Arpaio, casi dos años en la mira de la justicia por discriminación
Desde hace casi dos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado al polémico sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, por acusaciones relacionadas con prácticas discriminatorias de su policía.
La dependencia interpuso el 10 de mayo una demanda contra Arpaio, contra su oficina y contra el condado de Maricopa, porque incurrieron en "abuso de poder" e ignoraron la Constitución estadounidense a través del trato dado a los latinos.
Otra acusación de la misma instancia judicial de septiembre de 2010 consideraba que el sheriff se había negado a cooperar en una investigación sobre discriminación en las prácticas policiales de su oficina. El Departamento contemplaba la "detención y arresto ilegales de latinos, unidades especializadas para prácticas inconstitucionales", y la falta de supervisión y de entrenamiento de los oficiales.
Las decisiones y los dichos polémicos han acompañado a Arpaio en su trayectoria de seguridad en el condado de Arizona, estado fronterizo con México y con una población de alrededor de medio millón de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
Arpaio, quien se autoproclama como El sheriff más duro de Estados Unidos(America's Toughest Sheriff ), ocupa el cargo desde 1993, tras ser reelegido en cinco ocasiones para mandatos de cuatro años.
Nacido en Springfield, Massachusetts, sirvió en el Ejército de Estados Unidos entre 1950 y 1953, y fue agente de la policía en Washington y Las Vegas antes de ingresar en la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Como alguacil, Arpaio ha implementado diferentes medidas en contra de los inmigrantes ilegales. En julio de 2010, su oficina informó que en 16 redadas "para la supresión del crimen" fueron arrestados cerca de 1,000 inmigrantes, de los cuales 600 eran indocumentados. Desde finales de 2006 hasta julio de 2010, las operaciones policiales lograron la detención de 40,000 indocumentados, detalló el condado.
En marzo de 2011, el alguacil anunció que utilizaría un equipo de 30 aviones para detectar inmigrantes indocumentados y narcotraficantes en Maricopa. Ese mismo mes admitió que un equipo a su cargo había utilizado gas lacrimógeno en un operativo para detener a 13 inmigrantes.
Otra de sus medidas fue crear un grupo de 56 voluntarios armados para combatir la inmigración ilegal. “Se está recortando el presupuesto de las corporaciones (policiales) y las agencias están perdiendo personal, y la batalla para detener la inmigración ilegal debe continuar”, dijo Arpaio en noviembre de 2010.
Su "batalla" contra la migración incluye el respaldo de la ley SB1070 de Arizona , que la Corte Suprema de Estados Unidos analiza tras la suspensión en el estado de sus apartados más polémicos. El argumento de Arpaio para apoyar la legislación que plantea endurecer el trato a los migrantes es que se centra en un problema que "no es cuestión de raza, sino de legalidad".
En julio de 2010, después de que la jueza de Arizona Susan Bolton determinara bloquear parte de esa legislación, Arpaio dijo que continuaría con las redadas para arrestar a inmigrantes. Dicha norma permite a la policía del estado detener a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país.
Además de estas medidas, Arpaio es polémico por sus prácticas penitenciarias, como la obligación del uso de ropa interior rosa como castigo a presos que roban prendas similares de color blanco.
En otra ocasión, publicó en la página de su oficina fotografías de todos las personas arrestadas durante su registro policial y su ingreso en prisión. Además prohibió fumar, tomar café, ver películas o la televisión, y tener revistas pornográficas en las celdas.
Estableció los “grupos de encadenados”, presos obligados a limpiar calles, pintar sobre grafiti y enterrar a los indigentes en el cementerio, proveyendo “miles de dólares de trabajo gratuito para la comunidad”.
Los opositores al desempeño de Arpaio como sheriff pidieron su renuncia en mayo de 2011, después de la acusación de que la oficina a su cargo malgastó cerca de 100 millones de dólares destinados al pago de oficiales en las prisiones. Arpaio consideró el asunto “un problema de discrepancia de nómina” y dijo que trabajaría para arreglar el problema sin perjudicar a los contribuyentes.
La última acusación contra el sheriff es por ignorar denuncias de abuso sexual contra menores latinos, demanda ordenada el 10 de mayo por el Departamento de Justicia de EU. El alguacil más duro de Estados Unidos considera que no existen estos problemas en la oficina a su cargo.
