La caída y el ascenso de Alonso Ancira

Principios de 2004. Hacía pocos meses que Alonso Ancira Elizondo vivía en Israel con su esposa, su hija y dos de sus hermanos, para evitar una orden de captura promovida por la Secretaría de Hacienda de México por fraude fiscal.

Manejaba desde Tel Aviv hacia el sur para visitar Eilat, uno de los destinos de playa más atractivos del país, cuando vio, desde el camino, una torre oxidada en medio del tórrido desierto del Neguev, una estructura familiar para alguien que, como él, conoce de sobra el negocio minero. “¿Qué es?”, preguntó al chofer. “Las minas de cobre de Timna, una empresa paraestatal que cerró hace ocho años”. “¿Y esas que están al lado?” “Ah, esas son las minas del rey Salomón”.

Ancira había clavado el ojo en el Valle de Arava, una inhóspita área que fue testigo de las primeras minas de cobre de la historia, explotadas por los egipcios hace 8,000 años.

Hoy, el director general y presidente del consejo de Altos Hornos de México (AHMSA) tiene pocas dudas de que este descubrimiento no fue casualidad sino un designio divino, un mensaje escrito en la Biblia para él.

“Todavía me acuerdo y se me enchina el cuero”, dice sentado en su oficina en Monclova, Coahuila.

La clave se la dio uno de los geólogos mexicanos que llevó para esta aventura, cuando obtuvo el permiso del gobierno israelí para explorar la mina y descubrió, para sorpresa de todos, que aún había mucho cobre para extraer. “¿Usted lee los evangelios?”, le preguntó el ingeniero, “le recomiendo el Deuteronomio 8:9”. Este libro del Antiguo Testamento anticipó que “de la tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre”. Es decir, un empresario dedicado a la producción de acero que llega a ‘la tierra prometida’ y consigue extraer cobre.

“Es más, así como (el pueblo judío) vagó por 40 años por el desierto, yo cuando llegué a Israel tenía 40 meses en suspensión de pagos”, afirma el empresario.

Detrás quedaba, efectivamente, su propio éxodo: la acerera AHMSA y la mayor suspensión de pagos privada de toda Latinoamérica, con una deuda de 2,300 millones de dólares (MDD); la salida forzosa de la Bolsa Mexicana de Valores; años de conflictos con una veintena de bancos mexicanos y extranjeros; cientos de negociaciones fallidas con los mejores abogados litigantes del país; la acusación de la Secretaría de Hacienda, intentos de fusiones con otras acereras y, ante todo, un enorme desprestigio.

Más delgado (asegura que está a dieta debido a una diabetes causada por estrés) pero con la misma arrogancia que mostró ante banqueros y funcionarios públicos, dice estar “a pocos meses” de sacar a la compañía de la suspensión de pagos.

La afirmación no es nueva: lleva nueve años prometiéndolo. Esta vez el proceso jurídico está en marcha. La razón no es menor: está perdiendo oportunidades de oro ante el auge de precios de las materias primas, impulsados por el crecimiento de China y el sudeste asiático. Una empresa en suspensión de pagos no puede hacer alianzas estratégicas ni ponerse en la vitrina de los grandes compradores mundiales del sector, ni pagar dividendos a sus accionistas.

Ancira y Xavier Autrey, su socio al 50% (quien no quiso participar en este reportaje), están perdiendo la oportunidad de estar –como su competencia– en la cresta de la ola. Alfa vendió Hylsa a la argentina Ternium por 2,253 MDD en mayo de 2005; un año después, Mittal compró a Grupo Villacero la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) en 1,400 MDD; Imsa también pasó a manos de Ternium (3,227 MDD mediante) en 2007.

Hoy, Ancira y Autrey se sientan sobre una empresa que, según los cálculos de los analistas, puede valer 6,000 MDD.

Abogados y asesores financieros trabajan a destajo, como hace casi una década con la suspensión, pero esta vez para volver a poner en el ruedo al mayor fabricante de acero de México.

Un expediente del tamaño de un camión

“No sé qué voy a hacer el día que se acabe lo de AHMSA”, dice desde su despacho Francisco Javier Alonso Martínez, el juez de Monclova que lleva casi una década dedicado en exclusiva a la suspensión de pagos de la acerera.

El 18 mayo de 1999, en el sorteo del día, le tocó el expediente par y le cayó entre manos el caso de la empresa en la que trabaja 60% de los habitantes de su ciudad y la responsable de 12% del PIB de esa entidad.

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (aprobada en 1947 y vigente hasta mayo de 2000) tenía como principal mandato, en medio de una crisis financiera, preservar la empresa y las fuentes de empleo. Para ello, la habilitaba para no pagar sus compromisos, congelaba sus deudas en pesos –y sus intereses– y convertía a las que eran en moneda extranjera al tipo de cambio al día de la suspensión. Así quedaba blindada mientras reestructuraba su situación.

En un mismo acto, Ancira y Autrey pidieron este beneficio para cinco de sus empresas: AHMSA, Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), Minerales Monclova (Mimosa), Minera del Norte (Minosa) y Cerro del Mercado (Cemesa).

De manera paralela, en el DF, la jueza María Elena Galguera González recibía otro pedido de suspensión, pero de Grupo Acerero del Norte (GAN), la empresa controladora que contenía a todas las compañías subsidiarias (la acerera y las mineras).

“No pude dormir por un par de días. Me saqué una rifa sin comprar boleto”, recuerda Alonso Martínez nueve años, un infarto y 20 kilos menos después. Con la orden de AHMSA llegó a su oficina un camión tipo torton, con 85 cajas de expedientes.

Ése era el inicio de un pleito que puso a ambos socios en el ojo de la tormenta nacional. Juntos habían ganado la licitación de esa paraestatal en 1991, durante el proceso privatizador de Carlos Salinas de Gortari. La firma no la pagaron con recursos propios sino con deuda. Algunos recuerdan que Ancira afirmaba que iba a ver cine a Los Pinos, gracias a la amistad de su esposa con la primera dama de México.

Al momento de la suspensión, la empresa tenía ingresos por 12,008 millones de pesos (MDP), estaba valuada en 3,000 MDD y tenía casi 17,000 empleados.

La mayor parte de la deuda se debía a la inversión en un agresivo proceso de modernización que se hizo en los primeros años de la nueva administración. La causa de la suspensión fue que el empresario no previó el desplome de los precios del acero de finales de los años 90.

De un día para el otro, el juez Alonso Martínez envió notificaciones a 3,000 acreedores dentro y fuera del país. Pidió una franquicia del correo para manejar tanto volumen de correspondencia. Para organizarse compró 1,000 cuadernos, donde llevaba cada una de las demandas. “Era monstruoso aquello”, recuerda. Su primer trabajo fue tramitar el reconocimiento de las deudas, sólo para quienes las documentaran. Los acreedores aún protestan por los 80 MDD que se desvanecieron por las exigencias formales del juez.

Mientras las cartas llegaban a los bancos y proveedores, en el Congreso se comenzaba a cocinar una nueva ley que remplazaría, un año más tarde, al procedimiento de Quiebras y Suspensión de Pagos: la Ley de Concursos Mercantiles.

“Fue un caso trascendente por el tamaño de la empresa, por el monto, por los acreedores nacionales y extranjeros y porque da fuentes de trabajo a una importante zona del país”, resume Luis Manuel Méjan, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), el organismo del Poder Judicial creado por la nueva Ley para administrar las empresas con problemas de pagos. “AHMSA ha sido un caso que influyó en el riesgo país de México y que encareció el crédito para sus empresas”, agrega.

El caso amargó las presentaciones de los funcionarios del sector financiero mexicano en el exterior durante años. Después de presentar el éxito macroeconómico, siempre algún aguafiestas levantaba la mano y se quejaba por el hecho de que una empresa que dejó de pagar sus deudas durante años siguiera en las manos de sus accionistas.

Las mil y una negociaciones

Banamex, Bank of America, Inverlat, Société Générale, Bancomer, Chase Manhattan Bank, JPMorgan, West Merchant Bank, entre muchos otros bancos y miles de proveedores de todos los tamaños, recibieron el comunicado de que AHMSA congelaba sus compromisos.

“Ni Ancira ni Autrey querían irse a suspensión de pagos, pero lo hicieron para protegerse, porque los bancos iban a comenzar a rematar sus acciones”, afirma Jaime Guerra, de Guerra González y Asociados, abogado que desde entonces lleva este proceso para la acerera.

¿Por qué las prisas? En ese entonces, la controladora GAN era propietaria de 79% de las acciones de AHMSA, y de ésas, 95% incluía una caución bursátil, es decir, hubieran pasado a manos de los principales bancos acreedores en caso de declararse en suspensión.

Con Banamex, Bank of America y Bancomer como los principales tenedores de estos papeles comenzó una de las batallas más intensas entre una empresa privada y el sector financiero.

Al reparto de protagonistas se sumaron la Secretaría de Hacienda, que no sólo sufría las quejas de los bancos y gobiernos extranjeros, sino que pagó 26 MDD de la deuda de AHMSA denominada en multiyear reestructure agreements (MYRA), bonos recibidos de la restructura previa a la privatización de 1992 que tenían garantía federal; también los bancos de apoyo a la exportación de EU (Eximbank) y Europa, la embajada de EU y la representación de la Unión Europea.

“Nos amanecimos con la noticia”, recuerda una fuente cercana a los acreedores, que prefirió mantener el anonimato, al igual que la mayor parte de los banqueros y abogados de los acreedores entrevistados por Expansión.

Se formó un comité de acreedores, conformado por entidades financieras locales y extranjeras, para negociar como acuerdo que la firma saliera de la suspensión y a la postre cobrar lo máximo posible de sus adeudos. La batuta la llevaban Bank of America, dirigido por Orlando Loera, y Banamex, que estaba en transición de su venta a Citigroup.

Entre sus primeras acciones para liberar sus deudas, AHMSA propuso dos fusiones: una con Imsa en 1999, y luego con el gigante español Aceralia, un año más tarde. Ambas quedaron en nada. Los bancos y Alonso Ancira se endilgan unos a otros el fracaso de las operaciones.

“Aquí ya no se trataba de cuánto íbamos a ganar o a perder, se trataba de una cuestión de Estado de derecho. Los bancos internacionales estaban sorprendidos del nivel de impunidad y de protección que se le brindaba a un empresario”, afirma otra fuente cercana a los acreedores.

Después de decenas de reuniones y negociaciones (véase línea de tiempo), en 2002 los bancos trataron de usar su abultado porcentaje de acciones para llamar a una asamblea, en la ciudad de Monclova, y remover a los socios de la empresa, tomando la reestructura de la deuda en sus manos. Finalmente, un error de fecha en la convocatoria invalidó la misma y los banqueros que llenaban un hotel de Monclava se fueron por donde habían llegado, aterrorizados, recuerdan ellos, por el acoso de la policía local.

Las negociaciones seguían en cero y las presiones del sector financiero llegaron hasta la Secretaría de Hacienda: en diciembre de 2003 giró una demanda penal contra el consejo de administración de AHMSA por fraude fiscal. Los abogados de la acerera insisten en que los impuestos se habían pagado, pero fuera de fecha.

Alonso Ancira movió sus contactos y logró salir del país y refugiarse en Israel, mientras Xavier Autrey hizo lo propio, y con su doble nacionalidad partió rumbo a España, donde fue detenido poco tiempo después.

“Me persiguieron y me revisaron de arriba a abajo. Yo tuve a un gobierno de enemigo”, afirma ahora Ancira.

Con los socios fuera, las negociaciones desiertas y el precio del acero apenas rozando los 450 dólares, en 2004 los bancos empezaron a vender su deuda en el mercado secundario a fondos de inversión (hedge funds) y se desintegró el comité de acreedores.

Calmadas las aguas, los viejos enemigos reconocen sus errores. “La historia de AHMSA se simplifica en una inoportuna actuación de los bancos, cuya estrategia fue ingenua y torpe y Autrey y Ancira lo aprovecharon”, opina Darío Oscos, ex director general jurídico y contencioso de Banamex.

Nuevos acreedores, nuevos escenarios

Para 2005, todos los bancos ya se habían desprendido de sus deudas sobre todo Bank of America, uno de los que más había luchado contra AHMSA. Las operaciones son confidenciales, pero el consenso entre ellos es que vendieron a 15, ocho, siete y hasta a cinco centavos por dólar; así, de un compromiso de 200 MDD algunos bancos sólo recuperaron 14 MDD.

Con el paso del tiempo, las decenas de acreedores financieros originales se han convertido en apenas tres nuevos actores que compraron la mayoría de estos papeles: los fondos Ashmore Investment Management, DE Shaw & Co y Black River Capital.

No pocos ex acreedores de Ancira consideran que quizás él aprovechó la coyuntura para comprar, a precio de ganga, su propia deuda en el exterior. “Lo puede hacer a través de un tercero o a través de una participación –participation agreement–”, afirma una fuente cercana. “En una situación como ésta, el principal interesado en la deuda es el propio deudor”. Ancira niega, contundente, que tenga papel de la empresa.

Uno de los ‘defectos’ que muchos abogados mercantiles destacan en la vieja Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos es que no ponía plazos, no limitaba la duración de este paraguas de protección frente a los acreedores.

En estos nueve años, varios bancos cambiaron de dueños, todos vendieron las deudas, se cicatrizaron las heridas, regresaron los socios escapados al exterior después de pagar sus deudas fiscales (incluida la deuda en MYRA que había pagado el Estado), reconoció Ancira, y se acallaron las declaraciones a través de los medios.

“Ancira actuó legalmente, se apegó a la ley. El problema aquí era ético”, afirma hoy Javier Pérez Rocha, abogado del comité de acreedores hasta su disolución. Había antecedentes mucho más institucionales. Ante la caída del precio del acero, las acereras Hylsamex y Sicartsa sufrieron los mismos problemas de flujo de efectivo, pero los resolvieron negociando con los acreedores sin llegar a declararse en suspensión de pagos.

Maldito-bendito metal

A la misma velocidad que subía el precio del acero en los mercados internacionales, se aceleraban los movimientos en las oficinas de AHMSA. Los buenos momentos que comenzaban a olfatearse en el sector se encontraban con un grillete (como explicó uno de los abogados de la empresa) que era su suspensión de pagos.

En enero de 2006 –con el precio del acero a 550 dólares la tonelada–, la acerera contrata al banco UBS como su nuevo asesor financiero para restructurar su deuda.

Cuatro meses más tarde, el consejo de administración de AHMSA firmó un acuerdo con los fondos de inversión para comenzar la operación. “Con ellos tenemos mejor relación que la que tuvimos con los bancos, tienen mayor disposición”, afirma el abogado Jaime Guerra, en medio del proceso de negociación.

Eso sí, necesitan el visto bueno de la mayoría: para comenzar el proceso de levantamiento de la suspensión de pagos, se requiere la aprobación de 75% de los acreedores.

En 2006, AHMSA sacó de la suspensión a Cerro del Mercado (mina que produce hierro) y la mina carbonífera de Micare, proveedor de una planta de generación eléctrica de la CFE. La paraestatal tiene prohibido, como todo el gobierno federal, mantener como proveedores a empresas en suspensión de pagos, pero siguió recibiendo el mineral porque Ancira y Autrey crearon una compañía intermedia, otra estratagema jurídica más que permitió a la empresa seguir operando. Y que no interrumpió la generación de una planta que se instaló ahí, en primer lugar por la proximidad de Micare.

En 2007 ya estaban con los papeles en mano para cerrar el acuerdo e incluso contaban con los bancos que les iban a prestar dinero en efectivo y en una sola operación, para sacar a AHMSA y GAN del proceso, pero la crisis financiera en EU, el desplome del crédito, volvió a colocar los planes en un cajón.

Apurados por el incesante aumento en el precio del acero, los asesores de la firma buscaron nuevas alternativas y decidieron liberar a las empresas una por una.

Según los planes de Alonso Ancira, la próxima en salir será GAN: “Estamos a días de esto”, afirma. Según los abogados, el acuerdo se cierra en el último trimestre de este año. La oferta ya está en manos de los tenedores de la deuda y se espera el sí definitivo antes de que termine 2008.

AHMSA, la más complicada por volumen y número de acreedores, quedaría para el primer semestre de 2009. Cerrados los acuerdos, los fondos pasarían a tener dos posiciones dentro del consejo de administración de la empresa.

Tanto GAN como AHMSA se encuentran ahora a la espera de un crédito puente, por 1,500 MDD, a una tasa de 3 a 7%, para que, una vez firmado el acuerdo, se les pague en efectivo a los acreedores y las firmas queden liberadas. La intención –y preacuerdo– es que AHMSA pague 100% del valor de la deuda a valores de 1999, y en el caso de GAN sería un acuerdo mixto entre efectivo y participación accionaria.

¿Por qué Israel?

“Aquí, a unas cuadras vivió Alonso los dos años que estuvo exiliado”, señala Carla García Granados, ex asistente de Ancira y hoy CEO de AHMSA Steel Israel, durante un recorrido por Tel Aviv, en la zona residencial de Herzliya, pegada a la playa bañada por el Mediterráneo. En la zona, tranquila y bucólica, alejada del centro de la ciudad, abundan sedes de embajadas y mansiones. Un destino donde, a diferencia de lo que sucede en México, Ancira es un empresario respetado, con acceso a los más altos niveles de gobierno.

Carla, que habla aceleradamente pasando sin respiro del inglés al español y del español al hebreo, tiene mucho que ver en el destino que eligió Ancira para ponerse a salvo de la persecución de la Secretaría de Hacienda.

En 1934, el abuelo de Carla, Jorge García Granados, huyó de Guatemala y fue ayudado en México por el padre de Ancira. Una década más tarde, como embajador de Guatemala en EU, García Granados fue uno de los miembros de la UN Conciliation Commission for Palestine y fue de la comisión de la ONU que realizó la partición del Estado de Israel.

“Fue uno de los impulsores del nuevo país. Hoy hay una calle en Jerusalén y otra en Tel Aviv con su nombre”, afirma su nieta, quien vivió algunas temporadas en Israel.

Tanto ella como su hermana Aracely trabajan en AHMSA y fueron quienes movieron sus contactos diplomáticos y familiares para que Alonso Ancira, que no es judío, se mudara al país con su familia en la víspera de Navidad de 2003.

El apellido García Granados tiene tanto peso en Tel Aviv que el desembarco fue muy suave. Y Alonso Ancira no quiso perder esa fuerte carta de presentación y contrató a Carla para que fuera su mano derecha y su pasaporte dentro del gobierno israelí.

Basta verla moverse con tranquilidad por los pasillos de los ministerios y hablando de tú a tú con mineros rusos y con compradores estadounidenses interesados en hacer negocios con la mina de cobre de AHMSA.

Aunque estaba a miles de kilómetros, Alonso Ancira y sus hermanos nunca perdieron el ‘día a día’ de la empresa. Para hacer más seguras y baratas las largas comunicaciones, estaban comunicados todo el tiempo vía Skype (“una comunicación vía computadoras que es imposible de ser ‘hackeada’”, recuerda un empleado).

Alonso Ancira aprovechó su estadía forzosa en Israel para seguir ejercitando su músculo para los negocios. Probó primero con una planta de amoniaco que no funcionó para luego toparse por accidente con las minas de Timna, en el sur del país.

La mina ocupa 260 hectáreas en medio del desierto de Arava y ya cuenta con 150 empleados, de los cuales 20 son mexicanos.

Con 40 grados promedio al año, al ingresar a los tiros de mina (y descender casi 100 metros bajo tierra) la temperatura es otra y hasta los idiomas cambian: de los 150 mineros que están aún cavando en la roca, la mayoría son rusos, brasileños y argentinos.

Cuando se les pregunta si hay realmente cobre en el lugar, ellos iluminan con las luces de sus cascos unas manchas verdes irregulares en la roca: “Mire qué bello, eso es cobre del bueno, con una pureza de 99.9%”, dicen.

El Arava Project, como lo han bautizado, involucra una inversión de 220 MDD (que incluye la mina y la planta de producción) de los cuales hasta la fecha lleva erogados 50 MDD y se espera que el corte formal de listón sea a fines de año. “En 2010 estaremos produciendo 20,000 toneladas al año y en 2015 unas 40,000. Ya tenemos clientes que quieren comprarnos desde hoy toda la producción”, afirma Carla García Granados.

Ahora la tonelada de cobre se cotiza en 7,730 dólares, más del doble de lo que valía cuando comenzaron a excavar.

Ancira pocas veces arriesga capital propio. Consiguió que el gobierno israelí aportara 50 MDD en efectivo (por la zona en la que se encuentra) y 60% del capital requerido para rehabilitar y poner de nuevo en operación una planta de ácido sulfúrico contigua al complejo minero.

El año pasado, el presidente de Israel, Shimon Peres, visitó personalmente la planta y firmó la primera placa de cobre que salió de Timna: “Del Rey Salomón, al Rey Alonso”.

El interés del presidente israelí es mayor, porque no sólo serán nuevas fuentes de empleo (unas 600) sino que hasta puede significar un caso histórico a nivel diplomático.

Las ‘manchas de cobre’ de la mina de AHMSA se extienden más allá de las fronteras de Israel y llegan hasta Jordania. De hecho, el empresario mexicano ya tiene una empresa registrada en ese país, donde ha ofrecido replicar el mismo proyecto que lleva adelante en Israel, para convertirse en una de las primeras empresas ‘binacionales’ que absorbe a la misma frontera, en una de las zonas más conflictivas de Medio Oriente. “En septiembre nos dan el ‘ok’ y será una empresa bajo un sistema que en Israel se conoce como Proyectos de la Paz”, agrega Carla al salir de la mina.

Para Meir Itzchak, alcalde de Eilat, la inversión mexicana es la más fuerte de su mandato, “va a ser la industria más importante de la zona”, afirma desde su oficina.

AHMSA repitió en esa pequeña ciudad turística lo que ya hace en Monclova: dar fuertes donativos al gobierno local. Desde que llegó, ha aportado 1 MDD en forma de dos camionetas para la policía vecinal, una reserva para proteger a 18 gacelas, en vías de extinción, una cancha de baloncesto techada y un parque recreativo para niños.

Tan fuerte es la presencia de Alonso Ancira en la comunidad que es el primer empresario invitado a participar como inversionista en la mayor obra de infraestructura de la zona: La puerta del sur.

Se trata del centro logístico, el primer puerto mixto en Israel donde convergerán ferrocarril, carretera, terminal aérea y un nuevo puerto, en la frontera de Israel con Jordania. “Será el centro operativo entre Europa, Asia y África”, agrega el funcionario acerca de la obra, valuada en 4,000 MDD, que comenzará a construirse el año que viene.

Totalmente ambientado en el mundo de los negocios de Israel y su pesado mecanismo burocrático, Ancira decidió invertir en otra empresa, a través de su filial AHMSA Israel: el tratamiento de aguas negras.

Desde hace tres años es socio (con 55% de acciones) de la empresa israelí Aqwise, que diseña y amplía plantas depuradoras de aguas residuales con base en una tecnología de reactores biológicos. En dos años, la empresa ya tiene firmados 40 contratos en 10 países diferentes y factura al año unos 5 MDD. Cuando Alonso Ancira entró al negocio, en 2005, se trataba apenas de un start up al que aportó 1 MDD, pero “hoy está valuado en 15 MDD, con un potencial de crecimiento de 100% anual”, puntualiza García Granados.

Las inversiones en Israel causaron estupefacción en México y no sólo por su éxito. En plena suspensión de pagos por 2,300 MDD, ¿qué hace Ancira invirtiendo dinero a 15,000 kilómetros de distancia?, ¿por qué no paga a sus acreedores, que pierden poder adquisitivo cada día que pasa, ya que la deuda no se actualiza con la inflación? “El objeto social de la empresa es la minería, y AHMSA sigue haciendo minería en Israel”, explica su abogado, Andrés González Saravia

Del Rey Salomón al Ave Fénix

Los resultados de AHMSA no pueden ser mejores: en el primer semestre del año obtuvo utilidades netas de 199.4 MDD. El pago de la deuda está al alcance de la mano.

“Tengo un EBITDA de 1,000 MDD y una deuda de 1,000 MDD”, dispara Alonso Ancira desde su escritorio, mientras se reclina en su butaca y lanza la primera bocanada de su puro, un Arturo Fuentes Opus X. Su oficina está ubicada en el centro del complejo de Altos Hornos de México, en Monclova. Lo más lujoso a la vista son los pisos de mármol, “los mismos que tienen mis empleados en sus baños, porque yo sí fui minero y sé a qué huelen las botas de hule sin calcetines”, afirma el empresario.

Cuando tenía 16 años, como estudiante, Ancira Elizondo no parecía tan bueno como resultó después para los negocios. Reprobó algunas materias y, como castigo, su padre lo envió a trabajar ocho meses como auxiliar de perforación en la mina de la familia, Baztán del Cobre, en Michoacán.

A su espalda, una gran ventana deja ver el enorme complejo industrial, esas pesadas estructuras de metal a las que se aferró y que lo hicieron enfrentarse con todo el sistema financiero de México, con los más importantes bancos del mundo, y con el gobierno de Vicente Fox.

Es un empresario hábil, un minero talentoso, muy ‘pagado de sí mismo’, poco ético, inteligente… Así lo califican a la distancia sus acreedores. “Alonso todo lo sabe: es de los que quiere ir a un bautizo y ser el niño”.

Decide hablar ahora, casi una década después de la suspensión de pagos, sólo “para demostrar que teníamos razón” y agrega: “estoy ahora con el Proyecto Fénix, porque es como el ave fénix, que renace de sus cenizas”. Se trata de una inversión de 850 MDD en minas y en la acerera, para aumentar en 40% la producción de la empresa.

Ingeniero y abogado, Alonso Ancira es la voz cantante, es el operador, el socio con la mayoria de los votos en GAN, el ejecutor y el hombre detrás de los números y los anuncios de la compañía.

Su socio, Xavier Autrey, es hijo de los fundadores de Casa Autrey, vendida en 2000 a Casa Saba.

Era, durante los 90, presidente del consejo del Banco de Nova Scotia (que luego se convirtió en Scotiabank) y un referente más en mundo de los banqueros.

Algunos aún lo recuerdan en la última Convención de la Asociación de Bancos de México, en Acapulco, antes de la suspensión de pagos, tranquilizando a sus pares acerca de la salud de AHMSA.

La suspensión de pagos colocó a Autrey en un segundo plano. Hubo movimientos internos entre accionistas, cambios de roles, controles internos, un exilio compartido y un posterior distanciamiento entre ambos socios.

“(Autrey) me mandó una auditoría interna en la que no me encontró nada. A veces el enemigo está en casa”, relata Ancira, lo que explica los silencios que median entre ambos durante los consejos de administración.

Alonso Ancira hace ademanes, habla intensamente, se enoja cuando las preguntas son fuertes y se ríe ruidosamente.

“Hoy, la empresa vale 12,000 MDD”, asegura. “No lo dudo tantito, ya que se calcula cinco a seis veces EBITDA (1,000 MDD) más 1,000 MDD de deuda y con el precio del acero como está, se puede ir tranquilamente 10 veces arriba en su valor”, calcula un ex acreedor de la empresa.

A mediano plazo, Ancira se imagina una compañía diferente. Fuera de la suspensión quiere llevar la empresa, en 2012, a tener un EBITDA de 2,500 MDD, desea entrar al negocio de la producción de gas metano (que generan sus minas de carbón), aumentar la producción de fierro en Oaxaca y reactivar una carboeléctrica, para incrementar los ahorros en energía en AHMSA.

Salir de la suspensión de pagos le permitirá a la empresa aprovechar al máximo el auge acerero. “Se nos han ido ‘ene’ asociaciones estratégicas, gente que quiere hacer un conglomerado, que se quiere fusionar”, explica Andrés González-Saravia, director jurídico de AHMSA, “así como en aquel momento fue necesaria, hoy nos estorba para rehabilitarnos”.

Incluso desde el otro lado de la historia hay quienes creen lo mismo, ante la consolidación global de la industria acerera, liderada por ArcelorMittal: “Yo creo que ahora sí van a salir de la suspensión. Con ese tamaño, la empresa se va a ir rezagando frente a la competencia. No puede ser exitosa si se mantiene así”, afirma Javier Pérez Rocha, ex abogado del comité de acreedores.

En nueve años, la deuda de 2,000 MDD que se congeló en 1999, ascendería hoy, con intereses y demás gastos, a cerca de 4,000 MDD. En el mismo lapso, la empresa pasó de una valuación de 3,000 MDD a 12,000 MDD y de un EBITDA de 250 MDD a uno que en sólo el primer semestre del año fue de casi 1,000 MDD.

Y también en nueve años, y bajo toneladas de papel, sigue descansando, posiblemente por un año más, una de las historias de negocios más controvertidas y oscuras de las últimas décadas. La del minero y el financiero que compraron una empresa a crédito, recibieron préstamos a lo loco antes de que su industria se fuera a pique, no pagaron sus deudas, fueron perseguido por la Interpol y, años después, si deciden venderla, pueden embolsarse un puñado de millones de dólares.