La cruzada de Obama por el Censo de 2010
El presidente de EU, Barack Obama, busca que sus compatriotas se "tomen 10 minutos para contestar 10 preguntas" y llenar la forma para el Censo 2010.
El cuestionario para el ejercicio de conteo de ese país es uno de los más breves de la historia, pero los resultados del sondeo podrían tener efectos a largo plazo.
El censo, que se actualiza cada 10 años, se emplea para determinar cómo distribuir más de 400,000 millones de dólares en fondos federales y escaños en la Cámara de los representantes y determina las fronteras de los distritos.
"Sin el censo, no hay una democracia representativa. Es el punto de partida científico, apolítico e imparcial de lo que después será un proceso muy político y muy partidista”, afirma Kenneth Prewitt, catedrático de la Escuela de Política Social de la Universidad de Columbia y ex director de la Agencia del Censo de Estados Unidos.
Un ejemplo: la Cámara se compone de 435 escaños que representan partes relativamente parecidas de la población. Si los datos del censo muestran un cambio en la población, los escaños de la cámara se reasignan. Algunos estados pueden tener uno o dos escaños, mientras que otros se ven obligados a combinar dos distritos en uno.
El proceso de adjudicación de escaños es sencillo, pero reasignar los distritos es mucho más complicado. Se supone que se redistribuyen para reflejar los cambios de la población y para asegurar que haya una representación justa en la Cámara.
Por lo general, los legisladores estatales y los gobernadores trazan los distritos, pero algunos estados delegan esta labor a comités restrictivos. Los distritos influyen en el equilibrio de poder de la cámara y afectan la representación en la legislatura estatal.
"Algunos intentan hacer cosas que les de ventaja política si están en el poder, porque quizá la próxima vez que salga el censo, el otro partido estará en el poder", dice William Frey, demógrafo y ex miembro de Brookings Institution.
Los legisladores han sido acusados de marcar las fronteras de los distritos en torno a los lectores que darán ventaja a sus partidos o les asegurarán ganancias políticas.
Esta práctica se conoce como gerrymandering, término acuñado después de que el gobernador de Massachusetts Elridge Gerry, electo en 1810, firmara un oscuro proyecto de ley de redistritación que permitía una gran y probablemente desproporcionada representación republicana en la legislatura de Massachusetts.
Los críticos dicen que el gerrymandering da a quienes están en el poder una ventaja injusta y puede diluir el poder de grupos minoritarios. En 2006, la Suprema Corte trató un caso relacionado con un plan de redistribución de distritos promovido por el entonces líder de la bancada mayoritaria en la cámara, Tom DeLay.
Después del censo del año 2000, una corte estatal redibujó el mapa de Texas con la ayuda de los legisladores estatales. Pero después de que los republicanos se hicieran con el control de la legislatura en el año 2002, Delay promovió una segunda propuesta de redistritación para el Congreso.
La legislatura de Texas adoptó el plan en 2003 después de tres sesiones contenciosas especiales requeridas por el gobernador republicano Rick Perry. El plan legislativo llevó, en el año 2004, a la expulsión de cuatro cargos del Congreso y suscitó una amarga batalla partidista.
La corte dictaminó que el plan de redistribución debilitó injustamente la fuerza de votación de los latinos en dos distritos congresionalistas e ignoró una parte del mapa congresional, pero concluyó que el plan general de redistribución ideado por los republicanos estatales era aceptable.
Prewitt afirmó que el nuevo trazado de las fronteras para el beneficio de un partido o el perjuicio de otro es parte del proceso político.
"La realización de estadísticas tiene que ser apolítica…pero el uso de las estadísticas puede ser tan política como el país quiera que sea", dice Prewitt.
Para Prewitt, el asunto más urgente es asegurarse de que todo el mundo está en el censo porque los que no se contabilizan recibirán un trato injusto en el proceso político y en la distribución de beneficios económicos.
En Estados Unidos, con una población de más de 300 millones de personas, puede ser difícil contabilizar a todo el mundo. Frey afirma que esto puede ser muy difícil en el caso de personas que no tienen hogar o no hablan inglés.
Los inmigrantes ilegales, por ejemplo, a veces optan por no inscribirse en el censo por miedo a repercusiones legales. Este temor, sin embargo, no tiene fundamento, ya que la información es confidencial.
Según Prewitt, mientras el censo está en proceso, lo mayor preocupación debe ser, como manda la constitución, tratar de contabilizar a toda la población.“Estoy mucho más preocupado por intentar lograr un censo justo que por el trazo irregular de fronteras una vez que el censo esté hecho”, afirma.