Legisladores republicanos presentan una demanda civil contra Eric Holder

El secretario de Justicia estadounidense enfrenta un proceso que lo obligaría a entregar al Congreso documentos sobre 'Rápido y Furioso'
La Cámara de EU declara a Holder en desacato
(Reuters) -

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, presentó este lunes una demanda civil contra el secretario de Justicia, Eric Holder, en busca de la liberación de documentos relacionados a la operación Rápido y Furioso.

La demanda pide a un juez federal que determine que el presidente Barack Obama se extralimitó en su autoridad al reclamar privilegios ejecutivos sobre los documentos buscados por la comisión investigadora de la Cámara para examinar la operación contra el tráfico de armas.

La demanda también busca una orden contra Holder para que regrese los documentos a los investigadores de la Cámara baja.

“Esperar casi seis meses después de que una instrucción fue emitida para mantener una campaña de privilegios sin mérito, la decisión del presidente fue una calculada maniobra política diseñada para detener la liberación de documentos hasta las elecciones de noviembre”, aseguró el presidente de la comisión investigadora, el republicano Darrell Issa, en un comunicado.

La demanda ocurre después de un desacato contra Holder aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes y era una medida esperada.

La resolución de la Cámara les da a los legisladores la opción de demandar penalmente al Departamento de Justicia para levantar cargos criminales contra Holder.

Los demócratas aseguran que el Partido Republicano está usando el asunto para tratar de sumar puntos políticos desacreditando a Holder y Obama en un año electoral.

“La demanda partidista desperdicia dólares y recursos de los contribuyentes, y es una distracción de asuntos urgentes en el Congreso: actuar para crear trabajos y hacer crecer nuestra economía”, dijo la líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, en un comunicado.

“También está diseñada para distraer al Departamento de Justicia de su trabajo crítico de retar a las leyes estatales diseñadas para restringir los derechos de los estadounidenses al voto”, dijo.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lanzó el programa Rápido y Furioso en Arizona para rastrear compras de armas por cárteles mexicanos. La operación imitó a otras parecidas realizadas durante la administración de George Bush.

El programa perdió el rastro de más de 1,000 armas, dos de las cuales fueron halladas en el lugar donde fue asesinado el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en 2010.

El Departamento de Justicia anunció el 6 de julio que no iba a juzgar el caso. El Departamento sostuvo que atendía a una larga posición sostenida durante administraciones demócratas y republicanas para no perseguir casos similares cuando un presidente use sus privilegios ejecutivos, como lo hizo Obama.

Los privilegios ejecutivos se refieren a la autoridad del presidente para rehusarse a cumplir con ciertas demandas de legisladores y jueces para entregar documentos y otros materiales.

La administración Obama informó que aplicaba esta doctrina en el caso Rápido y Furioso para proteger documentos que incluían deliberaciones internas tradicionalmente protegidas de la mirada externa.

El republicano Issa dijo que el presidente estaba violando su promesa de operar abiertamente.

“Después de prometer un nivel de transparencia sin precedentes, el presidente está intentando expandir el alcance de sus privilegios ejecutivos para obstruir la verdad sobre la conducta temeraria que contribuyó a la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza e incontables ciudadanos mexicanos”, dijo.

El enfrentamiento entre Issa y Holder por el programa se remonta a los fallos emitidos el año pasado por el Comité de Supervisión de la Cámara que buscaban un amplio número de documentos y otros materiales. El Comité luego redujo su demanda para concentrarse en documentos que involucraran la toma de decisiones después del cierre de la operación Rápido y Furioso.

En particular, el comité solicitó documentos relativos al periodo después de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia envió al Congreso una carta errónea —posteriormente retirada— en la que se informaba que oficiales de alto rango no supieron nada de la operación hasta la primera parte de ese año.

El debate sobre Rápido y Furioso ocurre mientras en México continúan los enfrentamientos derivados de actividades del crimen organizado, las cuales han causado la muerte a más de 45,700 personas desde diciembre de 2006, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) proporcionadas en enero pasado.

Casi el 90% de las armas clandestinas en México provienen de Estados Unidos y alimentan el poder de fuego del crimen organizado, según el gobierno mexicano.

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