El gobierno argentino notifica a Clarín sobre el retiro de sus concesiones
El gobierno argentino notificó este lunes al Grupo Clarín, el mayor bloque de medios en el país, del inicio de la “transferencia de oficio” de varias de sus concesiones como cumplimiento a la Ley de Medios, luego de que un juzgado descalificara la petición de inconstitucionalidad contra esta legislación promovido por el grupo.
La notificación, el primer paso legal para el retiro de las concesiones, fue realizada personalmente por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabatella, quien asistió a la sede de Grupo Clarín en Buenos Aires a un encuentro con abogados del corporativo, según la agencia estatal argentina Telam.
“Lo que hicimos hoy fue notificar al Grupo Clarín el inicio de la transferencia de oficio”, dijo Sabatella a medios después de la reunión.
La transferencia de oficio representa un aseguramiento por la vía judicial de las concesiones y ocurre ante la negativa de Clarín a una entrega voluntaria planteada en la Ley de Medios como “adecuación voluntaria”. La legislación, conocida formalmente como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue creada en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández en un intento por evitar la monopolización de los medios.
“La diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y el proceso de oficio es que en el primer caso el que lo organiza es el propio grupo empresario, y el proceso de oficio lo hace el Estado al no haber un cumplimiento de la norma”, explicó Sabatella, según Telam.
En tanto, Grupo Clarín consideró la notificación de este lunes como una vuelta del gobierno “a desconocer la justicia”, en un comunicado publicado en el sitio de su diario insignia, el de mayor circulación en el país, Clarín.
“Tal como lo dejó manifestado el Grupo Clarín ante escribano público, la notificación del Afsca es totalmente improcedente e ilegal, ya que vulnera abiertamente varias decisiones de la justicia”, señaló el comunicado.
Entre las violaciones a la justicia señaladas, está la suspensión de la aplicación contra el grupo del artículo 161 de la ley—que establece los procedimientos para retirar las concesiones a las empresas que no cumplan con la adecuación voluntaria— dictada de forma provisional por la Cámara Federal de Apelaciones de lo Civil y Comercial Federal, en espera de una sentencia definitiva.
Clarín argumenta que el inicio de la transferencia de oficio también vulnera una apelación contra el fallo que descarta su solicitud de inconstitucional contra la ley, además del periodo de un año establecido por la propia Ley de Medios para su aplicación.
“Grupo Clarín no se encuentra en situación de incumplimiento de la Ley de Medios, por lo cual es manifiestamente improcedente la aplicación del procedimiento de transferencia de oficio del artículo 161, cuando dicho artículo nunca estuvo vigente para el grupo”, indicó Clarín en su comunicado, que anticipó una denuncia por la vía penal.
El conflicto entre Clarín y el gobierno argentino se reavivó después del 7 de diciembre pasado (conocido como el 7D), el plazo establecido por la ley para la adecuación voluntaria de las empresas de comunicación. Tras esta fecha, un tribunal suspendió el cumplimiento de la ley en sus artículos 45 —que establece los límites de concesiones— y 161 para Clarín.
El viernes, un juzgado declaró constitucional el artículo 161 dando pie al gobierno para iniciar la transferencia de oficio este lunes.
La Ley de Medios establece para cada empresa en Argentina un límite de hasta 24 licencias de televisión por cable, además de 10 licencias abiertas, que pueden ser empleadas para radio y televisión. La legislación tiene como principal objetivo el Grupo Clarín , el más grande de medios del país, que posee más de 240 sistemas de cable, 9 estaciones de radio AM, una de FM y 4 canales de televisión abierta, según datos del gobierno.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35% del total de la población del país o de los abonados a cada servicio, según la legislación. Clarín posee el 58% de los abonados, según cifras de la Afsca.
La ley ha sido considerada como un mecanismo de censura del gobierno de Cristina Fernández por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de los distintos medios de Clarín, ante la postura crítica del grupo mediático. El argumento oficial es que la legislación busca favorecer “la pluralidad de voces evitando los monopolios” y democratizar los medios de comunicación.
La notificación de este lunes es el primero de varios pasos para la transferencia de oficio, explicó el titular de la Afsca. Luego sigue la tasación, la selección de licencias y bienes afectados, el concurso (subasta) de los mismos, la adjudicación (traslado legal de concesión) y finalmente la ocupación del nuevo titular. Todo el proceso tiene un plazo legal de 100 días hábiles, según Sabbatella.
En otros casos donde otros grupos de comunicación ya presentaron sus planes voluntarios de adecuación, la autoridad de medios tiene un plazo legal de 120 días para analizarlos y responderlos.