La llave de la sustentabilidad

Abrirnos a la gestión “verde” implica hacer propios una serie de conceptos clave; pero, ¿a cuáles debemos prestar más atención?
Cuando se adquiera conciencia de que la responsabilidad soci
*Sergio Garduño Ríos

En los últimos años, la responsabilidad social empresarial (RSE) se ha colocado entre los puntos a tratar en las órdenes del día de las mesas directivas de las grandes corporaciones. Ello, a pesar de que su concepción aún no ha sido asimilada con la suficiente relevancia que merece, pues su filosofía y la forma en que se ha venido tratando tiende a ir en contradicción con el interés empresarial clásico: Producir ganancias, es decir, que la actividad empresarial sea un negocio rentable. Bajo esta idea, parece poco probable que una compañía asuma una política de RSE si se le ve como un gasto que va en contra de sus intereses y resultados financieros, pues no podemos desentendernos de que en el lenguaje empresarial todo se mide en costos de inversión y en recuperación de la misma.

Sin embargo, una nueva visión está siendo incorporada al análisis de los beneficios que conlleva adoptar una actitud de responsabilidad y conciencia social de las empresas ante la comunidad: La responsabilidad social como ventaja competitiva. Esta visión responde a dos realidades ineludibles: La primera es que la globalización de los mercados ha creado nuevas oportunidades para las empresas, pero ha aumentado también el grado de complejidad organizacional necesaria para responder de manera inmediata y eficiente a las presiones que impone el ritmo de competencia.

Los productos comercializados, en especial los derivados de un proceso industrial, ahora no sólo tienen que ser innovadores y competitivos en precio y calidad, sino también deben satisfacer los requerimientos de los consumidores en aspectos relacionados con la cohesión social (por ejemplo, explotación laboral), la salud (obesidad) y el cuidado del medio ambiente, entre otros. La segunda realidad ineludible es la presión que, en particular en materia del daño al medio ambiente, imponen las organizaciones sociales, los consumidores y los propios accionistas, así como las entidades de gobierno, al preocuparse e indagar sobre las condiciones en las cuales se producen los bienes y servicios que se colocan en el mercado, así como su impacto en la sustentabilidad, además de que premian con una respuesta favorable a las empresas que son social y medioambientalmente responsables, lo que ha llevado a que la imagen y el prestigio adquieran relevancia en la competitividad de la empresa.

En este sentido, la RSE es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales —en principio es una decisión voluntaria no impuesta, aunque exista cierta normatividad establecida— que responden a las exigencias sociales y ambientales que han impulsado los stakeholders, es decir, toda suerte de agentes interesados de alguna u otra forma en el desempeño del negocio, desde clientes actuales y potenciales, hasta gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), inversionistas, accionistas, directivos y empleados, que se han incorporado a la dimensión meramente económica de una empresa y que determinan el entorno competitivo, la toma de decisiones y el diseño de estrategias del gobierno de la empresa.

La creciente preocupación social e institucional por el deterioro medioambiental se ha traducido en presiones, exigencias y regulaciones a las empresas para que su desempeño y sus procesos productivos sean más respetuosos con su entorno natural, sin dejar de considerar que en la consecución del desarrollo sustentable está implicada toda la sociedad, por lo que no es casualidad que a los procesos productivos —sobre todo de manufactura— se les responsabilice, junto al crecimiento demográfico y a ciertos hábitos de comportamiento de los habitantes, de ser el principal causante de la ruptura del equilibrio de los ecosistemas y, por lo tanto, de su deterioro. Los empresarios no pueden cerrar los ojos ante esta evolución del entorno si desean mantener la capacidad competitiva. No se trata de adoptar la RSE por razones éticas, sino de supervivencia.

Las empresas industriales tienen mayor responsabilidad en el deterioro del medio ambiente, ya que varias de las ramas están catalogadas como de potencial impacto ambiental por el Banco Mundial (BM) y otros organismos.

Entre los principales factores o causantes de afectación medioambiental en los que impacta una empresa industrial se encuentran: La emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI); el consumo de energía; el uso de transportes; productos tóxicos, y la deforestación.

Los procesos industriales representan alrededor de 8% de las emisiones en el caso del GEI, éstos son cualquier constituyente gaseoso de la atmósfera que tenga la capacidad de absorver y reemitir radiación infrarroja, y pueda ser generado de manera natural o resultado de las actividades socioeconómicas del hombre (tales como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. De igual forma, el uso de combustibles fósiles para producción de energía para las industrias manufacturera y de la construcción contribuyen con una cifra similar del total de emisiones derivadas de la actividad de la industria de generación.

Este impacto contaminante registró entre 1990 y 2001 un crecimiento importante, mientras que en 2002 se inició un decrecimiento. Lamentablemente la información calculada por las autoridades sólo incluye estos años y no es posible verificar si el comportamiento a la baja se ha mantenido.

Es claro pues que la RSE vinculada al me-dio ambiente se ha convertido en un factor estratégico del entono competitivo que enfrenta la empresa. Sin embargo, este entorno es sistémico, ya que implica la interacción del factor medio ambiente con otros cuatro factores: El sociocultural, el político-legal, el económico-financiero y el tecnológico. Por ejemplo, en el factor tecnológico hay que analizar el desarrollo y la asimilación de tecnologías más limpias y la generalización de programas de fomento de investigación y desarrollo (ID) medioambiental.

Dentro del político-legal cabe analizar, entre otros, las diversas medidas legislativas de carácter medioambiental. En el caso de México existen 15 normas relacionadas con la protección de la calidad del aire, tres sobre residuos peligrosos, tres sobre ruido y dos sobre la composición de las descargas de aguas residuales.

En cuanto al factor económico-financiero, habría que destacar las medidas fiscales y financieras adoptadas por los gobiernos de los tres niveles para incentivar el cuidado al medioambiente. En el caso del factor sociocultural, el nivel de información y conocimiento de la población sobre los distintos problemas ecológicos y su comportamiento y reacción ante las distintas estrategias de imagen o marketing ecológico que se instrumenten será importante.

Ahora bien, la responsabilidad social medioambiental es, en principio, una estrategia voluntaria que adoptan las compañías como respuesta integral a la nueva relación con una sociedad más informada y preocupada con la normatividad y las regulaciones gubernamentales y con las tendencias mundiales —muchas de ellas también voluntarias— que representan el reto de la sustentabilidad, y que junto con la globalización, la economía del conocimiento, el avance tecnológico, la desregulación comercial y financiera, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la rendición de cuentas, engloban la nueva realidad de los negocios. Sin embargo, en el caso de nuestro país, las estrategias y medidas medioambientales que toman las empresas no son decisiones voluntarias.

En un estudio para México sobre los programas voluntarios de regulación ambiental donde se analiza el comportamiento de las empresas que entran a estos programas, se encontró que en el caso del Programa Nacional de Auditoría Ambiental o Programa Industria Limpia administrado por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), las empresas participantes se incorporan no como parte de una estrategia o iniciativa voluntaria de responsabilidad medioambiental, sino que lo hacen como reacción después de haber sido inspeccionadas y multadas con el objetivo de conseguir la certificación que se otorga al final del mismo y evitar, al menos durante el período de cobertura o validez, subsecuentes inspecciones y multas.

Lo anterior implica que, a diferencia de lo que sucede en países desarrollados donde las empresas entran a los programas voluntarios después de haber ya iniciado programas internos de reducción de contaminantes —se trata de unidades productivas “limpias” que buscan aprovechar los beneficios de la certificación (como lo es la imagen)—, las empresas mexicanas lo hacen para no seguir siendo multadas, esto es, son compañías “sucias” que se ven obligadas por la regulación vigente.

El debate en torno a la protección del medio ambiente en general y a la lucha contra el cambio climático, en particular, ha estado centrado en analizar los costos que las regulaciones ambientales y los compromisos que las cumbres internacionales establecen (Protocolo de Kyoto).

Para las empresas, por su parte, la cuestión es evaluar los desembolsos adicionales de capital necesarios para incorporar nuevos procesos productivos y equipamientos más eficientes.

Sin embargo, no debemos presuponer que la conservación del medio ambiente y el desarrollo de políticas activas de lucha contra el cambio climático sean una carga para las economías nacionales y las compañías, por el contrario, las inversiones conocidas como socialmente responsables orientadas a la sustentabilidad —entendida como el reconocimiento de que las estrategias empresariales deben responder a los entornos social, económico, medioambiental y ético— representan factores de competitividad. Así, industrias y países líderes han apostado por potenciar esos factores en sus políticas de desarrollo.

Se puede hacer mucho con acciones de bajo costo. Un estudio reciente sobre las curvas de costos de reducción de las emisiones de GEI, que llevó por nombre “A cost curve for greenhouse gas reduction”, muestra que la contribución de las industrias manufactureras y de generación de energía al abatimiento de las emisiones sería de alrededor de 45% en conjunto; esto, gracias a medidas de relativo bajo costo, como uso de combustibles renovables como viento, energía solar y biomasas (gabazo); energía nuclear para la generación y medidas de eficiencia energética como cogeneración; e intercambio de combustibles (por ejemplo, biocombustibles) para los procesos manufactureros.

Finalmente, orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en las teorías de producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto social es, a largo plazo, el peor negocio del sector productivo que busca rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, con dicha posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso. Cuando realmente se adquiera conciencia de que la responsabilidad social medioambiental es una inversión que produce rendimientos positivos en utilidades, los empresarios y directivos asumirán un liderazgo proactivo. Es una realidad hacer de la RSE una acción de ganancias para las empresas industriales.

 

*El autor es economista y consultor en Inteligencia Competitiva y de Negocios (sergioomar@prodigy.net.mx).

Ahora ve
No te pierdas