La coalición de centro izquierda Frente Amplio, que gobierna en Uruguay, llegó a un acuerdo sobre la postergada reforma impositiva. Se espera que la ley se sancione antes de fin de año y entre en vigencia en enero de 2007.
La medida principal es la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y la simplificación del sistema impositivo, prescindiendo de una serie de impuestos y excepciones. Si bien el gobierno estima que los efectos de la reforma serán ligeramente negativos para la recaudación, la introducción del IRPF y las modificaciones al régimen de gravámenes corporativos que afectan a los sectores agrícolas y financieros, han provocado un fuerte rechazo.
Uno de los grupos que se opone al IRPF es la clase media profesional, que ahora pagará más impuestos. Sin embargo, aproximadamente 60% de la población económicamente activa estará exceptuada del pago de este impuesto.
Las enmiendas también aumentan las tasas impositivas para las ganancias no personales e introducen excepciones y deducciones. Los ingresos financieros se gravarán entre 3 y 5%, los dividendos de acciones en 7%, y otros ingresos, como las rentas de propiedades, en 12%, y se comenzará a cobrar un Impuesto al Patrimonio. Los cuatro impuestos que afectan el ingreso corporativo se consolidarán en uno solo, llamado Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) con una tasa máxima de 25%. Los fondos cooperativos y de pensión estarán exentos de impuesto, así como las actividades de investigación, biotecnología e informática. El IVA, con tasas de 23 y 14%, bajará a 22 y 10%, respectivamente, y se ampliará la base impositiva para el IVA, sumando algunos productos y servicios que hoy están eximidos, como el tabaco, los servicios médicos y la primera venta de bienes raíces.