Un proyecto minero de oro divide a los peruanos en un clima de protesta
Un conflicto iniciado desde hace más de seis meses en la ciudad de Cajamarca, en el norte de Perú, se retomó este jueves con un paro de actividades públicas y comerciales de manera indefinida como rechazo del proyecto minero de Conga, una región que pretende ser explotada por sus yacimientos de oro.
Desde noviembre, pobladores de Cajamarca se opusieron a la inversión que pretende realizar la minera Yanacocha —apoyada por la estadounidense Newmont— para secar cuatro lagunas de Conga y extraer oro, proyecto que los inconformes rechazan al considerar que se afectarían las reservas de agua de manera “irreversible”.
El proyecto representa una inversión de 4,800 millones de dólares, según Newmont, y representa uno de los desarrollos mineros más grandes del país. Aunque desde el 21 de abril fue aprobado por el gobierno peruano, se ha mantenido en suspenso por las constantes protestas.
El presidente peruano, Ollanta Humala, puso ciertas condiciones a la minera tras recibir el informe de un peritaje internacional que se hizo al Estudio de Impacto Ambiental de Conga, el cual es rechazado por los opositores.
Entre ellas está evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de los desechos, así como cuadruplicar las reservas de agua, establecer un fondo social y crear 10,000 puestos de trabajo directos.
En marzo, una misión de observadores internacionales presidida por Pedro Arrojo realizó un informe en el que indica que el proyecto genera "riesgos inaceptables" para el ecosistema, y propuso una "moratoria a nuevas concesiones mineras" en el país.
El documento enfatiza que "se debe partir del principio de preservar la salud pública por encima de cualquier negocio, por rentable que sea", y remarca que los posibles daños en el ecosistema.
Para el gobierno, el proyecto de Conga representa una fuerte inversión en una de las actividades primarias del país, por lo que el presidente Humala ha defendido la viabilidad del desarrollo, a pesar de las protestas.
Según el Reporte Anual 2011 de Minería del gobierno peruano, este sector recibió el año pasado una inversión de unos 7,202 millones de dólares (mdd), y se generaron exportaciones por 27,361 mdd, siendo el oro el principal metal de extracción, seguido por el cobre, el hierro y la plata.
Población dividida
Las carreteras que se dirigen a la localidad y las que comunican con otras regiones del norte del país amanecieron bloqueadas en respuesta al paro convocado este jueves. Las clases escolares y la atención en los mercados fueron suspendidas, reportaron medios locales.
Varios grupos de manifestantes comenzaron a reunirse en la plaza principal de Cajamarca para marchar por las calles de esa ciudad, liderados por el presidente regional, Gregorio Santos.
Otro grupo de pobladores que apoyan el proyecto minero realizaron una manifestación de apoyo el 29 de mayo, cuando cientos de personas se movilizaron por las calles de Cajamarca a favor del polémico proyecto. La marcha fue organizada por el Colectivo Cajamarca, integrado por empresarios, organizaciones políticas, universitarios, dirigentes sociales y pobladores.
Durante la manifestación, se registraron incidentes con opositores al proyecto, quienes lanzaron huevos a las personas que apoyan el proyecto y sus pancartas.
El presidente de Defensa y Desarrollo del caserío de San Nicolás, aledaño a Cajamarca, Justo Julca, dijo que buscaban la unión para alcanzar el desarrollo de la región a través de las inversiones mineras.
El conflicto en la mina
Con las protestas de Conga, el gobierno peruano suma una segunda protesta antiminera en esta misma semana, después de que el 28 de mayo un grupo de pobladores de la provincia de Espinar, en la región Cuzco, se enfrentara violentamente a la policía para protestar contra la minera suiza Xstrata.
Los choques entre manifestantes y policías dejaron dos civiles muertos y más de 80 heridos, así como decenas de detenidos, entre ellas el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, acusado de promover un paro indefinido contra la mina de cobre Tintaya, de la compañía suiza Xstrata.
La situación llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia (excepción) en esa provincia y generó críticas incluso en la bancada parlamentaria del partido gobernante Gana Perú.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que en Perú existen unos 250 conflictos sociales vigentes, la mayoría por temas medioambientales; mientras que organizaciones empresariales indican que se amenazan unos 53,000 millones de dólares en inversiones mineras previstas para los próximos años.
El presidente peruano vinculó el 25 de mayo a los promotores de las protestas contra la minera Xstrata , en el sur de Perú, con los de las manifestaciones contra el proyecto aurífero Conga.
A pesar de la intervención de la fuerza pública en ambos conflictos, las protestas en las poblaciones se mantiene, generando tensión en ambas localidades.
