El caso de la infanta Cristina fuerza un giro en la Corona española
La supuesta relación de Cristina de Borbón con una trama de corrupción de fondos públicos en la que también está involucrado su marido, Iñaki Urdangarin, ha propiciado cambios en el funcionamiento de la Corona española. En concreto, la inclusión de la institución en la Ley de Transparencia, que el gobierno español desarrolla estos días.
La medida ha sido bien acogida por la opinión pública, que considera necesario un cambio de rumbo en la Jefatura del Estado debido a los acontecimientos de los últimos tiempos. Algunas partes de la sociedad lo ven insuficiente y plantean cambios más profundos, como la abdicación del rey Juan Carlos o la supresión de la propia institución.
El juez José Castro imputó a la Infanta el 3 de abril en calidad de cómplice tras admitir como pruebas una serie de correos electrónicos que evidenciaban el presunto conocimiento de la princesa y la Casa del Rey en la supuesta trama que su marido orquestó para desviar dinero de las arcas públicas a empresas de su propiedad.
Una corte de apelaciones de España determinó este martes que los cargos preliminares contra la Infanta se descarten por falta de evidencia , de acuerdo con una copia de la orden judicial obtenida por CNN. El auto judicial suspende la imputación, pero deja vía libre para reactivarla por delito fiscal.
Aún así, el impacto de la citación “es muy negativo” para la Corona, dijo Göran Rollnert, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y coordinador del Grupo de Investigación sobre la Monarquía. “Daña incluso la supervivencia de la Monarquía”, dijo Belén Barreiro, exdirectora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo autónomo dependiente del gobierno.
“Puesto que la Monarquía no es democrática, todos sus miembros, no sólo el Rey, deben mostrar ejemplaridad”, según Barreiro, doctora en Ciencias Políticas. “Siempre quedará la duda de si don Juan Carlos ha sido negligente al no advertir e impedir un enriquecimiento ilícito de su yerno y del que se ha beneficiado su hija”, añade Rollnert.
La imputación de la Infanta y otros acontecimientos recientes, como la participación del Rey en una cacería de elefantes en Botsuana hace un año, han contribuido a desgastar la imagen de la Corona. “Al principio de la democracia, la Monarquía tenía muy buena imagen. Luego fue perdiéndola progresivamente hasta que en octubre de 2011, por primera vez en su historia, suspende (reprueba)”, dijo Barreiro, que dejó el cargo en el CIS en 2010.
En 2012, el CIS no incluyó a la institución en las encuestas por no considerar el asunto “relevante”, según la Casa Real. A pesar de eso, el gabinete de prensa del Palacio de la Zarzuela, residencia de los Reyes, admitió públicamente que los datos que manejan internamente muestran un deterioro que les “preocupa mucho”.
Días después de la imputación, MyWord, la empresa demoscópica que ahora dirige Barreiro, publicó el dato de que un 57% de la población encuestada considera que la imputación afecta al futuro de la Monarquía. Los jóvenes de 18 a 24 años son los que peor percepción tienen de la Corona. “Su valoración es muy importante porque ellos son el futuro del país”, según Barreiro.
'Lavado de imagen'
La Casa del Rey lleva un tiempo tomando medidas para mejorar su imagen. En 2011, empezó a publicar un desglose limitado de sus cuentas y el año pasado apartaron a Cristina y a su hermana Elena de los actos oficiales para centrar la atención en el heredero, Felipe, y dejar a los Duques de Palma fuera del cuadro familiar.
Tras la imputación, la institución ha solicitado su incorporación en la futura Ley de Transparencia, la cual pretende regular el acceso de los ciudadanos a la información de las administraciones públicas, y establecer principios y sanciones para los cargos públicos. La inclusión de la Corona será limitada, pero implicará la justificación exhaustiva de la asignación económica que recibe cada año del gobierno.
Los partidos políticos y los ciudadanos apoyan la medida, pero muchos lo consideran insuficiente. “Desde un punto de vista de interés público, creo que hacen falta más cambios: mayor transparencia, mayor utilidad y mayor cercanía”, dice Barreiro. “Un caso de corrupción siempre es dañino, y más en una crisis como la que está sufriendo España”, lo que explica, según Barreiro, que los ciudadanos “se hayan distanciado de la Familia Real en el último año”.
La analista contempla un paso más allá: la abdicación de don Juan Carlos tras casi 35 años en el trono. “Felipe es ahora mismo el mayor activo de la institución gracias a su buena imagen”, sostiene. “Sería muy bueno para la Monarquía y el país que sucediera ya a su padre”. La medida, defiende, serviría para conservar el legado positivo de don Juan Carlos “pues, de seguir reinando, su imagen aún podría deteriorarse más”.
Los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, rechazan esta idea mientras que los partidos minoritarios divergen. Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, ha calificado al monarca como un “lastre”. Una encuesta de Sigma-Dos, una de las principales empresas privadas de investigación del mercado, realizada a principios de año, mostraba que el 44,7% de los españoles está a favor de la abdicación.
La opinión pública debate estos días la función y presencia de la Corona en un sistema democrático. La encuesta de Sigma-Dos revela que un 41% de la población española preferiría una República, un avance de ocho puntos respecto a los datos del año anterior.
La imputación de la Infanta supone una situación insólita en las casas reales reinantes en Europa. “Aunque no es la primera vez que un miembro de una Familia Real se ve implicado en un asunto judicial, sí es la primera en la que se ha dado una imputación”, explica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional a Distancia (UNED).
“El Príncipe Laurent de Bélgica tuvo que acudir como testigo por un caso de desvío de fondos públicos de la Marina empleados en la reforma de su vivienda”, cita la experta de entre los casos más graves hasta el momento. “En Suecia, unos ciudadanos acusaron a la heredera de corrupción por haber aceptado que un empresario pagara su viaje de novios en 2010, pero el fiscal estimó que el delito de corrupción se refería a ‘cargos públicos’ y la princesa no lo era”, añade Gómez.
Las consecuencias para la Infanta
El fiscal anticorrupción del caso Nóos, la entidad sin ánimo de lucro dedicada al mecenazgo deportivo creada por Iñaki y su exsocio, Diego Torres, recurrió la imputación al no haber delito en el hecho de que Cristina supiera que su marido se aprovechaba de su título para conseguir contratos. El fiscal estimaba que faltaban pruebas de que, como vocal de Nóos y copropietaria de una de las empresas a donde iba a parar el dinero ilícito, la Infanta tuviera “un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido”.
La hija mejor del Rey no goza de ningún privilegio judicial. “La Constitución reconoce la inviolabilidad e inmunidad de quien ocupe la Jefatura del Estado, pero esto no se extiende a ningún otro miembro de la Familia Real, ni siquiera al consorte, el heredero y los demás hijos del Rey”, explica Gómez. La única salvedad es declarar por escrito cuando son citados como testigos. “Otra cosa distinta es que, por razones de seguridad, puedan haber medidas especiales a la hora de comparecer en el juzgado”, dijo el profesor Rollnert.
La citación provocó un debate sobre el papel de la infanta Cristina y en las medidas que debería tomar para intentar restaurar su imagen. Los analistas cuestionan si debe elegir entre su título y su matrimonio.
“Renunciar a sus derechos sería una decisión más simbólica que efectiva por su lejanía y la de sus hijos en el orden sucesorio”, dijo la catedrática Gómez. En cuanto a un divorcio obligado, “nada de lo que ocurra puede forzar a nadie a adoptar decisiones sobre su vida privada”.
El profesor Rollnert discrepa. Puesto que los indicios apuntan a que se ha producido un enriquecimiento irregular, explica, “debía haberse divorciado en el caso de que hubiera sido engañada para participar en esas actividades”. Pero puesto que no lo ha hecho “y parece probado que ha consentido el uso de su título y se ha beneficiado de los fondos irregulares, debería renunciar a sus derechos con independencia de la imputación”.
Para el académico, el comportamiento de la Infanta es “absolutamente incompatible con la línea de sucesión”. La justificación de la monarquía es servir a España, dice, y las personas que la representan “no pueden aprovechar su posición e influencia para enriquecerse mediante negocios cuanto menos dudosos”.
“Estimo que la decisión final de la Infanta dependerá de la marcha de los acontecimientos”, finaliza Yolanda Gómez. “En todo caso, las actuaciones deberían servir para proteger al príncipe Felipe, pues él es el futuro y el único que ahora mismo tiene buena imagen”, matiza Belén Barreiro.