La torre blanca de más de 50 metros surge entre el verde paisaje que abruma la mirada en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. No es un minarete ni campanario, no es ni siquiera una chimenea. Quienes la ven no imaginan que desde lo alto de esa torre se lanzan millones de gotas de plomo fundido que, al impacto con el agua de una tina de enfriamiento, forman pequeñas esferas perfectas. Éste es uno de los primeros pasos para elaborar balas. La torre se levanta en un extremo de la planta de Industrias Tecnos, una de los mayores fabricantes globales de municiones, dueña de las marcas Águila Ammo y Golden Eagle, dos iconos del mundo de la caza deportiva.
Ese negocio es muy grande. Simplemente el mercado de las municiones en México es de más de 800 millones de pesos al año. En México hay miles de tiradores y cazadores que consumen millones de cartuchos anualmente. Además de ser un atractivo destino cinegético, en el país se fabrica armamento y es el segundo exportador de municiones a Estados Unidos. Un cartucho puede valer entre 5 pesos y casi 60,000 dólares. Todo depende de quién sea el tirador y a qué le tire. El policía, que practica cada semana representa el gasto mínimo. Un cazador de borrego cimarrón ha pagado, en una casa de subastas de Las Vegas, 59,000 dólares por el derecho de tirarle a un especimen en un área de caza controlada, en un ejido de Sonora.
Estos tiradores conforman un vasto mercado que está en la mira de fabricantes como Cascade Cartridge International (CCI), que tiene su planta en San Luis Potosí, y Tecnos. Esta última ya tiene historia, desde que inició operaciones en la década de los 60. Según Javier Lizalde, su actual director general, la planta la fundó la legendaria firma Remington en una época en que los cazadores y tiradores importaban sus municiones o utilizaban las nacionales fabricadas de manera precaria. “Remington trajo tecnología y capacitó al personal, lo que permitió producir una munición de alta calidad a precios competitivos”, dice Lizalde. La firma también tuvo como socio a la química Dupont pero, en los 90, Tecnos quedó en manos de inversionistas mexicanos.
De acuerdo con Lizalde, la venta de municiones se divide en tres grandes grupos: a los agricultores, que utilizan balas de pequeño calibre para sacrificar ganado y combatir plagas (ratones o tuzas) que atacan los sembradíos; los tiradores deportivos y cazadores, y los cuerpos militares y de seguridad. Aunque la industria militar fabrica buena parte de las municiones que consumen la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, también hace compras a productores privados. Tecnos es la planta más integrada en materia de insumos, ya que sólo importa algunos químicos y pólvora, que no se fabrica en México.
Duro régimen
El régimen comercial de este negocio no es sencillo. Los fabricantes no pueden vender directamente al consumidor y las balas y cartuchos se ofrecen a través de una red de distribuidores, también supervisados. Como si se tratara de medicinas controladas, los clientes tienen que tener un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para comprar municiones, en cantidades limitadas: 1,000 cartuchos para escopeta o 500 balas de calibre .22. Cada año la planta de Tecnos es certificada por Sedena, que verifica volúmenes, envíos y devoluciones.
En Estados Unidos, las balas Águila se venden sin más restricciones que las de autoridades estatales y de los condados. “Nuestra marca está bien posicionada en ese mercado y es de una calidad y precio competitivos. Hacemos un buen papel y hemos patrocinado certámenes y ferias internacionales”, comenta Lizalde. Tecnos también exporta a todo Centro y Sudamérica, excepto Brasil y Colombia. Aunque no puede revelar el volumen y valor de su producción, reconoce que Tecnos tiene 400 empleados y trabaja tres turnos, con maquinaria automatizada y un sistema de calidad. Lizalde dice que si se corrigieran algunas fugas en el mercado y se pudiera erradicar el contrabando de armas y municiones, esta industria tendría un gran potencial de crecimiento. Policías, militares, deportistas y cazadores deberían practicar dos o tres veces por semana en campos de tiro, para mantenerse en forma y mejorar la técnica y la puntería. Aunque no todos lo hacen, un tirador debiera gastarse entre 50 y 100 cartuchos a la semana.
Los militares y los deportistas realizan un consumo permanente, pero en muchas corporaciones policiales se tira menos de lo necesario, casi siempre por razones económicas y de logística. A los municipios les gusta lucir patrullas, radios, incluso uniformes, pero en materia de condición física y, sobre todo, uso de armas, se hacen muy pocos esfuerzos. Datos extraoficiales indican que en el sector privado se fabrican entre 300 y 400 millones de balas y cartuchos por año, con un valor superior a los 800 millones de pesos. Esto no considera el mercado informal y el contrabando que provee parque a quienes no tienen sus armas registradas, y que por lo tanto no pueden comprar municiones de manera legal.
Más que caza
No sorprende que en los estados haya cierta familiaridad con las armas de fuego. México es un país donde antaño, y aun ahora, con ellas se cazan roedores, se limpian honras ‘manchadas’ y se garantiza la propiedad de las haciendas. No es casualidad que el traje de charro esté rematado, aunque ahora sea decorativo, con un revólver al cinto. Aquellas tradiciones se convirtieron en prácticas más o menos sancionadas por clubes y organizaciones deportivas y de cacería. Pero también hay un ejército profesional y numerosos cuerpos policíacos y de seguridad, es decir, miles de personas que, en mayor o menor medida, son usuarios de las armas y practicantes frecuentes del tiro.
Esto explica la existencia de una sólida industria que fabrica lo mismo armas para niños y jóvenes, ametralladoras, fusiles de asalto y todo tipo de balas y cartuchos, desde .22 hasta 9 milímetros y de mayor calibre. Durante los últimos 40 años, la industria militar fabricó para su uso morteros y cañones ligeros, armas cortas y fusiles ligeros como el FAL. Las cosas cambiaron mucho cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez, temiendo brotes de violencia, determinó el cierre definitivo de todas las armerías y estableció un régimen de restricciones que incluye la posesión, portación y hasta el coleccionismo. Hasta que en 2005 hubo un cambio Constitucional relativo a las armas, que permitió que cada mexicano tenga una en casa para defensa personal.
El Registro Federal de Armas (a cargo de la Sedena), en 2003 tenía registro de casi 4.5 millones de esos artefactos. Ésa es la última cifra consolidada. “Aún considerando que no haya sufrido incrementos o modificaciones para 2005, y que sólo exista una por hogar, 17.68% de los hogares en promedio cuentan con un arma”, asegura Magda Coss Nogueda, del Centro Mexicano de Análisis y Negociación, en un reporte para Oxfam, una organización no gubernamental.
Para quienes quieren adquirir una pistola o una carabina de manera legal y llevarla de viaje o a torneos deportivos, Sedena tiene una tienda abierta al público en el Distrito Federal, con un discreto surtido de piezas largas y cortas de diferentes calibres y precios.
Militares, deportistas y simples aficionados pueden verlas y adquirirlas si cumplen con los requisitos y el papeleo. Lo único que se vende libremente, en supermercados y tiendas de campismo, son pistolas y rifles de aire comprimido y calibres de 4.5 y 5.5 milímetros, que disparan diábolos y salvas.
Sobrerregulación
Héctor Guerra, experto en la legislación y régimen sobre fabricación y transferencia de armas y quien preside el Capítulo Mexicano de Amnistía Internacional, dice que en el país sólo hay 14 empresas con licencia para fabricar, reparar o comercializar armas de fuego y parque. En armas las más conocidas son Productos Mendoza e Industrias Cabañas, y en municiones, CCI e Industrias Tecnos.
Solicitados para este reportaje, los directivos de Mendoza declinaron hacer declaraciones, pero en su página web se pueden ver sus productos. Muy pocas personas están interesadas en platicar sobre este tema, porque el crimen y los abusos han confundido los intereses legítimos de la seguridad, el deporte y protección. Al igual que el alcohol y el tabaco, este sector está sujeto a estrictas regulaciones y restricciones. Los fabricantes mexicanos no se anuncian ni pueden presumir sus éxitos, como si tuvieran la culpa del mal uso que se le da a las armas (la mayoría de las que se utilizan para el crimen son robadas o ingresadas al país de contrabando).
Desde su fundación en 1911, Productos Mendoza fabricó armas cortas, largas y automáticas, y desde 1999 fabrica millares de subametralladoras HM 3S de 9MM para corporaciones (la mitad se exporta a EU y otros países). No es posible saber en qué volúmenes y por qué valor, datos que sólo conoce la Sedena como agente de la ley para autorizar y dar seguimiento a todas las operaciones, incluso exportaciones, que involucren armas, parque y explosivos.
Con todo (mercado, clientela, tecnología y experiencia), no hay muchas posibilidades de que México crezca a la altura de Brasil, que incluso posee una industria aérea con enfoque militar. Ya que como negocio, las armas todavía son vistas como un invento maligno.
Según Guerra, el régimen diseñado para evitar la venta y posesión generalizada de armas de fuego ha funcionado bien en lo general, pero no impide la entrada de grandes volúmenes de armas de contrabando introducidas en pequeña y gran escala, por el norte y por el sur. “La disponibilidad de armas en la población general es un factor definitorio en las estadísticas de criminalidad y violencia familiar, sobre todo contra grupos vulnerables como las mujeres. De la misma manera, las armas que hay en México también pueden ser exportadas y ser utilizadas por organizaciones criminales o en violación de los derechos humanos en el extranjero”, dice Guerra.
Para él se trata de un tema sensible porque México, signatario de tratados internacionales, tiene que proteger derechos humanos y leyes sanitarias, lo que significa que debe asegurarse de que todas las armas sean destinadas a usos legítimos. Podrían pasar años hasta que la fabricación y comercialización de armas adquiera una estructura más convencional, como en Argentina o España, donde se pueden comprar armas en armerías, cumpliendo requisitos razonables.
Difícil blanco
Las restricciones para la comercialización y manejo de armas también son un problema para los tiradores y aficionados. Para enterarse de estas complejas situaciones basta navegar por el sitio web En la Mira, asociación civil liderada por Adolfo Cárdenas. Uno de los mayores problemas es que la armería de Sedena tiene una variedad muy limitada de productos, y los compradores tienen que venir a la Ciudad de México a comprar. “Una solución sería enviarlos por medio de las autoridades militares locales, lo que ahorraría viajes innecesarios”, dice Cárdenas.
Estas dificultades para que los aficionados consigan lo que necesitan alienta el mercado negro, donde pueden obtener artículos de contrabando o irregulares. “En el sur de EU hay 12,000 armerías y la frontera es tan permeable que se pueden pasar todo tipo de armas”, comenta Guerra. Pero Cárdenas defiende a los deportistas y coleccionistas, que son justamente los más cumplidos: “Si los descubren en falta les quitan sus permisos y membresías en clubes de tiro, y ya no podrían recuperarlos”, dice. La paradoja es evidente: los usuarios registrados están sometidos a todo tipo de limitaciones (por ejemplo, solicitar un permiso especial para transportar las armas de un estado a otro), pero los que están al margen de la ley pueden hacer lo que quieran, y parece no importarles el riesgo que corren.