El Senado de California aprueba un proyecto de ley contra deportaciones

La legislación se opone a la SB 1070 de Arizona, en donde las autoridades policiales pueden detener a un sospechoso de residencia ilegal
En búsqueda de fórmulas contra la inmigración en EU
Michael Martinez
Autor: Michael Martinez
LOS ÁNGELES, California (Reuters) -

El Senado de California aprobó un proyecto de ley denominado “anti Arizona”, para prevenir que la policía detenga a alguien por su raza y permitir a las dependencias locales del orden público hacer caso omiso de las peticiones federales acerca de detener a los inmigrantes ilegales no violentos para su deportación, dijo un legislador estatal.

La propuesta llamada Ley de la Confianza de California (California Trust Act), sería la primera ley estatal en imponer la “retención de la reforma”, aunque los gobiernos locales de Illinois, Wisconsin y otros lugares han adoptado acciones similares, según la oficina de Tom Ammiano, integrante de la Asamblea Legislativa de California.

Ningún otro estado tiene una legislación parecida a la que ahora se está considerando en California, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

El proyecto de ley californiano establecería normas que permiten a la policía el no responder a las peticiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU para detener a un inmigrante ilegal, con excepción de los casos en donde el inmigrante sea un condenado por delitos graves o violentos, dijo el demócrata de San Francisco, Ammiano, en una hoja informativa sobre la legislación que apoya.

Si el inmigrante indocumentado detenido no es una amenaza a la seguridad pública o está condenado solamente por un delito menor, no debería ser privado de la libertad por los agentes de Inmigración y Aduanas en cárceles locales, en el marco del proyecto de ley, dijo el asambleísta.

La legislación en proceso es contraria a la Sección 2 (B) de la polémica ley SB 1070 de Arizona, y al reciente fallo de la Corte Suprema de EU el cual confirmó esta sección, la cual exige que la policía verifique con el Servicio de Inmigración el estatus de las personas a quienes hayan detenido los agentes y se crea que están en el país de manera ilegal.

El proyecto de ley ahora regresará a la Asamblea de California para una votación concurrente sobre las enmiendas del Senado después de que los legisladores vuelvan del receso de verano, el 6 de agosto.

La aprobación del Senado el jueves por una votación de 21 en contra y 13 a favor, “indica a la nación que California no puede permitirse ser otro Arizona”, dijo Ammiano en un comunicado. “El proyecto de ley también limita las detenciones injustas y onerosas en cárceles locales de los miembros de la comunidad que no representen una amenaza para la seguridad pública”.

El senador estatal de California, Michael J. Rubio, demócrata de la parte sur de San Joaquin Valley, lugar en el que muchos inmigrantes indocumentados trabajan en granjas e industrias, votó en contra de la propuesta. El político se inclinó a favor de la reforma migratoria, pero se unió a algunos cuestionamientos de los alguaciles de la zona acerca del impacto de la iniciativa de ley.

“Creo que esta política fue errónea, ya que coloca a los alguaciles del estado contra los inmigrantes indocumentados y contra las autoridades federales”,  afirmó Rubio.

La propuesta fue originalmente una respuesta al programa federal “Comunidades Seguras”, en el cual cerca de 1,600 jurisdicciones locales y estatales envían información de huellas dactilares de presos al Servicio de Inmigración, lo cual determina si los detenidos se encuentran ilegalmente en EU.

El programa federal fue el responsable de la deportación de más de 72,000 individuos que vivían en California. El 70% de ellos fueron deportados, sin que tuvieran condenas por delitos menores, incluyendo a una madre en Los Ángeles arrestada por vender helados en la calle, dijo Ammiano.

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Un estudio en octubre de 2011, elaborado por la Escuela de Derecho de la Universidad de California Berkeley, dijo que el programa “Comunidades Seguras” incluso llevó a la detención de cerca de 3,600 ciudadanos estadounidenses y que el 93% de todas las personas arrestadas en el marco del programa eran latinos, a pesar de que ellos representan solamente el 77% de la población indocumentada en EU.

Más de 100 organizaciones y funcionarios californianos, entre ellos la Conferencia Católica de California, apoyan la medida. “Lo que la Ley de Confianza hace es que pone a la policía local al margen del asunto federal en materia de aplicación de la ley contra inmigrantes” dijo Angela Chan, abogada del grupo “Asian Law Caucus”, la organización (con sede en San Francisco) más antigua del país en materia de derechos civiles a favor de inmigrantes asiáticos de bajos ingresos, la cual apoya la enmienda en curso. "La Ley de Confianza subsana la relación entre la policía local y los habitantes inmigrantes a los que sirven y protegen”, dijo Chan.

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