La clave para el bienestar

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Mauricio González

Es curioso cómo, a veces, tendemos a menospreciar aquellas cosas más provechosas o que más utilizamos. Tal es el caso de la infraestructura, que cumple la función primordial de servir de puente entre productores y consumidores, facilitando el acceso a los múltiples bienes y servicios que se intercambian en la economía.

La infraestructura es, asimismo, factor fundamental del desarrollo social. En su ausencia se padecen aislamiento y carencias de todo tipo. No es casualidad que las entidades más atrasadas de México observen rezagos considerables en uno o varios rubros como transporte, agua, drenaje, manejo de residuos sólidos, salud y otros servicios públicos, y como consecuencia, están atrapadas por el subdesarrollo.

La infraestructura es un andamiaje que abre mercados, reduce costos de producción y distribución, aumenta la oferta de satisfactores sociales, con frecuencia permite la difusión del conocimiento y la mejoría del medio ambiente, y en todos los casos eleva el bienestar y la calidad de vida de la población.

Internacionalmente se ha demostrado que la inversión en infraestructura conlleva mayor crecimiento económico y una productividad más elevada. Algunos estudios recientes del Banco Mundial para América Latina señalan que un aumento de 10% en la infraestructura de los países de esta región podría incrementar el crecimiento económico anual en 1.5%, lo que trasladado a México equivaldría a 130,000 millones adicionales al PIB.

Asimismo, la infraestructura es cada vez más importante para evitar la degradación ambiental de nuestro país y mejorar la salud de sus habitantes. Quien no haya reparado en esto debería visitar por lo menos una de cientos de colonias que carecen de drenaje sanitario y ver cómo los niños caminan a su escuela, o juegan, en medio de calles sin pavimentar, convertidas en lodazales provocados por aguas negras.

Valdría la pena enterarse de los problemas que causan miles y miles de toneladas de basura, en otras tantas comunidades, que terminan depositándose sin confinamiento alguno, envenenando el entorno. No son estampas agradables, ni tampoco únicas, y por desgracia se repiten incesantemente.

Si la inversión en infraestructura genera todos estos (y más) beneficios, ¿por qué los gobiernos, los intermediarios financieros o los mercados de capitales no canalizan mayores recursos hacia ella?

La escasez de recursos para obras de infraestructura enfrenta desafíos múltiples y complejos que tienen que ver con restricciones presupuestales; rendimientos financieros poco atractivos; distribución disfuncional de responsabilidades y debilidad institucional, entre otros. Desmadejar este lío no es tarea sencilla.

El gobierno federal y las empresas públicas son responsables de construir una buena parte de la infraestructura del país. Para financiar esto se requiere recolectar impuestos o endeudarse. La falta de una reforma hacendaria ha limitado los ingresos tributarios y, por otra parte, la estabilización económica cerró el paso al endeudamiento público.

La primera víctima de los raquíticos ingresos propios del gobierno, de los recortes del gasto público y del tope al endeudamiento ha sido la inversión pública, que en más de una década no recuperó su participación en el PIB previa a 1995.

Uno de los objetivos primordiales de las reformas tributarias, que varias veces se han quedado en el tintero, no es engordar el erario per se, sino invertir más en infraestructura y reducir paulatinamente los rezagos. Sin reforma fiscal, la inversión en infraestructura continuará exigua.

Algunas voces, entre ellas la de Carlos Slim, han sugerido separar el rubro de inversión de las cuentas gubernamentales, lo que facilitaría su financiamiento por la vía del endeudamiento público. Sin embargo, esto presupone que toda infraestructura es económicamente rentable, lo que no necesariamente ocurre en la realidad.

En algunos sectores donde funcionan bien los mercados de servicios asociados a la infraestructura, por ejemplo, telecomunicaciones, energía y transporte, la inversión y el financiamiento fluyen con cierta facilidad. En rubros como agua, basura, pavimentación y otros, donde los gobiernos federal o locales son los responsables de edificarla, proveer los servicios y la norma es no recuperar íntegramente los costos de capital y operación, la rentabilidad de las obras es nula o negativa, lo que repele el financiamiento bancario, la emisión de bonos o las coinversiones con la iniciativa privada.

Todo esfuerzo para mejorar los rendimientos financieros de la infraestructura propicia que se invierta más en ella, sin embargo debe subrayarse que el rendimiento social de numerosos proyectos (la diferencia entre beneficios y costos económicos y sociales) es positivo, aunque no necesariamente sea buen negocio pecuniario y, a pesar de ello, los tres niveles de gobiernos carecen de esquemas eficaces para apoyarlos.

Para muestra basta señalar que la cartera de crédito de Banobras descendió más de 40% en términos reales en nueve años. Esto refleja que buena parte de las obras de estados y municipios no son sujetas de crédito a tasas de mercado y que los esquemas de subsidio (que se justifican plenamente cuando los beneficios sociales netos son positivos) son disfuncionales.

La banca de desarrollo asociada a las obras públicas ha perdido su vocación desde hace varios años y las autoridades financieras no la han ayudado a recuperar el rumbo. A veces ‘los justos pagan por los pecadores’ y en este caso los paganos han sido los ciudadanos, cuyas tareas cotidianas siguen siendo arduas por la falta de infraestructura apropiada.

En infraestructura no todo son finanzas. Desde hace varios años, el gobierno federal descentralizó algunas de sus funciones hacia los estados y municipios, esto es, agua, alcantarillado, transporte, residuos sólidos, alumbrado y caminos interurbanos. Pero esas responsabilidades no se acompañaron de los recursos, ni del capital humano para planear, ejecutar y administrar proyectos de infraestructura eficientemente.

La corta gestión de los presidentes municipales y la falta de personal directivo experimentado constituyen una enorme barrera para dar continuidad a proyectos cuya naturaleza es de largo plazo. México requiere con urgencia una reforma municipal que separe las funciones políticas de las administrativas. Tristemente no se observa institución o persona dispuesta a encabezar un movimiento de este tipo.

El nuevo gobierno ofreció una economía con rostro humano. Nada como la inversión en infraestructura para lograrlo, si se está dispuesto a darle la atención que demanda.

El autor fue director de Grupo Economistas y Asociados.
Comentarios a: mauricio.gonzalez@expansion.com.mx

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