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El 'juicio del siglo' en Brasil sentencia a 25 culpables de corrupción

El Tribunal Supremo de Brasil resolvió las condenas de 25 de 37 sospechosos de participar en corruptelas durante el gobierno de Lula
lun 22 octubre 2012 08:42 PM

El llamado "juicio del siglo" en Brasil avanzó este lunes hacia la fase de sentencia con 25 de los 37 acusados declarados culpables de las graves corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En la audiencia, los jueces del Tribunal Supremo establecieron por una ajustada mayoría que entre 2002 y 2005  un grupo caracterizado por "asociación ilícita"  actuó en Brasil, dirigido por el exministro de la Presidencia José Dirceu y que tejió una red de irregularidades con un "claro proyecto de permanencia" en el poder.

"Fue un grupo de delincuentes que avergonzó a toda la política brasileña", declaró el decano de la Corte, Celso de Mello, quien agregó que el Supremo no ha juzgado a "actores políticos, sino a criminales que atentaron contra la República y la Constitución".

Por el delito de "asociación ilícita"  fueron responsabilizados José Dirceu, exjefe de gabinete de Lula; José Genoino, expresidente del Partido de los Trabajadores  (PT); y el antiguo tesorero de esa formación, Delubio Soares.

Además del publicista Marcos Valerio Fernandes, sus tres socios y la directora de una de sus empresas, que fueron prestadas para corruptelas, y un antiguo directivo del Banco Rural. Todos ya habían sido declarados culpables de otros delitos, por lo que el fallo proferido este lunes deberá aumentar las penas que les correspondan.

Según comprobó la Corte, las empresas de Fernandes se prestaron en actos ilícitos que se volcaron tanto a la financiación de campañas como al soborno de dirigentes de cuatro partidos políticos a cambio de apoyo en el Congreso al gobierno de Lula, quien ganó las elecciones de 2002 sin mayoría parlamentaria.

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La acusación de "asociación ilícita" centró el último de los siete capítulos en que se dividió el juicio, que comenzó el 2 de agosto. Antes de iniciar la fase de sentencias, la Corte deberá definir los empates registrados en torno a siete acusados, entre los cuales destaca el exministro de Transporte, Anderson Adauto, quien responde por cargos de lavado de dinero y fue declarado culpable por cinco de los jueces e inocente por otros cinco.

Esa definición comenzará este martes en una sesión convocada en forma extraordinaria, y si los empates son aclarados comenzará la fase de sentencias, que en algunos casos, como el del publicista Fernandes, los juristas calculan que superarán los 70 años de prisión.

El exministro José Dirceu, el más importante de todos los reos y que fue durante décadas la "mano derecha" de Lula, ha sido condenado por corrupción activa y asociación ilícita, lo que pudiera resultar en una pena de más de 20 años de cárcel.

Una pena similar enfrentaría el expresidente del PT José Genoino, quien hace 10 días renunció al cargo de asesor que ocupaba en el Ministerio de Defensa tras ser declarado culpable de corrupción activa.

Para el establecimiento de las condenas, los jueces deberán evaluar diversos factores, como la propia culpabilidad en este caso, sus antecedentes penales y los móviles del delito, entre otros.

Según la ley brasileña, los reos condenados a un máximo de ocho años tendrían el beneficio de un régimen semi-abierto, que los obligaría a dormir en la prisión, mientras que aquellos con penas superiores deberán ser encarcelados una vez que concluya el proceso.

El PT ha anunciado que no comentará el resultado del juicio hasta que se realice la segunda vuelta de las elecciones municipales del próximo domingo. En una nota divulgada hace dos semanas, después de que el Supremo declaró culpables de corrupción activa a Dirceu, Genoino y Soares, el partido al que también pertenece la actual presidenta Dilma Rousseff acusó a "la derecha" y a sus "aliados en los medios" de orquestar una campaña en su contra.

Dirceu, por su parte, divulgó una "Carta al Pueblo Brasileño", en la que se dijo "prejuzgado" y "linchado", y afirmó que "el Estado de Derecho Democrático y los principios constitucionales no aceptan un juicio político y de excepción".

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