Diputados aprueban reforma contra despidos injustificados

La modificación a la ley del trabajo prohibe obligar a empleados a firmar papeles en blanco; el dictamen, que fue enviado al Senado, fija multas hasta por 133,000 pesos a quien incumpla la ley.
despido ceo  (Foto: Getty)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La Cámara de Diputados aprobó este jueves reformas a la Ley Federal del Trabajo que penalizarán que patrones o empresas obliguen a sus trabajadores firmar documentos en blanco para privarlos de sus derechos laborales.

El proyecto de decreto avalado en lo general y lo particular por 299 votos a favor fue turnado a los senadores para su discusión y eventual ratificación.

El documento establece multas para quienes realicen esas prácticas, las cuales van de 125 y hasta 1,900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual equivaldría a 133,190 pesos.

Con la modificación al artículo 33 queda prohibido obligar a los trabajadores firmar documentos en blanco. En caso de que esto suceda, el trabajador podrá denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) o las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal.

La firma en blanco es aquélla puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos, precisa el dictamen.

Los legisladores reformaron el artículo 1006 que considerará que son documentos falsos aquéllos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador.

Las reformas tienen como objetivo hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente, así como a garantizar medios probatorios adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria.

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El documento advierte que la ley anterior a la reforma es omisa en cuanto a las renuncias involuntarias, omisión perjudicial para los trabajadores, quienes al carecer de pruebas para acreditar la simulación desisten de hacer valer sus derechos fundamentales por vía jurisdiccional.

La reforma pretende establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar los abusos de ese tipo, sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que incurren en este delito, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de los empleados.

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