Un caso de aborto divide a los argentinos entorno a una nueva ley
Las víctimas de violación tienen el derecho a abortar bajo la ley argentina, pero la Corte Suprema del país debió intervenir esta semana para asegurar que una mujer que afirma haber sido secuestrada, violada y obligada a prostituirse pudiera interrumpir su embarazo.
El caso dividió a la sociedad y disparó varias demandas judiciales en Buenos Aires, una de las ciudades más liberales de América Latina, donde el alcalde y diputados de la oposición están debatiendo qué límites, si cabe alguno, debe imponerse al procedimiento.
El aborto está prohibido en la mayor parte de América Latina, hogar de casi la mitad de los católicos del mundo. Algunos países como Argentina permiten los abortos cuando una mujer es violada o cuando su salud está en peligro.
La reciente controversia comenzó cuando el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunció que el primer aborto legal bajo ley de la Ciudad por un nuevo protocolo iba a realizarse el martes.
Pero una corte civil frenó el aborto a último minuto por el pedido de un grupo privado .
Activistas en contra del aborto identificaron a la mujer y protestaron afuera de su casa la semana pasada y luego en el hospital donde iba a realizarse el aborto. El abogado de la mujer, Pablo Vicente, dijo que el capellán del hospital fue uno de los que estuvo entre los que protestaron.
"La señora ha sido víctima de una red de trata, ha sido violada, no quiere continuar con su embarazo que ya lleva nueve semanas de gestación", dijo Vicente.
"Ha recibido un escrache (manifestación) en su vivienda, la familia no sabe en su totalidad la historia de esta señora, con lo cual ha sufrido innecesariamente nuevamente vejaciones de todo tipo", agregó.
La Corte Suprema emitió el jueves un dictamen de urgencia sobre el caso, en el que revirtió el fallo de una corte civil que había ordenado frenar el aborto, y dijo que el procedimiento debía realizarse.
La mujer, cuyo nombre no fue dado al conocimiento público, podría terminar con el embarazo a partir del viernes.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el viernes como "un paso adelante" para los derechos de las mujeres la decisión de la Corte de autorizar el aborto, pero dijo que los retrasos en el procedimiento equivalen a "tortura, y trato cruel, inhumano y degradante".
En marzo, la Corte Suprema de Argentina dictaminó que el aborto es legal para todas las víctimas de violación y dijo que una declaración jurada de la mujer o de su representante legal son suficientes para demostrar que el embarazo resultó de una violación.
Desde ese momento, gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires han elaborado regulaciones para implementar el fallo. El mes pasado, el Gobierno de Macri emitió un protocolo permitiendo los abortos durante las primeras 12 semanas de gestación solamente.
Opositores, algunos de los cuales favorecen una amplia legalización del aborto, respondieron aprobando una ley en la Legislatura de la ciudad que borraba ese límite y permitía que niñas de 14 años y mayores puedan abortar sin consentimiento de sus padres, argumentando que la mayoría de los embarazos por violación ocurren cuando las mujeres son abusadas por parientes.
Macri, un político de centroderecha cuyo partido está generalmente en contra del aborto, ha prometido vetar la ley, y dejar el protocolo vigente.
Otras provincias pusieron más condiciones para que las víctimas de violación tengan acceso a un aborto legal, algo que provocó llamados de activistas feministas para que se tomen los mismos lineamientos en todo el país.
"Según donde viva (la mujer) va a tener un derecho o no, y esto es lo que no podemos permitir", dijo Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una organización sin fines de lucro que defiende la igualdad de género y los derechos de la mujer.
El debate por la lucha de derechos
Pedro Andereggen, un abogado de la Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia, que lideró la campaña judicial esta semana contra el aborto, dijo que su grupo estaba luchando por los derechos del niño no nacido y esperaba que las cortes en Argentina ignorasen el fallo de la Corte Suprema.
"La madre no tiene derecho a matar a su hijo aunque haya sido víctima de una violación, el derecho a la vida del ser humano inocente es un derecho que cabe reputarlo de absoluto", dijo Andereggen.
En América Latina, el 95% de los abortos son inseguros, de acuerdo con un estudio copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Sólo Cuba y Guyana permiten el aborto en casos de embarazos normales.
En Argentina, se realizan por año unos 500,000 abortos, incluyendo abortos espontáneos, según estimaciones de FEIM. Muchas mujeres argentinas de mayor poder adquisitivo se realizan abortos en clínicas privadas bajo el pretexto de una operación de apéndice.
"Lo que viven las más pobres es que van al hospital, es a las que no se lo hacen (un aborto), y es a las que entonces después terminan haciéndolo en alguna forma insegura, y bueno, o quedan muy enfermas o mueren. Pero esta es la gran hipocresía y la gran injusticia social que tiene el tema del aborto", dijo Bianco.
El debate sobre la legalización del aborto en Argentina ha tenido muy poco progreso en parte porque la presidenta Cristina Fernández se opone. Líderes católicos condenan al aborto bajo cualquier circunstancia y mucha gente comparte esa creencia.
"Hoy te puedo decir que no estoy a favor del aborto abiertamente", dijo María Elena Leuzzi, una mujer católica que fundó una organización sin fines de lucro llamada Ayuda a Víctimas de Violación luego de que su hija fue violada y salvajemente golpeada en el 2001. Su hija no quedó embarazada.
"Pero si me lo hubieses preguntado en el 2001, porque no voy a ser hipócrita (...) a lo mejor como mamá yo también hubiese preferido que abortara, porque qué iba a hacer con mi hija violada, traumatizada, desquiciada prácticamente en ese momento porque tenía intentos de suicidio, y con un bebé que no sabía de donde venía, genéticamente no sabía qué podía traer al mundo. Es difícil", concluyó.
Activistas en contra del aborto identificaron a la mujer y protestaron afuera de su casa la semana pasada y luego en el hospital donde iba a realizarse el aborto. El abogado de la mujer, Pablo Vicente, dijo que el capellán del hospital fue uno de los que estuvo entre los que protestaron.
"La señora ha sido víctima de una red de trata, ha sido violada, no quiere continuar con su embarazo que ya lleva nueve semanas de gestación", dijo Vicente.
"Ha recibido un escrache (manifestación) en su vivienda, la familia no sabe en su totalidad la historia de esta señora, con lo cual ha sufrido innecesariamente nuevamente vejaciones de todo tipo", agregó.
La Corte Suprema emitió el jueves un dictamen de urgencia sobre el caso, en el que revirtió el fallo de una corte civil que había ordenado frenar el aborto, y dijo que el procedimiento debía realizarse.
La mujer, cuyo nombre no fue dado al conocimiento público, podría terminar con el embarazo a partir del viernes.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el viernes como "un paso adelante" para los derechos de las mujeres la decisión de la Corte de autorizar el aborto, pero dijo que los retrasos en el procedimiento equivalen a "tortura, y trato cruel, inhumano y degradante".
En marzo, la Corte Suprema de Argentina dictaminó que el aborto es legal para todas las víctimas de violación y dijo que una declaración jurada de la mujer o de su representante legal son suficientes para demostrar que el embarazo resultó de una violación.
Desde ese momento, gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires han elaborado regulaciones para implementar el fallo. El mes pasado, el Gobierno de Macri emitió un protocolo permitiendo los abortos durante las primeras 12 semanas de gestación solamente.
Opositores, algunos de los cuales favorecen una amplia legalización del aborto, respondieron aprobando una ley en la Legislatura de la ciudad que borraba ese límite y permitía que niñas de 14 años y mayores puedan abortar sin consentimiento de sus padres, argumentando que la mayoría de los embarazos por violación ocurren cuando las mujeres son abusadas por parientes.
Macri, un político de centroderecha cuyo partido está generalmente en contra del aborto, ha prometido vetar la ley, y dejar el protocolo vigente.
Otras provincias pusieron más condiciones para que las víctimas de violación tengan acceso a un aborto legal, algo que provocó llamados de activistas feministas para que se tomen los mismos lineamientos en todo el país.
"Según donde viva (la mujer) va a tener un derecho o no, y esto es lo que no podemos permitir", dijo Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una organización sin fines de lucro que defiende la igualdad de género y los derechos de la mujer.
El debate por la lucha de derechos
Pedro Andereggen, un abogado de la Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia, que lideró la campaña judicial esta semana contra el aborto, dijo que su grupo estaba luchando por los derechos del niño no nacido y esperaba que las cortes en Argentina ignorasen el fallo de la Corte Suprema.
"La madre no tiene derecho a matar a su hijo aunque haya sido víctima de una violación, el derecho a la vida del ser humano inocente es un derecho que cabe reputarlo de absoluto", dijo Andereggen.
En América Latina, el 95% de los abortos son inseguros, de acuerdo con un estudio copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Sólo Cuba y Guyana permiten el abortoen casos de embarazos normales.
En Argentina, se realizan por año unos 500,000 abortos, incluyendo abortos espontáneos, según estimaciones de FEIM. Muchas mujeres argentinas de mayor poder adquisitivo se realizan abortos en clínicas privadas bajo el pretexto de una operación de apéndice.
"Lo que viven las más pobres es que van al hospital, es a las que no se lo hacen (un aborto), y es a las que entonces después terminan haciéndolo en alguna forma insegura, y bueno, o quedan muy enfermas o mueren. Pero esta es la gran hipocresía y la gran injusticia social que tiene el tema del aborto", dijo Bianco.
El debate sobre la legalización del aborto en Argentina ha tenido muy poco progreso en parte porque la presidenta Cristina Fernández se opone. Líderes católicos condenan al aborto bajo cualquier circunstancia y mucha gente comparte esa creencia.
"Hoy te puedo decir que no estoy a favor del aborto abiertamente", dijo María Elena Leuzzi, una mujer católica que fundó una organización sin fines de lucro llamada Ayuda a Víctimas de Violación luego de que su hija fue violada y salvajemente golpeada en el 2001. Su hija no quedó embarazada.
"Pero si me lo hubieses preguntado en el 2001, porque no voy a ser hipócrita (...) a lo mejor como mamá yo también hubiese preferido que abortara, porque qué iba a hacer con mi hija violada, traumatizada, desquiciada prácticamente en ese momento porque tenía intentos de suicidio, y con un bebé que no sabía de donde venía, genéticamente no sabía qué podía traer al mundo. Es difícil", concluyó.
