Una de las ideas más repetidas en la prensa, después de la elección presidencial, es que el gobierno de Felipe Calderón tendrá que apropiarse de la agenda social que defendió López Obrador. A pesar de que la sugerencia ha ocupado mucho espacio en medios impresos y electrónicos, aún no se han ofrecido detalles de cómo transformar este rebase ideológico en políticas públicas viables. El desafío del próximo gobierno es promover la redistribución del ingreso y las oportunidades, sin darle al traste a la estabilidad financiera y al crecimiento económico.
En tiempos de campaña electoral, parte del trabajo de un candidato es ofrecer a sus seguidores el paraíso terrenal. El principal problema de apropiarse de la agenda de López Obrador es que el perredista hizo promesas imposibles de cumplir. La propuesta de la Coalición Por el Bien de Todos ofrecía ahorrar 5% del presupuesto federal, 100,000 millones de pesos al año, para invertirlo en gasto social. Su iniciativa de recortar a la mitad los salarios de la alta burocracia, de directores generales hasta el presidente, apenas ahorraría 3,000 millones de pesos. Con estas cifras aún le faltaría cumplir 97% restante de la promesa. El mensaje oculto detrás de esta demagogia de campaña es que el gobierno gasta mucho y gasta mal. La primera instrucción para rebasar por la izquierda es sacar las tijeras y administrar mejor los fondos públicos.
Si se hubiera distribuido todo el dinero del presupuesto federal del año 2000 entre cada uno de los 100 millones de mexicanos, a cada hombre, mujer y niño le hubiera tocado un cheque de 14,283 pesos (a precios actuales). Si se hubiera repetido el ejercicio con el presupuesto de 2006, el cheque hubiera crecido de forma sustantiva a 19,191 pesos per cápita (otra vez, a precios actuales). Entre 2000 y 2006, los aumentos en el precio del petróleo y una mejor recaudación fiscal significaron un incremento real de 34% en el gasto federal. Con esta ‘administración de la abundancia’ los gobernadores estatales y el gobierno federal no tuvieron ninguna urgencia para hacer más eficiente el uso del dinero público.
Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, afirmaba: “Un gobierno de izquierda debe generar las oportunidades para que cualquier niño pueda ser el próximo Bill Gates”. El gasto público en México está más orientado a preservar el statu quo que a crear las condiciones para que el hijo de un campesino invente el futuro Microsoft. El programa de apoyo al campo, Procampo, es un ejemplo de dinero mal invertido en dejar todo igual. De cada peso que se gasta en Procampo, 25 centavos se van a los bolsillos de los agricultores más ricos del país. El subsidio al consumo de electricidad y a las empresas que la generan es otra muestra de desperdicio presupuestal. Un hogar de clase media en el DF recibe cerca de 3,000 pesos anuales en subsidios por consumo de electricidad. Con el mismo dinero con que se disfrazan los precios de la luz en un condominio residencial se puede dotar de computadoras a una escuela primaria. ¿En qué invertirá el gobierno de Felipe Calderón, en tecnología para modernizar la educación o en abaratar la electricidad de un hogar privilegiado?
En el año 2006, el dinero público entregado a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro representó 8.9% del total del presupuesto federal. Este porcentaje es mayor que los fondos entregados a la SEP (6.8%) y al programa Oportunidades (1.7%), durante el mismo año. Si el gobierno no tuviera la responsabilidad de inyectar fondos a las empresas públicas de electricidad se podría duplicar el presupuesto de la Secretaría de Educación y de combate a la pobreza. López Obrador prometió en campaña aumentar los subsidios eléctricos, si Felipe Calderón quiere promover políticas a favor de los pobres, lo peor que puede hacer es hacerle caso a su antiguo adversario.
Sin embargo, en el empeño por transformarse en un gobierno de izquierda, el próximo presidente podría atender una de las propuestas de otro de sus contrincantes: Roberto Madrazo. Tener un pésimo candidato obligó al PRI a realizar un esfuerzo serio en sus planes de gobierno. Dentro de la vorágine mediática de la campaña quedó enterrada una iniciativa fiscal del candidato priista que merece atención y estudio. Madrazo propuso exentar del pago del impuesto sobre la renta (ISR) a quienes ganen entre 6,000 y 10,000 pesos. Esta iniciativa abriría un boquete en las finanzas públicas, equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud por un año. Una reforma fiscal para ampliar la clase media no tendría que ser idéntica a la propuesta del ex candidato priista. No obstante, la iniciativa es una de las pocas que buscan recortar impuestos a la población asalariada.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el 10% más rico de la población contribuye con 43% de la recaudación total por ISR. Se considera al décil más alto de ingreso, a los hogares que perciben un ingreso medio mensual de 22,500. Los trabajadores formales que tienen un ingreso medio entre 6,000 y 7,500 pesos recaudan cerca de 8.5% del total del ISR. Este rango de ingreso es más modesto que el propuesto por Roberto Madrazo, pero también es más viable. Aquí hay una oportunidad clara de realizar una reforma fiscal que sacrifique menos de 2% de la recaudación total en aras de ampliar la puerta de acceso a la clase media. Un recorte parcial a las transferencias al subsidio eléctrico y a Procampo taparía buena parte de este agujero en el cobro de impuestos. Esta propuesta es factible en términos presupuestales, pero es un sueño guajiro en el terreno de la política. ¿Quién tendrá las agallas de elevar el precio de la electricidad en el DF y cancelar los subsidios corporativos a los agricultores más ricos del país?
Uno de los grandes obstáculos que enfrentó el gobierno de Vicente Fox, y que heredará Felipe Calderón, es que más de 90% del presupuesto federal está comprometido en gastos ineludibles por salarios, pensiones y otras obligaciones legales. En este sexenio de vacas gordas hubo escaso margen de maniobra. Si los precios del petróleo llegaran a caer o una desaceleración económica afectara la recaudación fiscal, cualquier estrategia de aventajar por la izquierda tendrá que ser abandonada en aras de mantener la estabilidad financiera. Nada genera más pobreza que una crisis económica.
No hay política de recaudación o de gasto público que resuelva el problema de pobreza si no hay crecimiento. La aceleración sostenida del dinamismo económico es la única cura definitiva contra la pobreza. Si la economía crece de forma constante durante los próximos seis años, las consignas de campaña de Andrés Manuel quedarán en el olvido. El carril del crecimiento es la ruta más segura para rebasar por la izquierda.
El autor es investigador asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).