Sao Paulo cambia el aumento en el transporte por recortes públicos

El alza en las tarifas del transporte público detonó las protestas masivas en Brasil desde la inauguración de la Copa Confederaciones
Dilma Rousseff promete mejoras en educación y salud
(Reuters) -

En lugar de aumentar las tarifas del transporte, una medida revocada tras las protestas masivas en Brasil, el gobierno de Sao Paulo eliminará dependencias y fusionará organismos públicos.

Geraldo Alckmin, gobernador del estado, explicó que la desaparición de las secretarías de Desarrollo Metropolitano y de Apoyo al Trabajo Artesanal, así como la fusión de tres organismos de la administración regional permitirán el ahorro de 355 millones de reales (unos 161 millones de dólares) hasta finales de 2014. 

"Es un esfuerzo de gestión para mejorar la eficiencia con el gasto público y compensar la revocación del aumento de la tarifa del transporte", dijo el funcionario de Sao Paulo, el estado más rico e industrializado de Brasil y responsable por cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Las protestas que se han expandido por todo el país comenzaron el pasado 10 de junio tras un aumento del precio del transporte en Sao Paulo, que pasó de 3,00 reales (unos 1.36 dólares) a 3.20 reales (unos 1.45 dólares).

Si bien se centraron inicialmente en esa medida, las manifestaciones ganaron espacio en todo el país y revelaron un malestar social hasta ahora contenido.

La "voz de la calle", como la presidenta Dilma Rousseff definió a esta inesperada protesta popular, exige mejores servicios públicos y más inversiones en salud y educación, además de que protesta en contra de la corrupción y el gasto público para el Mundial de futbol de 2014.

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Frente a la presión de las protestas, Sao Paulo y otras ciudades del país revocaron la semana los aumentos a los precios del transporte.

La presión también dio frutos en el ámbito nacional y el Congreso desempolvó diversos proyectos que languidecían hace años.

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Entre otras decisiones, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que excluía a la Fiscalía de las investigaciones de actos corruptos y además destinó el 75% de las regalías del petróleo a la educación y el otro 25% a la salud.

Del mismo modo, presionada por las protestas, Rousseff decidió convocar a un plebiscito antes de octubre próximo para consultar a la población sobre una reforma política, que persigue perfeccionar el sistema electoral y establecer nuevas reglas para la financiación de los partidos políticos. 

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