14 estados de EU presentan demandas para bloquear la reforma de salud

Trece funcionaros republicanos y uno demócrata promovieron controversias legales bajo el argumento de que la medida viola la Constitución
El presidente Barack Obama y el vicepresidene Joe Biden celebran la firma de la reforma de salud
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| Otra fuente: CNN
(Reuters) -

Autoridades de 14 estados acudieron ante los tribunales para bloquear la histórica reforma al sistema de salud que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el martes, bajo el argumento de que esta nueva ley viola la Constitución al exigir que las personas compren un seguro médico.

Trece funcionarios presentaron una demanda en una corte federal de Pensacola, Florida, minutos después de que Obama signó el Acta de Protección al Paciente y Seguro Accesible. La controversia califica a este documento de ser “una usurpación sin precedentes de la soberanía de los estados” y pide al juez detener su aplicación.

“La Constitución no autoriza que Estados Unidos ordene, sea directamente o bajo la amenaza de una penalización, que todos los ciudadanos y residentes legales tengan cobertura de salud”, señala la demanda legal.

El caso fue presentado por el fiscal general de Florida, Bill McCollum, a quien se unieron otros 11 fiscales republicanos y un demócrata. McCollum dijo que la nueva ley también fuerza a los estados “a hacer cosas que son prácticamente imposibles de realizar, y nos obliga a llevarlas a cabo sin darnos recursos o dinero”.

La controversia de McCollum fue respaldada por sus homólogos de Alabama, Colorado, Idaho, Louisiana, Michigan, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah y Washington. El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, presentó por su parte un caso similar el martes por la tarde.

Todos salvo uno de los funcionarios, Buddy Caldwell, de Louisiana, son republicanos. Sin embargo, McCollum mencionó que el caso no es un tema de un solo partido y predijo que otros demócratas se unirán a su causa.

“Es un asunto, para la mayoría de nosotros en los estados, sobre los costos para nuestra gente y de los derechos y las libertades de los ciudadanos, lo que defendemos como parte de nuestras labores constitucionales de fiscales generales”, dijo.

El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró el lunes que abogados advirtieron que el gobierno de Obama ganaría las demandas. Mientras tanto, el vocero del Partido Demócrata, Hari Sevugan, calificó la controversia de “una pérdida de fondos estatales durante la peor crisis económica de una generación”.

“Los estadounidenses no quieren más retraso, obstrucción o hipocresía en este asunto. Quieren una reforma inteligentemente aplicada, a fin de que funcione para todos”, agregó Sevugan.

Renee Landers, profesora de leyes de la Universidad Suffolk en Massachusetts, señaló que la Constitución da al Congreso amplio poder para regular el comercio y promover el bienestar general para los estadounidenses.

“Si las cortes federales siguen los precedentes existentes en la Corte Suprema de Estados Unidos, no creo que las demandas resulten exitosas”, indicó Landers a CNN.

Ryan Wiggins, vocero de McCollum, dijo que el caso fue presentado en Pensacola porque “nos dijeron que de todos los lugares en Florida donde podía presentarse, el tribunal de Pensacola es el que se movería con mayor rapidez”.

Al menos uno de los funcionarios que se unió a la controversia ha sido criticado en su estado natal. El gobernador de Washington, Chris Gregoire, demócrata, reprobó al fiscal general republicano Rob McKenna por respaldar el caso, y dijo que se opondría activamente a la demanda.

De forma separada, las legislaturas de 36 estados están considerando buscar bloquear elementos particulares de la reforma de salud. No obstante, Cal Jillson, profesor de ciencia política en la Universidad Metodista del Sur, en Texas, mencionó que la Constitución establece que las leyes aprobadas por el Congreso son superiores a las leyes estatales.

“Tenemos una Corte Suprema muy conservadora, pero ellos no podrán olvidar 200 años de historia constitucional e interpretación jurídica para declarar que la cláusula de la supremacía legal ya no tiene efecto”, dijo Jillson. 

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