Cualquiera que haya visto a la Cenicienta llegar al baile de gala del príncipe hubiera afirmado que ella era una noble: no sólo su vestido era de princesa, sino todo lo demás, el carruaje, los sirvientes… En fin, era obvio que Cenicienta era una princesa por todos los costados, al menos hasta las 12 de la noche, cuando el carruaje se convirtió en calabaza y Cenicienta volvió a lavar pisos a la casa de su madrastra.
Toda proporción guardada, eso fue más o menos lo que le ocurrió a Fox en el combate al narcotráfico. De repente, el gobierno mexicano pareció ser un gobierno eficiente. Comenzó a hacer lo que ningún gobierno anterior había hecho: atrapó a los capos de las principales bandas, y eso le valió las felicitaciones del gobierno estadounidense y el asombro de buena parte de la opinión pública. De repente, el gobierno mexicano, plagado de policías corruptos, que eran incapaces de atrapar al tipo que vende droga afuera de una escuela secundaria, comenzó a arrestar a capos legendarios como los Arellano Félix. De pronto también, la vieja policía judicial federal se transformó en una Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que parecía sacada de los cuarteles de policía de Miami Vice. En pocas palabras, de golpe y porrazo Cenicienta se transformó en una princesa que deslumbró a propios y extraños.
Sin embargo, como en todo buen cuento infantil, las cosas no fueron tan fáciles y, pasada la euforia de las capturas espectaculares, vino la cruda realidad. Los capos atrapados comenzaron a operar desde el débil y corrupto sistema penitenciario, y uno de ellos incluso escapó de un penal de ‘alta seguridad’. Por si ello no fuera suficiente, los desequilibrios provocados por la captura de algunos de estos personajes desataron la peor guerra entre cárteles de la droga que se haya visto jamás en territorio nacional. De hecho, la gran eficiencia mostrada en la captura de los líderes de las organizaciones del narco, sólo sirvió para evidenciar la ineficiencia del resto del sistema de seguridad, del sistema judicial y de las prisiones del país. En otras palabras, la transformación de Cenicienta en princesa duró poco y sólo sirvió para evidenciar que, en efecto, Cenicienta seguía siendo Cenicienta.
¿Qué es lo que explica esta paradójica situación de combate al narco con consecuencias no deseadas? La razón es muy simple: una parte del gobierno funcionó bien, mientras el resto siguió haciéndolo tan mal como siempre.
La parte del gobierno que funcionó de manera eficiente fue un segmento de la AFI que se logró coordinar con el Ejército. Ello fue posible en buena medida porque el Procurador General de la República durante los primeros años del gobierno de Fox fue un militar. Eso facilitó la comunicación entre la PGR y el Ejército, lo que se reflejó en la captura de los capos de la droga a la que hemos hecho referencia.
No obstante, la capacidad mostrada en estas capturas no se presentó en el resto de la cadena de seguridad: policías estatales y locales, sistema judicial y sistema penitenciario. Por ello la guerra entre cárteles no ha podido ser controlada por el gobierno. Por eso el esfuerzo en atrapar al ‘Chapo’ Guzmán fue inútil, pues éste se escapó del penal de Puente Grande. En fin, que la eficiencia mostrada en detener narcotraficantes ha sido opacada por la ineficiencia en todo lo demás.
Frente a este panorama ¿qué tiene que hacer y, sobre todo, qué tiene que dejar de hacer el gobierno mexicano? Lo primero que debe no hacer es lanzarse a una guerra contra estas organizaciones sin estar preparado para manejar las consecuencias. En otras palabras, primero hay que prepararse bien y luego lanzar ataques contra el narcotráfico. Y eso significa tener mejores instituciones.
Ello implica reformar no sólo las policías federales sino también, sobre todo, reformar a las policías estatales y locales. Ése es, sin duda, el talón de Aquiles del sistema de seguridad en México. Con contadas excepciones, la mayoría de las policías estatales y municipales están mal preparadas y son corruptas. De hecho, son ineficientes para cualquier tarea que implique usar la fuerza, como hemos visto en el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, o en el conflicto de Atenco. Obviamente, a la hora de enfrentar el narco, parecen boy-scouts tratando de conquistar el Everest. Y si no se resuelve este problema, difícilmente se va a enfrentar la violencia del narcotráfico de manera eficaz.
La reforma, sin embargo, tiene que ir más lejos: debe abarcar también al sistema judicial, el cual todavía presenta algunos problemas de corrupción y serios problemas de eficiencia. En este sentido, moverse hacia un sistema de juicios orales no parece mala idea, como ya se ha dicho hasta el cansancio. La reforma también debe abarcar al sistema penitenciario pues, como hemos visto, esa parte de la cadena también funciona bastante mal. De hecho, a raíz de las capturas de algunos de los capos de la droga, la debilidad del sistema penitenciario se hizo evidente: algunos seguían operando desde cárceles de alta seguridad e incluso ordenaban ejecuciones desde adentro de los mismos, mientras otros se escapaban tranquilamente de las prisiones.
Por último, también hay que poner más énfasis en la prevención. Si bien es difícil acabar de la noche a la mañana con la pobreza, una de las causas subyacentes de la criminalidad, sí se puede poner más atención a los grupos sociales marginados que sirven de incubadora de delincuentes. Lo mismo hay que hacer con los que salen de prisión. La verdad es que no se hace mucho para readaptarlos a la sociedad en tanto que las prisiones sí hacen mucho para perfeccionar sus habilidades criminales.
Estas reformas sólo van a tener el efecto deseado si se realizan de manera simultánea y se sostienen en el mediano plazo. Esto es, una reforma de las policías, del sistema judicial y de las prisiones debe mantenerse por un plazo de 10 a 15 años para dar resultados. Ello implica no sólo un acuerdo en el Congreso para votar dicha reforma, sino un compromiso de mediano plazo entre las principales fuerzas políticas de que ésta se sostenga, independientemente de quién sea el Presidente.
Para ello, Felipe Calderón debe lograr un acuerdo político para este tema, y que trascienda su sexenio. También debe negociar con los gobernadores y los municipios para lograr una mejora sustancial de las policías estatales y municipales. Es obvio que ésta es una tarea complicada que va a requerir de mucha capacidad política. Y es claro que hay quienes estarían felices si Calderón no lograra este acuerdo ni ningún otro.
Sin embargo, si una reforma integral de la cadena de seguridad no se logra, quienes vamos a pagar el pato somos todos los mexicanos, incluidos los políticos que apuestan al fracaso del próximo Presidente. ¿Habrá pues sensatez en la clase política mexicana o seguiremos siendo un país con instituciones ‘cenicientas’? Ya veremos.
El autor es profesor-investigador de la división de Estudios Internacionales del CIDE.