El gobierno de Cataluña convoca al 9N con una consulta alternativa
El presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Artur Mas, afirmó este martes que mantiene la consulta soberanista del 9 de noviembre "con locales abiertos, urnas y papeletas", aunque se apoyará en otro marco jurídico basado en la legislación regional sobre "participación ciudadana".
La primera convocatoria de la consulta independentista es considerada ilegal por el gobierno español, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que analizará esa nueva iniciativa para decidir si impugnarla, aunque ya adelantó que se trata de una "nueva ocurrencia" de Mas.
El presidente del gobierno autónomo de Cataluña compareció este martes después de renunciar anoche a la consulta del 9 de noviembre (9N), tal y como estaba establecida en el decreto aprobado en septiembre para ese fin.
A finales de septiembre, Mas aprobó la convocatoria de la consulta soberanista para el 9N y la Ley de Consultas que le daba amparo legal, en la que los ciudadanos de Cataluña (7.5 millones) iban a pronunciarse sobre la soberanía de esa comunidad autónoma y, eventualmente, su independencia.
Ambas medidas quedaron suspendidas pocos días después por el Tribunal Constitucional , que admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno de España.
Ello obligó al Ejecutivo catalán a anular la campaña institucional para la consulta.
Desde entonces, el gobierno catalán, los partidos independentistas y los partidarios de la consulta han tratado de buscar la fórmula que permita a los catalanes votar y eludir posibles recursos del Ejecutivo nacional.
"Mantengo la consulta", afirmó Mas, quien aclaró que se mantendrá también la doble pregunta sobre la independencia planteada en la consulta inicial, lo que demuestra que su compromiso al respecto sigue "intacto y firme".
"Ese compromiso se mantendrá siempre y cuando tengamos muchas personas dispuestas a participar el 9 de noviembre", reiteró en un claro llamamiento a los catalanes para que acudan a las urnas.
Por ello, el presidente catalán anunció que esta nueva consulta se basará en "marcos legales preexistentes" a la Ley de Consultas y que respetan una "competencia genérica" del gobierno autonómico de Cataluña, que es la "participación ciudadana".
Sin embargo, rehusó concretar aspectos sobre ese nuevo marco legal que le permitirá sacar las urnas en noviembre para "no dar pistas al adversario", en alusión al Gobierno de España, al que calificó de "muy intransigente".
"El adversario es el Estado español. Ante un adversario así no tienes que dar pistas; no les haremos el trabajo fácil", señaló en referencia a un posible nuevo recurso del gobierno central ante el Constitucional.
En nombre del gabinete central, Sáenz de Santamaría aclaró que analizarán el nuevo planteamiento y subrayó: "Incumplir la ley y, por tanto, saltarse el marco de convivencia de todos los españoles lleva a Cataluña a una situación que no es sostenible".
