Uribe exige a Chávez respetar derechos humanos de 8 colombianos detenidos
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusó el miércoles a Venezuela de violar los derechos humanos de ocho colombianos detenidos en ese país bajo cargos de espionaje al sistema eléctrico y pidió a organismos internacionales vigilar el caso.
Se trata del más reciente incidente entre los dos países que mantienen congeladas sus relaciones diplomáticas y comerciales por decisión del presidente Hugo Chávez, en represalia por un acuerdo militar que firmó Colombia con Estados Unidos.
“Ahora aparece la detención de estos compatriotas, acusándolos de espionaje, y no se conocen cuáles son las razones para poderles hacer ese cargo de espionaje”, dijo el mandatario colombiano al exigir a Caracas respetar los derechos de sus connacionales.
“Esto se llama violación de los derechos humanos. Y el gobierno de Colombia no puede permitir la violación de derechos humanos contra sus ciudadanos, vivan en Colombia o vivan en el extranjero”, precisó Uribe.
El gobierno venezolano dijo que los ocho colombianos detenidos tenían una cámara fotográfica con imágenes de subestaciones eléctricas, documentos en inglés y el propio Chávez los vinculó con el Ejército colombiano.
La detención de los colombianos se produjo en momentos en que Venezuela atraviesa una severa crisis energética que golpea la popularidad del mandatario izquierdista.
Pero Uribe aclaró que dos de los detenidos trabajaron para un dispensario de salud de la cuarta brigada del Ejército con sede en la ciudad de Medellín, uno como médico y una mujer como farmacéutica.
El mandatario aseguró que los colombianos estaban haciendo turismo, que han estado vinculados a Venezuela con una fábrica de helados y que uno de ellos tiene nacionalidad canadiense además de la colombiana.
El ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, dijo que era un elemento “preocupante” la nacionalidad de los detenidos, lo que Uribe calificó como muy “grave”.
“Eso es una violación a los derechos humanos. En Colombia a nadie se le persigue por su nacionalidad”, afirmó Uribe.
Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de intervención urgente mediante la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los ocho colombianos, así como la plena observancia de las garantías judiciales.
Nota de protesta de Colombia
Adicionalmente, radicó una nota de protesta ante el gobierno de Venezuela en la que se exigió respeto y garantías plenas de los derechos fundamentales de los detenidos, en particular los procesales, a la luz de las normas y estándares internacionales.
"El gobierno colombiano ve con profunda preocupación la práctica sistemática de estigmatización que viene configurándose en Venezuela de prejuzgar y juzgar a ciudadanos colombianos por el solo hecho de serlo”, dijo un comunicado de la cancillería.
Uribe recordó que hasta el momento Venezuela no ha presentado una sola prueba que demuestre que al menos nueve jóvenes colombianos asesinados en ese país a finales del año pasado eran paramilitares, como se informó en un principio.
“A la fecha, no conoce el gobierno de Colombia pruebas que los vinculen al paramilitarismo o cómo fue la operación que produjo la muerte de ellos, si fue una operación legítima o si fue una violación de derechos humanos, si fue un asesinato”, dijo Uribe, quien entregará el poder el próximo 7 de agosto.
El presidente también recordó la detención de un funcionario de la Central de Inteligencia de Colombia en Venezuela desde hace ocho meses por cargos de espionaje sin que ni siquiera se le haya permitido asistencia judicial.
La crisis diplomática entre Colombia y Venezuela surgió en julio por la decisión de Uribe de firmar un acuerdo militar con Estados Unidos, que permite a soldados de ese país utilizar siete bases en suelo colombiano para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.
El presidente de Venezuela, el más fuerte crítico de Washington en la región, denunció la supuesta intención de Estados Unidos de instalar una plataforma desde Colombia para invadir su país.
La actual disputa de Bogotá y Caracas es considerada como la peor desde 1987, cuando los dos países que comparten una frontera terrestre de 2,219 kilómetros estuvieron al borde de una guerra, luego de que un barco de guerra de Colombia fue interceptado por la Armada de Venezuela en una zona marítima bajo disputa limítrofe.
Durante la actual crisis diplomática se han registrado asesinatos de colombianos en territorio venezolano, acusaciones de espionaje y detenciones de efectivos de las fuerzas de seguridad de los dos países.
También se han producido asesinatos de efectivos venezolanos
de las Fuerzas Armadas en ese país, destrucción de puentes en la frontera, sobrevuelos de aeronaves militares y expulsión masiva de mineros colombianos desde Venezuela.
