Egipto condena a prisión a trabajadores de organizaciones civiles

El gobierno acusó a 43 activistas, entre ellos estadounidenses, de recibir fondos internacionales de manera ilegal
vista exterior de la corte constitucional de egipto
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(Reuters) -

Una corte egipcia sentenció a prisión a 43 trabajadores de organizaciones no gubernamentales, incluidos estadounidenses, en un caso que ha enfurecido al gobierno de Estados Unidos y a activistas a favor de la democracia alrededor del mundo.

Los trabajadores fueron acusados de obtener fondos ilegales; ellos lo niegan.

Todos, excepto uno de los estadounidenses, fueron sentenciados en ausencia, debido a que abandonaron el país tras depositar una fianza de 132,000 dólares.

La corte sentenció a 27 de ellos a cinco años de prisión; cinco fueron sentenciados a dos años, mientras que 11 fueron sentenciados a un año, pero sus condenas fueron suspendidas, informó la agencia estatal de noticias Al Ahram.

La corte también ordenó el cierre de cinco organizaciones civiles y la confiscación de sus fondos: Freedom House, el Instituto Internacional Democrático, el Instituto Nacional Democrático, el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Alemana Konrad Adenauer.

Yehia Ghanem, un egipcio que trabaja para el Centro Internacional para Periodistas, recibió una condena de dos años de prisión.

“Para mí y cualquiera es claro que la fiscalía falló al dar evidencia de todas sus acsuaciones”, dijo a través de un comunicado el martes.

“Estábamos planeando un curso para periodistas pero nunca tuvimos la oportunidad de lanzarlo”, dijo. “Así que es impresionante ser juzgado por algo que jamás sucedió. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de poner en práctica nuestras buenas intenciones”.

Funcionarios egipcios dijeron que las organizaciones civiles contribuyeron a la interferencia internacional que estaba alentando las protestas contra el gobierno.

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En diciembre de 2011, las autoridades allanaron las oficinas de 10 organizaciones civiles. El fiscal general dijo que fue por una investigación en el sentido que algunos grupos estaban recibiendo financiamiento internacional y que operaban sin licencias.

El caso desató una crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Egipto. El Departamento de Estado dijo que los cargos estaban “políticamente motivados”.

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