Para el gobierno filipino no hay crimen que castigar en rescate fallido

El gobierno de Benigno Aquino dictó sólo sanciones administrativas contra los funcionarios que actuaron en el rescate a un autobús
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(Reuters) -

El gobierno filipino ejercerá sanciones administrativas, en lugar de cargos criminales, en contra de los funcionarios involucrados en el fallido rescate de rehenes que dejó a ocho turistas de Hong Kong muertos, dijo el presidente Benigno Aquino.

El presidente rechazó las recomendaciones más severas de un comité independiente de investigación del enfrentamiento del 23 de agosto. El panel propuso cargos criminales o administrativos en contra de los jefes policiales y tres canales de televisión.

Entre las decisiones de Aquino:

*El alcalde de de Manila, Alfredo Lim, debe ser sancionado por negligencia y mala conducta en el cargo;

*El jefe de la policía de distrito, Rodolfo Magtibay, debe ser sancionado por incompetencia grave y severa negligencia en su labor;

*El jefe de la policía regional de Manila, Santiago Pascual III, debe ser sancionado por grave incompetencia;

*El jefe negociador de rehenes, Orlando Yebra, debe ser sancionado por negligencia en el servicio; y

*El Ombudsman adjunto, Emilio Gonzáles III, debe ser sancionado por grave negligencia de labores y/o ineficiencia en el desempeño de funciones oficiales.

Gonzáles también debe ser investigado por una denuncia de soborno hecha por el secuestrador Rolando Mendoza.

Mendoza, un policía cesado, dijo que Gonzáles le pidió dinero cuando le solicitó la revisión de su caso.

Mendoza era un oficial condecorado, pero su carrera se fue cuesta abajo cuando fue cesado el año pasado por extorsión. Él murió durante el rescate fallido.

Con sus decisiones, Aquino absuelve al subsecretario del Interior, Rico Puno, al ex jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Jesús Verzosa, y al vicealcalde de Manila, Isko Moreno.

En una conferencia de prensa el lunes, Aquino dijo que llegó a la decisión con el asesoramiento del secretario ejecutivo, Paquito Ochoa Jr., y el asesor jurídico presidencial en jefe, Eduardo Mesa.

El presidente también recomendó que cuatro periodistas sean referidos a un grupo de medios de difusión filipinos para determinar si violaron las normas periodísticas.

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La muerte de los turistas creó un furor en Hong Kong, en donde la gente observaba la fallida operación de rescate desarrollarse en vivo en la TV.

Las autoridades filipinas culparon a las transmisiones de TV en vivo de contribuir a las muertes.

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