Jueza frena ejecución de mexicano en EU por desinformación sobre inyección
Una jueza federal de Houston ordenó este miércoles suspender dos ejecuciones, incluida la de un preso mexicano, hasta que el estado de Texas informe sobre la composición de la inyección letal que les aplicará.
La decisión de la jueza Vanessa Gilmore bloquea la ejecución del 9 de abril de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana, según recoge un documento de la corte federal.
"La corte suspende las ejecuciones previstas de los demandantes hasta que la información identificada se produzca", concluye la jueza en su orden de cinco páginas.
Las ejecuciones quedan suspendidas hasta que las autoridades de Texas rompan el secretismo en torno a la procedencia de las sustancias usadas en las inyecciones letales y revele el nombre de los proveedores de los componentes de la inyección letal.
La autoridad judicial pide que se facilite a los dos presos la "plena revelación del producto con el que Texas causará su muerte" y poder así hacer uso de la información sobre el dolor que podrían afrontar para abrir una posible acción judicial.
Para la jueza, el no tener detalles sobre los componentes químicos que se usarán, viola los derechos constitucionales de los dos presos.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas obtuvo hace dos semanas una nueva provisión del fármaco pentorbital, un sedante, y alegó razones de seguridad para no hacer público el proveedor de la sustancia ni otros detalles sobre el componente.
La ejecución de Hernández Llanas, de 44 años y natural del estado de Tamaulipas, supondrá un nuevo desacato a la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el llamado "Fallo Avena", que en 2004 ordenó la revisión de 50 casos de mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos.
La CIJ consideró que a estos mexicanos en Estados Unidos no se les respetó su derecho a la notificación y asistencia consular.
Entre tanto, la Corte Suprema estadounidense rechazó el lunes revisar una apelación interpuesta por los abogados de Hernández Llanas para que su caso fuera revisado.
Los abogados alegaron que su coeficiente intelectual es el de un discapacitado mental y que no recibió una defensa legal apropiada durante el juicio en el que fue condenado por el asesinato de un ranchero en Kerrville, Texas, y por abusar sexualmente después de la esposa de su víctima, en 1997.
El pasado 22 de enero, otro mexicano, Édgar Tamayo, fue ejecutado en Texas.
La Corte Suprema falló en su momento que no había mecanismos legales para obligar a Texas a dar cumplimiento al Fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia, que ordenaba a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos en pena de muerte, incluyendo el de Tamayo Arias, antes de pensar en ejecutarlos.
Actualmente hay 12 mexicanos condenados a muerte en Texas, incluyendo a Ramiro Hernández Llanas.
La ejecución de personas es legal en 31 estados estadounidenses. Desde 1976, año en que la Suprema Corte de Estados Unidos reimplantó la pena de muerte, se ha ejecutado a 1,363 personas (hasta enero de 2014). Japón es la única democracia industrializada además de Estados Unidos en la que se contempla la pena capital.
El gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con aproximadamente 63 personas en espera de ejecución (hasta enero de 2014). El gobierno estadounidense ha ejecutado a cuatro personas desde 1976 hasta enero de 2014. En cuanto al género, hay 61 mujeres condenadas a muerte y 14 mujeres han sido ejecutadas desde 1976.
