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Un modelo mixto

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lun 05 febrero 2007 12:00 AM

Hay coincidencia en que la hoy estable economía mexicana requiere de reformas estructurales para terminar de consolidarse y dar el siguiente paso hacia la modernización. Es un momento decisivo: o sigue como hasta ahora, con un manejo disciplinado pero con crecimiento moderado (que podría generar un eventual estancamiento y con la espada de Damocles siempre pendiendo sobre su cabeza), o se llevan a cabo las reformas necesarias, capaces de generar el crecimiento y desarrollo que la población requiere.

Entre esas reformas estructurales, sin duda una de las más importantes es la del sector energético, el único capaz de generar un efecto multiplicador para catapultar la economía mexicana. Hay que modernizar el sector y asegurar inversiones (tanto públicas como privadas) en infraestructura y producción, además de otorgarles a las empresas públicas autonomía de gestión. Sin embargo, en México, la política energética no se reduce a la mera generación de energía eléctrica y la explotación de hidrocarburos, sino que se trata de un tema sensible en el imaginario colectivo, con todo un significado, históricamente alimentado, que la relaciona con sentimientos de soberanía e identidad nacional. A ello, se suma una evidente polarización social que podría afectar la capacidad del gobierno para construir consensos en torno a una política energética sustentable.

Expansión habló con el diputado David Maldonado González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, uno de los actores políticos que estarán rigiendo el destino del sector durante los siguientes años. Él no es el típico político. Es un exitoso empresario inmobiliario, ingeniero mecánico electricista, y con amplia experiencia en el gobierno local de Baja California (donde llegó a ser secretario particular del gobernador). Es su primera vez en el Congreso, al cual llegó como diputado plurinominal por el PAN. Si bien llama la atención que el presidente de la Comisión de Energía sea un principiante legislador con escasa experiencia formal en el sector, las razones de su designación habría que buscarlas precisamente en ese consenso que se requiere para sacar las iniciativas adelante y en la polarización política que se cierne sobre el Legislativo mexicano y que podría dar al traste con ellas.

Hijo de un sastre de Mexicali, el diputado de 39 años de edad es un hombre hecho a pulso, de carácter afable y jovial, acostumbrado a negociar y a construir acuerdos.

¿Por qué usted, un legislador con poca experiencia, preside una comisión tan importante como la de Energía?
Porque es donde más puedo aportar y donde más se me necesita. El perfil personal: por un lado la formación académica, soy ingeniero electricista, pero sobre todo, mi experiencia como negociador. Soy un negociador nato, me gusta la negociación, realmente lo disfruto y eso es lo que más se necesita en este caso. Creo que eso fue lo que se tuvo en cuenta, además de lo que puedo aportar a la Comisión como un legislador diferente, un norteño, un hombre de frontera, con otra visión y otra idiosincrasia, que ha sido un empresario exitoso…

Porque lo que se requiere para presidir la Comisión no es un técnico que sea experto en todos los temas, sino un político que los conoce a la perfección y sabe cómo negociar para sacarlos adelante.

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¿Cómo planea la Comisión contribuir a hacer al sector energético mexicano más competitivo?
Las fórmulas más exitosas, hoy por hoy, son modelos combinados, donde el país no pierde la rectoría del sector energético pero deja que entidades privadas puedan participar. Y eso se traduce en una derrama económica que el gobierno no podría hacer por sí solo. De esa manera, se generan utilidades, riqueza, puestos de empleo; se promueve, en suma, el desarrollo.

¿Usted se refiere a darle participación a capitales privados en las empresas públicas del sector: Pemex, Compañía Federal de Electricidad (CFE), Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC)…?
Claro, Pemex, CFE, Luz y Fuerza…

¿Cómo impulsará este objetivo?
Construyendo los consensos necesarios. No hay otra forma. Aquí somos ocho grupos parlamentarios, ocho fuerzas políticas, ocho formas de pensar diferentes, pero todos queremos lo mismo, que es lo mejor para el país, y esto lo digo con convicción. Entonces, tenemos que ver primero en qué estamos de acuerdo y vamos sacando esos temas, pero rápido; y en los que no estamos de acuerdo, vamos dejándolos a un lado pero trabajando para construir las mayorías necesarias a fin de sacarlos también adelante. Aquí no se trata de que todo salga por unanimidad.

¿Cuáles son los temas centrales de la agenda de la Comisión a su cargo?
En hidrocarburos, en primer lugar, modificar el régimen fiscal de Pemex, darle prácticas de gobierno eficientes y la integración vertical de la empresa y sus subsidiarias. En el mediano plazo, otorgarle a Pemex autonomía presupuestal y de gestión, alianzas estratégicas para la explotación, concesiones a privados para explotación; y apertura, también, a la inversión privada para exploración y explotación de gas natural no asociado. En cuanto a electricidad, los temas centrales son reformar el régimen fiscal de CFE, fortalecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y crear fuentes renovables de energía y bioenergéticos. Ya en el mediano plazo, contemplamos prácticas de gobierno corporativo tanto para CFE como para la LFC.

Es una agenda ambiciosa…
Sin duda, pero, como le digo, poco a poco iremos construyendo los acuerdos necesarios para sacarla adelante.

¿Qué tan viables son esos acuerdos?
Hay coincidencias importantes.

¿En qué temas?
Todos estamos de acuerdo en que debemos darle autonomía de gestión y autonomía presupuestal a Pemex y a CFE.

¿Todas las fuerzas políticas?
Absolutamente todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión estamos de acuerdo en darle autonomía a ambas empresas. Por lo menos en el fondo coincidimos. Podremos tener algunas diferencias en cómo llegar a eso, y es ahí donde de repente nos entrampamos en un punto o una coma; pero en lo fundamental estamos todos de acuerdo, que es autonomía de gestión, reforma fiscal y adecuación del consejo de administración con gente idónea. Me refiero a un cambio en la estructura interna del consejo de administración, introduciendo también prácticas de gobierno corporativo, reguladores externos, sistemas de auditoría interna y mecanismos de vigilancia.

Estas empresas dependen hoy básicamente de la Secretaría de Hacienda, incluso más que de la de Energía, ¿Cómo se pueden convertir en verdaderas empresas autónomas de propiedad pública?
En eso también estamos todos de acuerdo. Queremos sacarlas debajo de la tutela de la Secretaría de Hacienda. Justamente, de eso se trata la autonomía de gestión, para que no sea Hacienda la que determine los costos, los programas, si hay o no hay, y ese régimen fiscal tan desbalanceado, pues 60% de lo que recauda Pemex se va a Hacienda. Es demasiado, es algo que no sucede con ninguna paraestatal en el mundo. Entonces, la idea es que el lugar de la toma de decisiones sea el consejo, y no que Hacienda tenga la última palabra. No hay que convencer a nadie sobre los ‘qué’, en eso estamos todos de acuerdo. Sólo tenemos que ver de qué manera trabajamos los ‘cómo’.

Otro reto importante es mantener la producción petrolera en los niveles actuales. ¿Cómo se puede lograr esto?
Vemos con preocupación el decrecimiento de la producción petrolera. Pero más allá de Cantarell, que es el principal abastecedor y naturalmente nos preocupa, también nos preocupa nuestra falta de almacenamiento del producto.

¿Cómo garantizar la investigación tecnológica necesaria para que México no se estanque frente a esos otros productores del mundo que usted menciona?
Éste es un punto central en la agenda. En la actualidad, ya hay empresas internacionales que se dedican a la exploración petrolera vía satélite, y dan una seguridad de 99% sobre el diagnóstico. Es hora de empezar a ver esas empresas; por supuesto que con las garantías y seguros del caso. No sólo debemos impulsar la investigación tecnológica en la exploración, sino en la refinación, la petroquímica y todos los aspectos relacionados con nuestra producción energética.

¿De qué manera puede la Comisión contribuir a la competitividad de los precios y la calidad de los servicios de insumos energéticos?
Nos hemos trazado una doble estrategia: primero, introducir reformas al interior de las empresas públicas –autonomía de gestión, presupuestal y otras–; luego, crear un mercado competitivo en el que participen empresas públicas y privadas, como sucede en cualquier país del mundo. Lo primero reduciría los costos operativos y ello se traduciría en precios más bajos para los consumidores. Y en el caso de la apertura a la competencia, generaría aún mayores incentivos para reducir costos al máximo y mejorar la calidad de los productos. En materia de hidrocarburos, por ejemplo, contemplamos ampliar la oferta de gas natural para reducir el precio regional, otorgar concesiones para su exploración, facilitar la importación de gas natural licuado a menor precio y otras.

En materia de electricidad, ¿cuál es la agenda?
Fortalecer la CRE para que sea ésta, y no Hacienda, la que establezca las tarifas eléctricas; revisar el esquema de subsidios a las tarifas y construir un mercado de generación eléctrica competitivo que permita a los consumidores abastecerse del proveedor que ofrezca los mejores precios.

¿Cómo se puede establecer una verdadera orientación de Estado para la sustentabilidad energética, la protección ambiental y la racionalización de la demanda?
La política energética nacional señala el desarrollo de fuentes renovables de energía que sean ecológicamente sustentables, a fin de alcanzar metas como la diversificación de la oferta de combustibles, el abasto de energía, reducir el consumo de combustibles contaminantes y producir otros más limpios con menor impacto ambiental. Y para alcanzar esas metas, la Comisión impulsará dos medidas fundamentales: La Ley para el Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía, dirigida principalmente a la generación de energía eléctrica; y la Ley para la Producción de Bioenergéticos, que promueve la producción de etanol y biodiesel a partir de productos agrícolas, para la mezcla y oxigenación de las gasolinas producidas por Pemex.

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