Las reformas estructurales van encaminadas, en buena medida, a terminar de sacar al Estado del ámbito de la economía, para dejarlo como mero espectador, para permitir inversiones muy necesarias por parte de los particulares (reformas energéticas y eléctrica), flexibilizar las relaciones laborales a favor de los patrones, y aumentar la recaudación para crecer el gasto ‘social’ en pro de los más desfavorecidos.
En el primer ámbito, consideramos un resabio histórico, la prohibición de que el Estado sea el único responsable de la política y la economía energética. Un principio sano de la política social señala: “tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. ¿Es realmente necesario que el Estado sea el responsable de la política económica energética? Las cantidades que hacen falta en el sector energético no pueden venir de otro lado más que de los particulares, ya que el Estado no dispone de más recursos. Sin embargo, esta situación dista de ser el detonante para un crecimiento económico sostenido: generará empleos, sin duda, pero no en la magnitud que requiere el país. Con esta reforma, se esperan inversiones por 15,000 MDD en los próximos años.
De la reforma fiscal ya hablamos en una colaboración anterior. Se trata de buscar una mayor recaudación vía, sobre todo, impuestos indirectos y al consumo, para que el Estado disponga de más recursos para utilizarlos en redistribuir la riqueza y destinarlos al gasto social. No obstante, tampoco puede estimarse que con una mayor recaudación se incrementará el ingreso económico para la población. El dinero en manos del gobierno no garantiza una mejor asignación del gasto de los particulares. El gobierno necesita incrementar por lo menos 150,000 MDP su recaudación, para aumentar el ‘gasto social’, pero el decremento del precio del petróleo, y los necesarios gastos para el subsidio de la tortilla pueden hacer necesarias cantidades ingentes de dinero, que quién sabe de dónde los pretenda conseguir el presidente Felipe Calderón. Junto a la reforma fiscal, hace falta saber quién será ‘el aportante sorpresa’ fiscal.
La reforma educativa es quizá la más trascendente de todas. Tener gente educada es una garantía de desarrollo. La educación debe ir en línea con una mayor y mejor capacitación técnica, más que a la mera formación de profesionistas. España cuenta con un elevado número de profesionales, pero con tasas de desempleo que rondan 15%. Sin una educación para la capacitación, ésta no se traduce necesariamente en mayor productividad. Hace falta que el Gobierno aporte a la educación 8% del PIB, cifra aún lejana del presupuesto actual. Además, la influencia de la maestra Elba Esther Gordillo no deja mucho margen de maniobra a la secretaria Josefina Vázquez Mota, menos aún con el ‘yerno incómodo’.
Por último, queda la reforma laboral, tal vez la más polémica. La tendencia global gira en torno a una flexibilización de las relaciones laborales, para un supuesto incremento en la contratación. Pero de lo observado en otros países, entre ellos España, se deriva que en lugar de aumentar, los trabajos bien remunerados se convierten en empleos ‘basura’, con la consecuente disminución de prestaciones para la clase trabajadora. La reforma laboral española no detuvo cerca de 20% de su desempleo actual.
Del análisis somero de las reformas estructurales queda en duda si, a pesar de su conveniencia, éstas serán el motor que ‘jale’ a la economía del país hacia cifras de 7% de crecimiento anual. Esperamos que una visión menos ‘positiva’ hacia las mismas nos lleve a un mayor realismo, y a esperar crecimientos menos espectaculares, pero más realistas, y por ello, a final de cuentas, menores decepciones.
El autor es Doctor en Derecho de la Competencia y asociado en TMC Consulting
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