Medidas con relativa eficacia anteceden al plan de armas de Obama

Las medidas del presidente de EU contra la violencia es el último intento del país tras otras iniciativas cuyos beneficios no se comprobaron
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Por:
Allison Brennan
Autor: Allison Brennan
Washington (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso este miércoles un paquete de medidas destinadas a reducir la violencia armada a raíz de la masacre el mes pasado en una escuela primaria en Newtown, Connecticut.

Algunas de las medidas ya se habían intentado, y otras son ampliaciones de leyes y políticas ya existentes. ¿Funcionarán? Aquí presentamos un vistazo a algunas de las principales medidas.

Prohibición de armas de asalto

La prohibición Federal de Armas de Asalto, una disposición de la legislación contra el crimen del presidente Bill Clinton aprobada en 1994, proscribe las armas semiautomáticas estilo militar que disparan un cartucho por jalón de gatillo, y que automáticamente expulsan los casquillos.

Además de estas armas, la prohibición también limita los rifles semiautomáticos, así como las pistolas y escopetas semiautomáticas que pueden aceptar un compartimiento desmontable y que presentan por lo menos dos características de estilo militar.

El Congreso permitió que la prohibición expirara en 2004. La senadora Dianne Feinstein dijo en diciembre que iba a presentar una iniciativa para prohibir las armas de asalto.

¿Funcionó?

Dos estudios señalan muy pocas pruebas o que ha pasado muy poco tiempo para calcular el impacto de la prohibición. Una disposición de la ley de 1994 exigió al fiscal general entregar un informe al Congreso dentro de los siguientes 30 meses de la prohibición en el que se evaluaran sus efectos.

El resumen de ese informe, realizado por el Instituto Nacional de Justicia, estableció que “los beneficios a la seguridad pública por la prohibición de 1994 no se han demostrado”.

Los autores del estudio sugirieron otras pruebas de técnicas de aplicación, incluyendo “medidas severas estratégicas en puntos de conflicto" por delitos con armas y medidas severas estratégicas contra quienes cometen actos de violencia armada. Los autores sugirieron que estas técnicas podrían ser “más efectivas en lo inmediato, y sin duda, menos polémicas que los enfoques reguladores por sí solos”.

Un estudio realizado en junio de 2004 por la Universidad de Pensilvania encontró que la prohibición fue exitosa en la reducción de los delitos relacionados con armas de asalto. Pero los beneficios en aquel tiempo se vieron compensados por un mayor uso de armas no semiautomáticas, las cuales el estudio dijo que se emplearon con mayor frecuencia en los delitos. Los investigadores no pudieron acreditar a la prohibición por un descenso en la violencia armada general durante ese mismo período.

El estudio señaló que, a pesar de que las armas de asalto no se utilizaron en más de "un 8% en los delitos con armas, incluso antes de la prohibición”, su impacto probablemente fue demasiado pequeño como para ser medido con certeza.

Cargadores de alta capacidad

El mismo proyecto de ley contra el crimen de 1994 también prohibió los cargadores que contenían más de 10 cartuchos de municiones. Pero expiró después de 10 años.

Después de un ataque en Arizona en 2011 que mató a seis personas e hirió gravemente a la excongresista Gabrielle Giffords, los líderes del Congreso exigieron una prohibición de los cargadores de alta capacidad. El agresor en ese ataque utilizó una pistola semiautomática con un cargador de 33 cartuchos.

El senador Frank Lautenberg, demócrata de Nueva Jersey, dio a conocer una propuesta para limitar los cargadores de alta capacidad. La iniciativa no se promulgó.

Tras el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Lautenberg dio a conocer planes para volver a presentar una legislación para prohibir los cargadores de alta capacidad. Otros legisladores buscan poner requisitos para la verificación de antecedentes en la compra de municiones, así como también buscan prohibir la venta por internet de municiones.

El legislador californiano Mike Thompson dijo este martes a CNN que la prohibición de los cargadores de alta capacidad podría obtener el apoyo republicano, pero que una prohibición a gran escala contra las armas de asalto sería difícil de ser aprobada en una Cámara controlada por el Partido Republicano.

¿Funcionó?

El estudio de 2004 de la Universidad de Pensilvania señaló que las armas con cargadores de gran capacidad fueron empleadas hasta en el 25% de los delitos con armas, pero no era claro con qué frecuencia el resultado del ataque dependía de la capacidad del cargador.

El estudio señaló que, dado que la tasa de impactar con disparos a las posibles víctimas por parte de un agresor es baja en los delitos con armas, la capacidad de disparar más tiros con mayor velocidad aumenta la probabilidad de que un objetivo sea alcanzado.

Un análisis del Washington Post también encontró que durante la década que duró la prohibición de los cargadores de alta capacidad, aquellos incautados por la policía de Virginia disminuyeron durante ese lapso. Cuando la prohibición fue levantada en 2004, las incautaciones aumentaron “considerablemente”.

Investigadores entrevistados por el Post señalan que la prohibición podría haber ayudado a limitar la disponibilidad de los cargadores. Pero el análisis del Post también señala que el impacto de la prohibición es “difícil de medir”.

Verificación universal de antecedentes

El senador Charles Schumer, el principal defensor de la legislación para imponer la verificación universal de antecedentes, los denomina “puntos suaves” por poner freno a la violencia armada, con la probabilidad de conseguir que se apruebe la legislación.

La ley estadounidense exige que, cada vez que alguien compra un arma a un comerciante de armas con licencia federal, el vendedor está obligado a llevar a cabo una verificación de que el posible comprador no tenga problemas penales y mentales. Los registros los guardan las agencias estatales y federales.

Convictos, personas condenadas por delitos violentos domésticos e individuos que los tribunales determinaron que están enfermos mentales tienen la prohibición de la ley federal para comprar armas de fuego. Sin embargo, la ley federal no exige la verificación de antecedentes para lo que se considera como transacciones privadas.

Y hay lagunas en el sistema actual, muchos estados no dan informes de los nombres de las personas que han sido etiquetadas como enfermos mentales de peligro. Y hay enormes lagunas en la base de datos. Por ejemplo, el agresor de Virginia Tech, quien mató a 33 personas en 2007, aprobó dos verificaciones de antecedentes cuando compró armas porque Virginia no presentó su condición de enfermo mental a la base de datos.

¿Funcionarían?

Alcanzar este objetivo necesitará una combinación de la acción ejecutiva que ejerció el presidente el miércoles y la legislación para reformar la legislación existente en materia del requisito de verificación de antecedentes.

Obama dijo el miércoles que ha tomado medidas para hacer frente a las barreras legales en lo que respecta a que los estados compartan la información pertinente a la base de datos y otras medidas como garantizar que los médicos pueden preguntar a los pacientes sobre las armas que hay en sus hogares.

Se considera que la legislación Schumer alentaría a los estados a cumplir con el intercambio de información relevante a la base de datos mediante la retención de fondos federales para sus iniciativas de aplicación de la ley, el gobierno federal no puede obligar a los estados a cumplirla, pero puede hacer que valga la pena hacerlo.

También convertiría en delito que alguien venda un arma de fuego sin llevar al comprador a un lugar donde pueda llevarse a cabo la verificación de antecedentes. Sin embargo, su implementación sería un gran problema, sería difícil probar si un arma de fuego que ya está en el mercado fue vendida antes o después de que se empezara a aplicar la disposición.

En todo el país, más de un millón de personas no pasaron la verificación de antecedentes para comprar armas durante los últimos 14 años debido a contar con antecedentes penales, uso de drogas o problemas de salud mental, según datos del FBI. Esa cifra, sin embargo, representa una pequeña fracción de las ventas de armas en general.

Medidas por enfermedades mentales

Cuatro de las 23 medidas ejecutivas que Obama dio a conocer el miércoles abordan el acceso a la salud mental a través del Medicare y Obamacare. Medicare es el mayor proveedor de atención a la salud mental en el país y la Ley de Asistencia Asequible abre el acceso a millones de otros estadounidenses con cobertura del gobierno federal.

Otra medida del ejecutivo fue abrir un diálogo nacional en materia de salud mental, encabezado por la secretaria de Salud, Kathleen Sibelius y el secretario de Educación, Arne Duncan.

Obama también aclaró que una disposición del Obamacare no prohíbe a los médicos que pregunten a sus pacientes sobre armas en sus hogares. Se han cometido una serie de asesinatos en masa por personas que se sabe han luchado con una enfermedad mental, lo cual ha renovado el llamado para tratar la enfermedad mental de una manera más integral.

La primera legislación federal que restringe el acceso a las armas a los enfermos mentales fue promulgada en 1968.

¿Ayudaría?

Una serie de grupos de defensa de la salud mental salió en apoyo de la convocatoria del presidente. La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales emitió un comunicado en el que aplaude las iniciativas presentadas por el grupo de trabajo del vicepresidente Joe Biden, calificándolas como la oportunidad de arreglar el fallido sistema de salud, “una oportunidad que sólo se presenta una vez en una generación”.

El grupo también apoyó que el presidente “señaló correctamente que” muchos de los enfermos mentales no eran violentos. La ANEM expresó su esperanza de que la atención pueda ayudar a llenar los vacíos en el sistema de salud mental.

Estadísticas del FBI mostraron que alrededor del 1% de los aspirantes que no pasaron la verificación de antecedentes fueron rechazados por razones relacionadas con la salud mental.

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