La vieja Antequera es, a pesar de su ubicación estratégica y de su riqueza cultural y turística, un estado con gran atraso: el segundo con mayor índice de marginación, el último en escolaridad, el penúltimo en esperanza de vida. También figura en los últimos lugares en “bienestar social”. Un solo dato muestra la severidad de la pobreza: 115 de los 250 municipios con mayor marginación del país se ubican en Oaxaca. Pero el atraso social no está solo, lo acompaña el atraso político.
La transición democrática en México suprimió muchos de los excesos del presidencialismo autoritario, pero no frenó los cacicazgos regionales. Aunque años atrás el triunfo de la oposición en algunos gobiernos estatales, empezó a fijar límites al poder presidencial, fue la salida del PRI de Los Pinos lo que puso fin a esa vieja relación de obsecuencia.
Entre el asombro y el miedo a la intemperie, muchos gobernadores aprovecharon la ausencia de su jefe en Los Pinos, para estrenar su poder autónomo. Quizá la mejor expresión de esa potestad fue José Murat en Oaxaca. Como ninguno, aprovechó el repliegue del presidencialismo para instaurar un cacicazgo. Ante la falta de mecanismos y poderes institucionales (Congreso o Tribunal Superior de Justicia del estado), de organizaciones sociales o medios de comunicación capaces de hacerle contrapeso, Murat constituyó un feudo.
Llegado el tiempo del relevo, Murat escogió a uno de sus más dóciles colaboradores: Ulises Ruiz, quien además servía de operador electoral de Roberto Madrazo. Tras una elección competida e impugnada, Ulises llegó a la gubernatura.
Síntesis de la alianza política entre Murat y Madrazo, desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2004, en vez de procurar un buen gobierno y una administración que se propusiera sacar a Oaxaca de la marginación y la pobreza, se dedicó a golpear y amedrentar a opositores y críticos. No sólo eso, quiso apropiarse de todos los negocios que acompañan al poder y entró en colisión con su preceptor. Choque de talibanes.
La necedad y el radicalismo de unos, los maestros de la CNTE y los ultra de la Asamblea del Poder Popular del Pueblo de Oaxaca, y la ineptitud y arbitrariedad del gobernador, sumieron al estado en una grave crisis social y política.
Sin embargo, un mérito del conflicto es darle visibilidad a los problemas sociales y exhibir los riesgos que abre la ausencia de procedimientos que permitan a la sociedad interrumpir el mandato de un gobierno notoriamente inepto y autoritario.
En Morelos, a pesar del mal gobierno y los escándalos del gobernador (remember “el helicóptero del amor”), Sergio Estrada Cajigal concluyó su mandato; quizá lo mismo ocurrirá con Mario Marín, el ‘góber precioso’ de Puebla. En estos días de democracia incipiente, no hay forma de quitarlos por las buenas y entonces, para echar a un gobernante repudiado, los ciudadanos sólo pueden recurrir a formas agudas de protesta.
En los años dorados del presidencialismo mexicano (nada que añorar), los mecanismos para quitar a gobernadores impopulares o caídos de la gracia del señor de Los Pinos, operaban con precisión de relojería. Bastaba una llamada del secretario de Gobernación para retirar a un gobernador. Pero ahora, la falta de mecanismos constitucionales para revocar un mandato, obliga al despliegue de movilizaciones sociales que portan enormes costos y riesgos.
Los grandes costos económicos y sociales del conflicto en Oaxaca deben servir, al menos, para generar, sin dilación ni excusas, las condiciones que permitan atender viejos y nuevos problemas.
La democracia mexicana avanza a pasos disparejos. La persistencia de feudos políticos, como el de Oaxaca, dependerá en gran medida de nuevas reglas y mecanismos institucionales y de la puesta en marcha de una reforma social que permita, a marchas forzadas, ir superando la pobreza extrema y el abandono que caracteriza a la mayoría de las comunidades del estado y otras entidades vecinas.
El autor es politólogo y director de Grupo Consultor Interdisciplinario.
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