El juicio contra el exdictador Ríos Montt inicia pese a las apelaciones

"Solo de mi familia perdí a 14 miembros", dijo Benjamín Manuel Jerónimo en referencia a las matanzas de las que se acusa al exgeneral
El primer juicio por genocidio en Guatemala
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(Reuters) -

Luego de un último intento de su defensa por evitarlo, un panel de tres jueces inició este martes en la Ciudad de Guatemala el proceso legal por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de la matanza de cientos de indígenas a principios de la década de 1980.

La defensa del antiguo hombre fuerte de Guatemala, de 86 años, reemplazó este martes a dos de sus abogados. El abogado Francisco García Gudiel, quien asumió la representación de Ríos Montt, interpuso sin éxito seis recursos judiciales para persuadir al tribunal de suspenderlo, según EFE.

El abogado Danilo Rodríguez explicó a EFE que cuando estaba ingresando a la sede de la Corte Suprema de Justicia fue notificado por teléfono de que él y otros tres juristas quedaban fuera del equipo de defensa. Los abogados de Ríos Montt han postergado el proceso contra su cliente mediante varias apelaciones.

Ríos Montt, de 86 años, fue sentado en el banquillo de acusados y cuestionado sobre la acusación de genocidio y crímenes de guerra. "Sobre eso declararé, pero en otro momento", respondió el anciano general, según la agencia EFE.

La jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, le informó sobre las razones por las cuales es procesado y le detalló los hechos y delitos que se le imputan.

Ríos Montt utilizó audífonos especiales para escuchar tras argumentar que padecía un problema auditivo que aseguró fue resultado de una emboscada que le hicieron terroristas, explicó.

De ser encontrados culpables, los procesados podrían ser condenados a penas de más de cien años de prisión, aunque la legislación penal guatemalteca establece en 50 años las penas máximas efectivas, informó EFE.

Durante la audiencia de este martes, la jueza Jazmín Barrios expulsó de la sala al abogado Francisco García Gudial, el nuevo defensor del general retirado. 

Barrios argumentó que García le faltó el respeto al tribunal durante el debate oral y público que tuvo lugar en la concurrida sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

El incidente se registró cuando García presentó una recusación para que la jueza no dirija el proceso, por considerar que él y Barrios son "enemigos". 

La magistrada negó la acusación y explicó que el desacuerdo que hubo con el jurista en un caso anterior se subsanó luego de que este le pidiera unas disculpas que ella aceptó, informó la agencia EFE. 

Ante la insistencia del abogado, Barrios decidió expulsar de la sala a García Gudial, quien había sido nombrado nuevo defensor de Ríos Montt este mismo martes, poco antes del inicio del juicio.

La jueza ordenó a los abogados César Calderón, el defensor de Rodríguez, y a Moisés Galindo, el abogado de otro militar que podría ser juzgado por genocidio, asumir en la audiencia de este martes la defensa del general retirado.

Barrios dejó abierta la posibilidad de que uno de los cuatro abogados que hasta esta mañana conformaban el equipo defensor del anciano militar pueda reasumir esa labor en el juicio, en el que ya no podrá estar presente García Gudiel por orden de la jueza, señaló EFE.

Según analistas judiciales locales, el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt y Rodríguez podría prolongarse durante más de un mes, debido a que habrá que conocerse durante las audiencias los testimonios de 84 personas, 61 peritajes y 126 documentos.

Familiares de las víctimas presenciaron la audiencia con emociones encontradas. “Hay quienes se acuerdan de todo (lo que ocurrió), y se sienten tristes. Y por otro lado, hay felicidad porque esto llegue finalmente a juicio”, dijo Edwin Calil Vicente.

El juicio es el primero contra crímenes de genocidio en la historia de Guatemala, y fue autorizado mediante una histórica sentencia judicial en 2012.

Junto con Ríos Montt, enfrenta el proceso Mauricio Sánchez, quien fungió como jefe de inteligencia. Ambos están acusados por crímenes contra la humanidad por ordenar 15 masacres entre 1982 y 1983 en la región noroccidental de Quiché, en las que murieron más de 1,700 indígenas.

“Solo de mi familia perdí a 14 miembros”, dijo Benjamín Manuel Jerónimo, otro de los asistentes a la audiencia.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992, también estuvo en el inicio del juicio. Su padre fue asesinado en los inicios de la guerra civil en un incendio en la embajada española causado por fuerzas del gobierno.

Ríos Montt gobernó Guatemala durante casi 17 meses, entre 1982 y 1983. Llegó al poder en un golpe de estado y lideró una junta militar mientras Guatemala era escenario de una guerra civil entre el ejército y las guerrillas de izquierda. El conflicto armado terminó en 1996, con más de 200,000 personas muertas y un millón de refugiados.

Los fiscales acusan que Ríos Montt conocía de las estrategias represivas que los militares usaban contra cualquier sospechoso de pertenecer a una guerrilla, como asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros.

El abuso a los derechos humanos y las acusaciones de genocidio contra Ríos Montt se derivan de su campaña de “tierra arrasada”, usada para desplazar a insurgentes en provincias densamente habitadas por indígenas.

Ríos Montt ha argumentado sin éxito ante distintos tribunales que una ley de amnistía de 1996 lo eximen de un proceso judicial.

En 2012, un juez determinó que la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que coincide con el final de la guerra civil en el país, no garantiza amnistía para aquellos acusados de víctimas de derechos humanos. Además, Guatemala es parte de tratados internacionales que obligan al país a perseguir estos abusos, según el razonamiento del juez.

La defensa de Ríos Montt argumentó recientemente que los fiscales no tienen evidencia de que su cliente haya ordenado las masacres de indígenas.

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El juicio “tiene que ayudar a la sociedad a discutir qué ocurrió para que podamos aprender y no repetir esos actos terribles”, dijo Francisco Soto, director ejecutivo del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala, un grupo que impulsa el juicio.

Con información de Miguel Salay y Mariano Castillo.

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