Hay quienes ya ven dorados campos, minas rebosantes de oro. El presidente George W. Bush quiere que su país destine 15,000 millones de bushels de maíz (1 bushel= 35.2 litros) a la producción de etanol, a partir de 2017. Con esta cantidad podrá producir el equivalente a 20% de la gasolina empleada en Estados Unidos para transporte. Comienza así un lento adiós a los combustibles derivados del petróleo.
El reto es gigantesco. Estados Unidos, hoy por hoy, produce menos de lo que propone Bush, 11,000 millones de bushels, y sólo destina 1,500 millones a etanol, según Merrill Lynch. El granero del mundo, que exporta 20% de sus cosechas, necesitaría más que duplicar su producción en una década para cumplir con la meta sin afectar el mercado internacional del maíz.
México, deficitario en ese grano, no puede ser indiferente al proceso. Con un precio internacional al alza, nuestros productores están ante una gran oportunidad.
Expansión decidió poner frente a frente a un agricultor mediano mexicano con visión empresarial, Arnoldo Godoy con uno estadounidense, Ron Gray, y analizar así la gran pregunta. ¿Qué frena la productividad en México?
En primer lugar, la inversión en tecnificación y la capacitación del agricultor son escasas o nulas en la mayor parte de México.
Otras de las respuestas coinciden con las que se escuchan en cualquier sector en nuestro país: los costos de logística son enormes; el crédito tardó años en llegar, y cuando lo hizo fue en condiciones demasiado onerosas. Unos pocos tienen un poder privilegiado –ya sea en cupos de importación, en el acceso a los subsidios– y captan las rentas del sector, por no hablar de la miopía de los reguladores, incapaces de prever que si los precios de futuros del maíz se disparaban, el encarecimiento de la tortilla iba a tener graves consecuencias políticas.
Hay otras razones para el rezago en México, vinculadas al marco jurídico. El sistema de propiedad de la tierra heredado de la Revolución ha demostrado su ineficiencia para garantizar una vida digna a gran parte de la población. El terreno pequeño, improductivo condena a la pobreza o la emigración. Pero, paradójicamente, un ejidatario no puede ser dueño de más de 100 hectáreas, lo que limita la creación de unidades productivas mayores.
La reforma de 1992, que abrió la puerta a la venta, ha demostrado su inviabilidad para que las familias que lo deseen capitalicen su patrimonio. Sólo 1% de los terrenos ejidales ha cambiado de manos. Un fracaso en toda la palabra.
La ley tampoco permite al productor mexicano comprar semillas modificadas genéticamente. Un mercado alcista invita a convocar a un debate nacional, libre de prejuicios. Los científicos y técnicos especializados deben evaluar el riesgo real de sembrar maíz transgénico en México. ¿Traería su uso el cambio cualitativo que necesita nuestro campo, como sucedió en Argentina y Brasil? ¿Contendría el proceso inflacionario en el sensible precio de la tortilla y en los sectores avícola y ganadero? ¿Se rompería la ‘cultura del maíz’ milenaria, como dicen los más críticos, o se ‘contaminaría’ nuestro campo?
No sólo se cambia con transgénicos. Hay numerosos ejemplos de cooperativas exitosas o minifundios que han sabido exportar productos orgánicos e incluso de marca. ¿Cómo potenciarlos, o copiar su modelo para el maíz?
Lo cierto es que con los precios actuales no es difícil motivar a los agricultores a reinvertir para ser más productivos. No todo depende de ellos, sino también de decisiones de la parte ejecutiva y legislativa a nivel federal e incluso estatal. Exigirá compromiso de unos con su negocio y de los otros con el libre mercado.
Si cada cual cumple su parte, los empresarios del campo podrán ver un negocio rentable, crecerán sus terrenos y pagarán buenos precios, y a quienes empleen ya no sufrirán tanto por el precio de la tortilla, porque podrán pagar una dieta más variada. Quizás esto es como soñar con campos de oro; tal vez llegó el tiempo de comenzar a sembrarlos.
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