Congresistas de EU buscan revivir una ley contra la violencia doméstica
Quienes apoyan la Ley sobre la Violencia Contra las Mujeres esperan revivirla en el nuevo Congreso de Estados Unidos luego de que los esfuerzos por renovarla fracasaran en el anterior.
"Es una prioridad anticipada para nosotros", dijo a CNN la líder de la minoría en la Asamblea, Nancy Pelosi, representante demócrata del estado de California, cuando el Congreso 113 entró en sesiones el jueves. "Desde que se aprobó en el Senado la última vez y al tener dos demócratas más en el Senado, esperamos que pase fácilmente, que tenga un camino factible allá y tenga éxito en la Asamblea".
En buena medida, la Ley sobre la Violencia Contra las Mujeres brinda apoyo a las organizaciones que atienden a las víctimas de violencia doméstica. Generalmente las autoridades locales son las responsables de procesar a los agresores; no obstante, la ley endureció las sentencias por acoso de acuerdo con la legislación federal.
Los partidarios afirman que con la Ley de 1994 se ha reducido drásticamente la cantidad de vidas perdidas a causa de la violencia doméstica a lo largo de las últimas dos décadas.
En el Senado se votó para renovar la ley por tercera vez en abril; la ley prohíbe que las agencias que reciben financiamiento según la ley discriminen a los gays y lesbianas, permite que los inmigrantes que sufran violencia doméstica busquen un estatus legal y otorga a las autoridades tribales nuevos poderes para procesar casos en las reservas de indios.
La Asamblea, dirigida por los republicanos, presentó su propia propuesta, que no contemplaba dichas disposiciones y que de acuerdo con los defensores echó atrás algunas de las disposiciones de protección en la ley existente. La Casa Blanca amenazó con interponer su veto y no se llegó a ningún acuerdo antes de que el tiempo se agotara para los legisladores esta semana.
El no haber logrado la autorización de la ley deja a personas como Nancy Leylon, directora ejecutiva de la Red para la Violencia Doméstica de Ohio, ante la posibilidad de tener que despedir personal de su organización y de otras que trabajan con las víctimas de abuso conyugal. Neylon dijo que gracias a la ley se obtienen fondos para pagar la nómina de una de sus nueve empleadas y de otras más en varias ciudades a lo largo del estado.
"El estado no nos da dinero para respaldar los programas de violencia doméstica o sexual", dijo Neylon. Agregó que el dinero que tienen ya se está agotando y que sin el apoyo de la federación "no damos servicios aquí".
El Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica en Contra de las Mujeres dice que el no haber logrado que se volviera a autorizar la Ley sobre la Violencia Contra las Mujeres no significa que la ley esté muerta: "La ley está viva y seguirá en su versión de 2005", señala.
Sin embargo, los programas que apoya "están ciertamente amenazados porque las crisis en el presupuesto local, estatal y nacional están siempre al acecho".
La existencia de la ley federal "atrajo increíblemente la atención sobre el asunto" y animó a los estados a endurecer sus propias leyes acerca de abuso conyugal y agresión sexual , dijo Neylon. Esto implica que las órdenes de restricción son válidas entre estados, un tema importante en un estado en el que las áreas metropolitanas como las de Cincinnati y Toledo se extienden a través de las fronteras estatales.
Neylon dijo que los cambios incluidos en la ley en el Senado "se gestaron en el terreno", con base en los años de experiencia de defensores de las mujeres, abogados, jueces y trabajadores sociales, "literalmente miles de personas que dieron su opinión acerca de la naturaleza de los mayores problemas del país. Hemos dedicado varios años a analizar las necesidades y el terreno mostró a nuestros legisladores federales: 'Esto es lo que necesitamos'", dijo.
La ley fue aprobada en el Senado por 68 votos contra 31, con el apoyo de 14 republicanos. La votación de 222 a 205 en la Asamblea fue más un asunto de línea partidista, ya que solo seis demócratas la apoyaron y 23 republicanos votaron en contra.
En la Asamblea, la propuesta no logró que se incrementaran los poderes de las tribus nativas americanas para procesar delitos cometidos por personas no indias en tierras tribales, lo que el Congreso Nacional de Indios Americanos dijo que permitiría que los agresores "manipularan el sistema" para evitar el proceso.
Las pláticas se extendieron hasta finales de diciembre, cuando el vicepresidente Joe Biden —quien diseñó la ley de 1994— y el líder de la mayoría en la Asamblea, el republicano Eric Cantor, intentaron llegar a un acuerdo sin éxito.
La vocera de Cantor, Megan Whittemore, dijo a CNN que el líder de la mayoría "ha estado trabajando con nuestros miembros, el vicepresidente Biden y los grupos que atienden a las personas afectadas directamente por estos delitos para buscar un punto de acuerdo a través de las líneas de los partidos y terminar con la violencia en contra de las mujeres".
Señaló que el grupo de trabajo envió una carta en la que se alaban los "esfuerzos bien intencionados" de Cantor por llegar a una resolución.
Sin embargo, en la carta también se dijo que el grupo de trabajo sigue comprometido con una redacción del proyecto que incluya a las cortes tribales. Además, Pelosi dijo que la propuesta de la Asamblea era "en realidad un retroceso para las mujeres".
Los colaboradores de CNN, Dan Merica desde Washington y Matt Smith desde Atlanta, contribuyeron con este reporte.
