5,000 víctimas gallegas del franquismo buscan justicia en Argentina

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(Reuters) -

Más de 5,000 casos documentados de víctimas gallegas del franquismo se presentarán el viernes en Argentina para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura.

Entre los nuevos casos que se presentarán ante la Justicia argentina se encuentran las denuncias de la hermana de Humberto Baena y de la esposa de Luis Sánchez Bravo, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), fusilados el 27 de septiembre de 1975.

La documentación será entregada a la jueza María Romilda Servini de Cubría en la Cámara Federal de Buenos Aires.

La juez recibirá más de 5,000 casos de torturas, detenciones ilegales y crímenes cometidos en Galicia (noroeste de España) entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluidos los expedientes de 20 víctimas argentinas, explicó a EFE el abogado Gustavo García.

Para García, "es mejor juzgar estos casos en Argentina porque aquí se podrá investigar sin pasiones cómo ocurrió todo". Esto, por la polémica generada en España por el intento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una causa contra los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.

Según este abogado español, aunque en Galicia no hubo un frente durante la Guerra Civil (1936-1939) "hubo un genocidio" y su investigación es una "necesidad" y "no es un problema de derechas o de izquierdas, sino de crímenes de lesa humanidad".

"Es insostenible que nadie pueda pretender que ante crímenes de esta dimensión se diga que hay que olvidar. Los muertos no pueden descansar en paz", agregó.

García entregará a la Cámara Federal argentina informes documentados con declaraciones oficiales, fotografías e incluso videos, resultado del trabajo de investigación que comenzaron a realizar en 2006 tres universidades gallegas en un proyecto bautizado como Los nombres, los lugares, las voces.

La demanda se sumará a la querella presentada el 14 de abril en Buenos Aires por un grupo de abogados encabezados por Carlos Slepoy con el respaldo de organizaciones argentinas de Derechos Humanos y de grupos españoles por la recuperación de la memoria histórica.

La denuncia se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad, delito contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el Derecho Internacional, informó EFE.

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