El gobierno mexicano se opone a la ley de inmigración de Alabama

La legislación permite a los policías interrogar a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en su territorio
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(Reuters) -

Una nueva ley de inmigración de Alabama podría llevar a la discriminación racial y causar efectos adversos entre los mexicanos que viven o visitan el estado, informaron funcionarios mexicanos.

El gobierno de México se opone a la legislación que entrará en efecto el próximo primero de septiembre, a través de un recurso conocido como "Amigo de la Corte", apoyado por 15 países latinoamericanos y que fue interpuesto esta semana como parte de las acciones iniciadas por parte de varios grupos de organizaciones civiles.

La ley de Alabama también podría tener "efectos negativos" en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, particularmente en la cooperación con México, según Lydia Antonio, vocera de la Embajada de México en Washington.

A principios de semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, interpuso su propio recurso contra la ley HB56. Sostiene que la ley socaba la responsabilidad federal sobre la inmigración y que está diseñada para afectar "prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de un inmigrante, desde el empleo, la vivienda, el transporte y la escuela".

De acuerdo con la dependencia, la medida podría generar acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses incapaces de aclarar su estatus legal de inmediato.

"México está profundamente preocupado por las disposiciones de la ley respecto a las detenciones que podrían llevar a la discriminación racial y la violación de los de los derechos humanos y civiles de los mexicanos que residen o visitan Alabama", dijo a Antonio a CNN este viernes.

"México también está particularmente preocupado por las secciones de la ley que exigen a las escuelas elementales y secundarias determinar el estatus legal de los niños y sus padres al momento de la inscripción como un criterio para llevarlos a tomar determinados programas y que podrían conducir a discriminación".

La legislación de Alabama, que autoriza a los policías cuestionar a las personas de sospechosas de ser indocumentadas cuál es su estatus legal, fue aprobada por el gobernador Robert Bentley en junio.

Durante un comunicado emitido el viernes, Bentley defendió la nueva ley.

"El gobierno federal no hizo lo que se supone debe hace para reforzar las leyes en contra de la inmigración ilegal. Es por eso que hago campaña sobre la necesidad de tener una ley de inmigración fuerte en Alabama", dijo. "Seguiré luchando en cada oportunidad para asegurarme de que tenemos una ley de inmigración fuerte en Alabama".

Otras leyes similares han pasado en meses recientes en Arizona, Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur. Algunas han sido suspendidas en cuatro de esos estados, aunque las resoluciones finales aún tienen juicios pendientes.

En junio, un juez federal abatió una sección clave de la ley de Georgia que permitía a los policías interrogar a sospechosos de cometer un crimen sobre su estatus de inmigración.

Los países que apoyan a México en su rechazo a la ley de Alabama son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El gobierno mexicano se comprometió a responder de inmediato ante cualquier violación a los derechos básicos de sus ciudadanos sin tomar en cuenta su estatus migratorio.

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