovechar u explotar los bienes de dominio directo del Estado.

Pierden las grandes empresas y ciertos grupos de interés. Pero no olvidemos que el kafkianismo regulatorio que arrastramos también tiene que ver con regulación débil, herramientas ausentes, procedimientos inapropiados y falta de especialización de los tribunales del Poder Judicial Federal.

Es una reforma perfectible, pero supone un avance muy positivo. Señala que los poderes fácticos no deben abusar y muestra la voluntad política del presidente Peña para impulsar las reformas en el Pacto por México. Pero el diablo está en los detalles. Habrá que medir el impacto real en las leyes secundarias.

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El autor es doctor en Derecho Económico, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y responsable del área de competencia y consumidores del despacho Jalife y Caballero.

Comentarios: opinion@expansion.com.mx

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