Caso de corrupción amenaza con crisis al gobierno de Alan García

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| Otra fuente: Reuters
LIMA (CNN) -

La denuncia de la desaparición de pruebas de un mayúsculo caso de corrupción salpicó a políticos clave del gobierno peruano y amenaza con crecer a ribetes de crisis, justo cuando el país está sacudido por conflictos sociales y está en un año preelectoral.

Las pruebas, que supuestamente implican al ex primer ministro peruano Jorge del Castillo y al secretario personal del presidente Alan García, habrían desaparecido de manos de jueces y fiscales, según la empleada de una empresa de seguridad que realizó interceptaciones telefónicas.

Del Castillo, voceado precandidato del partido oficialista para las elecciones presidenciales del 2011, ha negado varias veces cualquier participación suya en el caso de corrupción.

"Hablo desde la confianza de quien tiene la conciencia tranquila y con la seguridad que toda esta patraña que se monta no tiene ningún vínculo con la realidad y con la verdad", dijo Del Castillo, también legislador, en conferencia de prensa.

Giselle Giannotti, empleada analista de la firma privada de seguridad Business Track, dijo que ha recibido por teléfono y por correo electrónico amenazas contra su vida y su familia, por realizar la denuncia y acusó que hay una "mafia" detrás.

"Yo he tenido siempre el mejor de los conceptos del señor Del Castillo cuando él ha sido primer ministro, para mí ha sido una sorpresa encontrarme con archivos que tenían su nombre", afirmó el martes Giannotti a la radioemisora local RPP.

Los archivos, que contienen conversaciones telefónicas y correos electrónicos, involucran a Del Castillo en cuestionados negocios de contratos petroleros, refirió.

La semana pasada, el responsable del sistema judicial de Perú denunció la adulteración de archivos de dispositivos USB de Giannotti que eran parte de un conjunto de pruebas en un caso de espionaje telefónico contra políticos y empresarios.

El caso estalló en el 2008 tras revelarse presuntos sobornos de la firma noruega Discover Petroleum para ganar la concesión de lotes petroleros en el país andino, escándalo que tuvo como consecuencia la renuncia del entonces primer ministro Del Castillo y todo el gabinete del presidente García.

La extorsión

La empleada de seguridad, que estuvo detenida 14 meses por este caso, afirmó que los archivos desaparecidos contienen además información de casos por presunta corrupción en el tema de aranceles, la construcción de hospitales, de negocios petroleros y la actuación de un banco mexicano en Perú.

"Ahora (las pruebas) que obran en el Poder Judicial nada de eso me pertenece, parece una cosa de locos, los USB que tenían información ahora están vacíos", dijo la empleada.

Giannoti aseguró asimismo que "personal vinculado" a la policía de la dirección antidrogas ha venido extorsionándola desde hace un mes, para no difundir un audio en el que ella mencionaba al secretario del presidente García en presuntos vínculos con personas acusadas de narcotráfico.

Luis Nava, secretario del despacho presidencial, rechazó las imputaciones en declaraciones a una radio local.

Al respecto, el primer ministro, Javier Velásquez, consideró que "son infamias que se están tratando de tejer" y exigió a la empleada a revelar más bien el nombre de la empresa que financió las interceptaciones telefónicas en Perú.

Giannotti descartó que en los archivos se haya involucrado al mandatario de Perú. "Nunca he visto ningún archivo que contenga el nombre ni del presidente García ni de nadie de su entorno familiar", afirmó.

Las acusaciones de corrupción y espionaje crecen en momentos en los cuales el Gobierno de García encara conflictos sociales, faltando seis meses para las elecciones regionales y casi un año para los comicios presidenciales y legislativos.

Algunos legisladores expresaron su indignación por la demora de la justicia para encontrar a los responsables del espionaje telefónico y castigar a los culpables.

"Aquí el Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, la policía y el mismo Ejecutivo deben tener el interés más que nadie para aclarar la situación", dijo la legisladora Lourdes Alcorta, del conservador Partido Popular Cristiano.

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El tema de corrupción es sensible entre los peruanos que vivieron un gran escándalo en la década de 1990, cuando el servicio de inteligencia grababa en secreto miles de videos y audios con conversaciones de políticos, empresarios, jueces, funcionarios, periodistas y hasta artistas de televisión.

Su descubrimiento generó la destitución del ex presidente Alberto Fujimori, quien ahora cumple una condena de 25 años de prisión acusado de abusos a los derechos humanos.

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