Breivik, el autor confeso de la matanza en Noruega, dice que no está loco
El ultraderechista Anders Behring Breivik, autor confeso de los atentados del pasado 22 de julio en Noruega con 77 muertos, criticó este miércoles en una carta abierta el informe psiquiátrico que le declara legalmente incapacitado y aseguró que no está loco.
Breivik defendió que no se encontraba en estado psicótico cuando mató a 77 personas en un doble atentado y que por lo tanto no debe ser enviado a un hospital psiquiátrico, sino condenado a pena de cárcel en el juicio que comienza el próximo día 16.
"Ser declarado incapacitado es lo peor que podía ocurrir y la humillación definitiva", escribe el fundamentalista cristiano en la carta abierta de 38 páginas, cuyo contenido han difundido los medios noruegos.
Enviar a un "activista político" a un hospital psiquiátrico "es más sádico y malvado que matarlo, es un destino peor que la muerte", afirma Breivik.
El ultraderechista noruego dijo haber encontrado 200 errores en el informe psiquiátrico, desde fallos lingüísticos hasta pasajes que considera que los expertos "inventaron" para hacerle parecer un enfermo mental.
Los dos psiquiatras que le examinaron hace unos meses estaban emocionalmente afectados por los asesinatos, no podían concebir que alguien cometiera actos semejantes y ya tenían decidido de antemano que él debía de encontrarse en estado psicótico cuando lo hizo, asegura Breivik en la carta.
El examen mental dictaminó que Breivik es un psicópata y que está legalmente incapacitado, pero la corte de Oslo encargó hace dos meses un nuevo estudio psiquiátrico a otros expertos tras las críticas al informe inicial.
Si el nuevo informe, que será presentado el próximo martes, concluye con el mismo diagnóstico, la Fiscalía mantendrá entonces su petición inicial y se da por hecho que Breivik será ingresado en un centro psiquiátrico.
Pero si determina que Breivik no es un enfermo mental y está por tanto legalmente capacitado, la Fiscalía podría pedir entonces una pena de cárcel o de custodia, que en la práctica puede equivaler a una cadena perpetua, de 21 años máximo según la legislación local.
