Contra la corriente

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Anna Fifield / Financial Times

Fue, vio, venció… y regresó a alzar la voz. Así resume su carrera Dolores González, una empresaria aduanera de Laredo, Texas, que no conforme con saborear las mieles del éxito, se ha convertido en la mayor activista de los hombres y mujeres de negocios mexicanos afincados en Estados Unidos. Desde su tribuna en el Congreso, esta hija de un bracero zacatecano, empuja una agenda empresarial binacional como secretaria de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura.

La principal tarea de la diputada González, del Grupo Parlamentario del PAN, es promover iniciativas de trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos, elevar a nivel federal los programas de inversión de migrantes, fomentar la competitividad en el intercambio comercial transfronterizo y la inclusión política de los mexicanos en EU en su propio país. Pero como ella dice, su verdadera misión es abrir el cauce para más negocios de los paisanos en México.

Es una tarea colosal que la directora de Usamex, una firma aduanera que factura 30 MDD al año, aborda con entusiasmo. "La mayoría de los empresarios mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos tiene la ilusión de invertir en su país. Tienen potencial para crecer y hacer crecer a otros, únicamente falta mejorar algunas condiciones para lograrlo", considera González.

No está sola. Esta agenda le interesa a grupos que promueven los negocios binacionales como la Coalición de Mexicanos en el Exterior, el Comité de Validación de Proyectos Migrantes (Covam), cientos de federaciones y clubes de migrantes, la Asociación de Pequeñas Empresas de EU (SMB) y la Cámara de Comercio Hispana de EU (USHCC).

Se trata de un lobby poderoso. La inversión de empresarios paisanos en México es de 5,000 MDD, según Bancomext, que calcula que al menos 5% de los 101,400 MDD de inversión estadounidense acumulada en los últimos 10 años, se origina en ese sector demográfico. Además, compran 12,000 MDD de bienes importados desde México.

Escritorio que estorba
Michael Barrera, presidente de la USHCC, que representa a casi 2,000 compañías hispanas, comenta que el primer obstáculo para invertir en México es la poca información sobre cómo hacer negocios, tanto para propios como para extraños. En EU, dice, no hay semana sin que las cámaras de comercio realicen convenciones para expandir el ambiente de negocios en ese país. Barrera sabe de qué habla. En 2001 el presidente George W. Bush lo nombró ombudsman para las pequeñas empresas. "Debemos entrenarnos en ambos países porque existen dos marcos legales y dos culturas para hacer negocios", afirma este abogado corporativo de Kansas. "Lo mejor que puede hacer el gobierno mexicano es crear condiciones para acercar a empresarios de los dos lados".

Una vía, dice, sería desarrollar aquí algo similar al programa estadounidense Mentor-Protegido, impulsado a mediados de los 90 por la SMB para entrenar a pequeñas empresas para ganar y aprovechar contrataciones federales y subcontratos que obtienen de compañías más grandes como resultado de asociaciones públicas y privadas. El programa Mentor-Protegido benefició a los hispanos. En 1998 crearon más de 6,000 empresas que obtuvieron contratos por 6,000 MDD. Desde entonces el número de empresas de hispanos aumentó 82% para ser el segmento de la población estadounidense de más rápido crecimiento en los negocios.

"Hay opciones, pero México es nuestra patria y queremos invertir. Esto se lo dijimos al presidente Felipe Calderón", cuenta Barrera, minutos antes de asistir a un almuerzo en Los Pinos, hace unas semanas.

"Los migrantes somos necios y estamos acostumbrados a empezar de cero en cualquier área", dice la diputada González, que divide su tiempo entre su empresa en Texas, su residencia en Zacatecas y sus deberes legislativos en el DF. Por sus múltiples logros, ella representa el sueño del mexicano en Estados Unidos… y va por su agenda.

Trabajo temporal
Los 14 restaurantes de Salvador Guzmán, originario de Degollado, Jalisco, facturan cada año 12 MDD anuales en Tennessee, pero se quedan sin personal cada vez que la ‘migra’ arremete. "Los empleados desaparecen y no hay quien quiera trabajar de limpialozas, meseros, cocineros...", relata Guzmán, un hombre de cabello entrecano y andar sereno que plasma su éxito con su cadena de restaurantes, una radiodifusora en Atlanta y una cadena de supermercados. Guzmán quiere terminar con el infortunio de quedarse intermitentemente con decenas de vacantes y apuesta a las contrataciones temporales entre México y EU que prometió Bush a mediados de 2006.

En Canadá, este tipo de convenios ha sido exitoso. Desde 1974 se ofrecen trabajos eventuales en el campo a campesinos mexicanos. Un primer convenio resultó en la visita de 203 trabajadores, pero la demanda de mano de obra resultó en 11,720 personas en 2005.

En EU, el empleo temporal está limitado por el número de permisos que otorga el gobierno: alrededor de 70,000 visas anuales que requieren una certificación de obra por parte del empleador en el Departamento de Trabajo. Según Barrera, de la USHCC, este trámite lo podrían asumir sin problemas las compañías hispanas para cubrir la mano de obra que demanda su crecimiento exponencial. Y es que una de cada 10 pequeñas empresas nuevas las crean hispanos.

Guzmán dice que está dispuesto a garantizar empleo a trabajadores temporales mexicanos que además capacitaría para que en un futuro emprendan negocios en México. Este empresario, que contrata a artesanos de Guanajuato para decorar sus restaurantes, es producto de un esquema de trabajo temporal. Sus vacaciones de adolescencia consistían en visitar a su padre que había emigrado en los años 60 a California como recolector de frutas y legumbres. Ahí se empleaba por unos días y regresaba a Jalisco para continuar sus estudios de veterinaria hasta que, al concluirlos, emigró.

"Aprendí a hacer negocios en Tennessee a los 29 años. Mi jefe era cinco años menor que yo y era dueño de un restaurante con capacidad para 1,500 personas. Yo quería ser como él", relata. "¿Por qué no hacer cadenas productivas entre los que se van y los que quedan y los que quieren volver con los bolsillos llenos?", dice.

Programas atractivos
Peter Granillo, presidente y CEO de Brown and White, una empresa fundada en 1981, domina el campo de la construcción en Tucson, Arizona, y desde hace tres años en Nogales, Sonora, su tierra natal, donde ha construido 36 unidades habitacionales con una inversión de 2 MDD.

Sin embargo, su crecimiento en México se topa con los altos costos para la importación del material: paga hasta 33% de aranceles. Además, Sonora no forma parte de ningún programa que atraiga el capital de los empresarios migrantes como el ‘3X1’ de Zacatecas, Jalisco e Hidalgo. Ahí, cada dólar que aportan los paisanos se suma a uno del gobierno estatal y otro de la Federación.

"Queremos que se federalicen estos programas, que en todo el país haya oportunidades de capitalización para los migrantes", comenta Granillo, miembro de la junta asesora de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson y del Grupo Especial del Comité de Déficit Material del Gobernador de Arizona, pero sobre todo firme defensor de los pequeños negocios. "No es mala apuesta invertir en los migrantes", sentencia. "Pero en Sonora y otros estados aún no les importa".

Competitividad
Luis Almeida vendió en 2002 su empresa InfoAccess, que impulsó por años los servicios de internet en México. Uno de sus clientes fue el ahora extinto portal To2, popular durante el auge de la red a fines de los 90. Dos años después inició, con una inversión de 900,000 dólares, una empresa de distribución de alimentos mexicanos con marca propia en Estados Unidos: Campo Mío. Ahora factura casi 5 MDD anuales como dueño de Súper Bodega Doña Lupe, con base en Chicago. Pero Almeida, economista egresado del ITAM, cree que sus ingresos podrían dispararse hasta en 100% si bajaran los precios del transporte en México, que absorbe hasta 25% de sus ganancias.

"El tema del transporte le resta competitividad al país. Cuesta lo mismo enviar productos desde la Ciudad de México a Illinois que desde China", apunta Almeida, que cada mes mueve a Estados Unidos 42 tráileres con 170 toneladas de su mercancía.

Hugo Martínez, diputado de la Comisión de Comunicación en la Cámara baja, señala que la actual legislatura planea revisar las concesiones y costos de la red carretera del país porque el precio del peaje incide en los precios de transportación que fijan las más de 100,000 empresas de carga en México.

Otro factor que dispara los precios es la centralización de los servicios. Es el caso del ferrocarril. La ruta más corta y directa hacia EU, dirigida por Transportación Ferroviaria Mexicana desde 1997, parte de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Saltillo, Guadalajara y conecta con los puertos de Tampico y Veracruz, así como las fronteras de Nuevo Laredo y Matamoros. Sin embargo sus servicios no alcanzan al sur y oriente del país.

Esto es un problema para empresarios como Almeida, quien compra cosechas a campesinos de Guerrero, Oaxaca y Puebla para procesarlas en plantas del Valle de México, y de ahí las embarca a EU. Los productores que lo abastecen aún no cuentan con la infraestructura de la agroindustria que les permitiría dar un valor agregado a las cosechas. Según Almeida, la falta de plantas almacenadoras, equipo frigorífico y maquinaria especializada vuelve más lento el proceso, aun cuando algunos pequeños ejidatarios se han beneficiado con programas federales como el Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (Fomagro), que aporta 50% del costo del proyecto. "Son caminos limitados", concluye con resignación el empresario.

Otros senderos de la competitividad también están bloqueados por la burocracia. Peter Granillo, el empresario de la construcción que vino desde Tucson a ampliar su negocio en Sonora, obtuvo el permiso para edificar las viviendas un año y medio después de iniciar los trámites. Para importar material necesita dos meses por el papeleo de aduana. "En Estados Unidos todo lo hago en un día", sentencia.

México ya ha hecho sus esfuerzos por modernizar las aduanas. Cerca de 500 compañías están inscritas en el programa de Empresa Certificada que autoriza el uso de carriles rápidos para la importación, despacho a domicilio en exportación, horarios extraordinarios, simplificación de trámites e inscripción expedita en padrones sectoriales, así como servicios aduanales exclusivos.

No obstante, el trámite de certificación solicita a las compañías prueba de su propia existencia legal y estándares de control, información de capacidad productiva y visitas de inspección a la planta y bodega. Este papeleo, en conjunto, puede durar más de seis meses. Adriana Rodríguez, presidenta de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, dice que se trabaja una iniciativa de ley que podría obligar a todas las aduanas a agilizar los trámites para los negocios y a pasar de la burocracia a estándares de competitividad mundial. Ella lo arroja como un reto que habrá de enfrentar la nueva administración.

Inclusión política
Rafael Sánchez, presidente de dos compañías de asesoría financiera que facturan 12 MDD anuales y proveen software en México y Estados Unidos, hizo tres viajes desde Sacramento, California, a Tijuana para poder obtener su credencial de elector mexicana que sólo se expide en territorio nacional.

"A veces siento que nos tratan como mexicanos de segunda, ¿porqué no nos dejan sacar la credencial del IFE a través de los consulados? Muchos mexicanos no tienen papeles para regresar a allá", señala Sánchez, quien emigró en el vientre de su madre, una indígena purépecha, que cruzó la frontera con ocho meses de embarazo.

Algunos integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso mexicano, como José Jaques Medina, consideran que las elecciones de 2006 para elegir a presidente fueron una burla para los mexicanos en el exterior porque sólo una fracción de ellos pudo obtener el documento para votar.

Sin embargo, la emisión de la credencial desde los consulados también hubiera sido insuficiente, ya que sólo existen 18 representaciones. Un número que también ha limitado la emisión del Certificado de Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS), un documento de identidad que permite a los migrantes mexicanos realizar trámites públicos y que es aceptada en algunas dependencias de 33 estados y 408 instituciones bancarias.

Hasta agosto de 2006, la red consular de México ha expedido sólo 5.7 millones de certificados entre los más de 20 millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense. "Son cifras frustrantes", afirma la diputada Dolores González, ante el desconsuelo de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos que buscan tener una participación más activa en la política como legisladores, presidentes municipales y hasta gobernadores. Y añade con malicia: "Si de verdad nos quieren, deberían de incluirnos en todo, no sólo en las estadísticas de remesas".

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