El Gobierno de Cataluña admite que no puede hacer la consulta soberanista

El ejecutivo catalán ha planteado vías para ampararse mediante un proceso de participación ciudadana, que no fue impugnado por el gobierno
Un grupo de simpatizantes contra la independencia de Cataluñ  Un grupo de simpatizantes contra la independencia de Cataluña marchan en Barcelona
(Reuters) -

El Gobierno de la región de Cataluña planteó a los partidos a favor de la independencia de España, que no puede hacer la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre en los términos del decreto de convocatoria.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, citó este lunes a los líderes de los partidos proconsulta, que son Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquera Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Candidatura d'Unitat Popular (CUP), a fin de celebrar una reunión e informarles al respecto.

A la espera de que termine el encuentro, según informaron fuentes conocedoras de la negociación, el ejecutivo catalán admitió a los partidos que no ve la forma de hacer la consulta del próximo 9 de noviembre, en función de lo que estrictamente establece el decreto, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, Artur Mas ha puesto sobre la mesa de la negociación una propuesta para hacer posible la consulta, explorando vías para ampararse en un título de la ley de consultas, relativo a los "procesos de participación ciudadana", que no fue impugnado por el Gobierno, según fuentes de la negociación.

Tanto la ley como el decreto están suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno, lo que, a 27 días del 9 de noviembre, dificulta la puesta en marcha de los preparativos.

En este sentido, el Gobierno catalán ya incumplió o algunos de los plazos claves que fija el decreto, como el de la publicación del registro provisional de participantes (censo electoral), que tenía que ver la luz el viernes.

La convocatoria de la consulta fue una promesa de la coalición nacionalista de centroderecha CiU, que gobierna en Cataluña, durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por partidos independentistas y organizaciones sociales.

El gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas aprobada por el ejecutivo catalán y el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre, al día siguiente de su puesta en marcha.

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