Una denuncia reaviva la pugna entre Cristina Fernández y el Grupo Clarín

La denuncia de Grupo Clarín contra funcionarios del gobierno nombra a periodistas, lo que generó rechazo
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| Otra fuente: CNNMéxico

Una denuncia de uno de los principales grupos de medios en Argentina contra el gobierno que lo acusó de supuestamente instigar a la violencia abrió un nuevo frente en el enfrentamiento que sostiene Cristina Fernández con medios opositores.

La denuncia presentada por Grupo Clarín contra funcionarios del gobierno de Fernández, que presuntamente acusaron al grupo de incitar a la violencia e intentos golpistas, incluye a periodistas que serían llamados a declarar, según abogados de la compañía.

El grupo informó en un comunicado que la denuncia es contra el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini; el director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella; así como a dos legisladores, Edgardo De Petri y Juan Cabandié.

Además, se pidió citar a declarar a los periodistas Roberto Caballero, exdirector del diario Tiempo Argentino; a los columnistas Orlando Barone, Sandra Russo y Nora Veiras, así como a los periodistas Javier Vicente y Edgardo Mocca.

Sin embargo, en la denuncia los periodistas fueron señalados "como propagadores" de la "incitación a la violencia", según la agencia gubernamental Télam y el diario La Nación, lo que contradice la versión de la empresa de que sólo son testigos.

Al explicar el motivo de la denuncia penal presentada el jueves pasado, Hugo Wortman Jofré, uno de los abogados de Grupo Clarín, afirmó en declaraciones a la radio local Latina FM que existe “un autor ideológico está generando un mensaje demonizando” contra el grupo. “Se empieza a decir que el grupo Clarín está detrás de reclamos de militares”, afirmó.

La denuncia generó rechazo de organizaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que calificó como contradictorio que un grupo que debe de defender la libertad de expresión, realice denuncias donde involucra a periodistas.

En un comunicado, el Fopea afirmó estar en contra de acciones judiciales que busquen limitar la libertad de expresión, “por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas” y pidió a la compañía que retire la demanda.

Este lunes, durante una conferencia de prensa en la sede de Centro de Estudios Legales y Sociales, el periodista Javier Vicente, periodista del programa Futbol para todos, que se transmite en TV Pública, afirmó que ha existido solidaridad del gremio, inclusive de figuras que trabajan dentro del grupo.

La periodista Nora Vieras, columnista del programa 678, que también se transmite por TV Pública,  calificó la denuncia como una “intimidación” que busca “cercenar la opinión”.

“Es un límite que no se ha pasado antes en este país”, aseguró la periodista Sandra Russo, también columnista del programa 678. En tanto Roberto Caballero, exdirector del diario Tiempo Argentino, afirmó que con la denuncia se busca “tutelar nuestras opiniones”.

El grupo ha estado enfrentado con el gobierno desde la publicación de una nueva ley de medios contra los monopolios. Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 estaciones de radio AM,  una FM y cuatro canales de televisión abierta, lo que lo convierte en una “cadena nacional ilegal”, según el gobierno.

La previsión de la ley antimonopolios entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, tras lo cual “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias (del Grupo Clarín) que rebasen el máximo autorizado por la ley”, según el gobierno. La ley aprobada en 2009 solo permite un máximo de 24 licencias de televisión por cable y 10 abiertas.

El grupo impugnó las previsiones ante la Suprema Corte, y asegura estar protegido bajo una medida cautelar de la justicia, algo que respalda la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que rechazó las “amenazas” emitidas por el gobierno, y condenó que se “deslegitime” a la Suprema Corte, que aún discute la constitucionalidad de las previsiones.

Mientras que el gobierno afirma que la ley pretende pluralizar a los medios, Grupo Clarín argumenta que lo que se busca es silenciar las críticas de los medios del grupo en contra del gobierno.

En marzo pasado, tras un bloque de trabajadores simpatizantes de Cristina Fernández que impidió la circulación del diario Clarín, el rotativo publicó en su siguiente edición una portada en blanco en señal de protesta.

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