Los mexicanos podrán asociarse para defender sus derechos colectivos

Con las demandas colectivas, los ciudadanos podrán asociarse para protegerse de actos de la autoridad o de prestadores de servicios
En 2008, la Profeco recibió más de 7,000 denuncias contra la clínica de depilación Neoskin
co-neoskin-colectivos  En 2008, la Profeco recibió más de 7,000 denuncias contra la clínica de depilación Neoskin
Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

Las acciones colectivas, cuya creación fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados, permitirán que los ciudadanos se asocien para defender sus derechos ambientales, culturales, educativos, a la salud y como consumidores frente a los actos de autoridad o los proveedores públicos o privados que lleguen a violarlos, afirmaron promotores de la medida.

Grupos de personas podrán exigir ante tribunales federales la reparación del daño causado por afectaciones al entorno natural o al patrimonio histórico, así como por mercancías defectuosas, servicios fraudulentos o cobros excesivos

De acuerdo con el dictamen avalado en San Lázaro por 308 votos a favor, cero en contra y una abstención, el que los ciudadanos puedan asociarse en este tipo de demandas —en vez de tener que enfrentarlas de forma individual— reducirá los costos de los procesos jurídicos y generará eficacia en el sistema judicial, porque “permitirá resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio”.

La medida, ya aprobada por el Senado el 10 de diciembre de 2009, adiciona un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.

Al tratarse de una reforma constitucional, para entrar en vigor requiere ser avalada por 17 legislaturas estatales. Si esto ocurre, el Congreso de la Unión deberá elaborar la ley secundaria que norme su aplicación.

El diseño de esa legislación, de acuerdo con Daniel Gershenson, presidente de la asociación civil Alconsumidor, será “la madre de todas las batallas”, porque en este texto se definirán los detalles del funcionamiento de las acciones colectivas.

Gershenson, uno de los principales impulsores de la medida, dijo que su aprobación “muestra que si hay decisión y hay voluntad, las causas ciudadanas pueden prosperar”.

Recordó que las acciones colectivas, conocidas en inglés como “class action” y ejercidas en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Chile, llegaron al Congreso en 2008. Ese año, asociaciones civiles y académicos promovieron una iniciativa en la materia que fue acogida por el senador Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según Gershenson, la propuesta no avanzó por la oposición de la cúpula empresarial y de legisladores que temían que esta figura se convirtiera en un mecanismo de chantaje en contra de las empresas.

En cambio, otro documento fue presentado y aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2009, pero éste, a decir de los impulsores de la idea original, significaba un retroceso porque limitaba el ejercicio de las acciones colectivas a tres ámbitos —consumo, ambiente y servicios financieros—, y para ejercerlas obligaba a los ciudadanos a acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

Tras la aprobación de ese dictamen “regresivo”, señaló Gershenson, los grupos ciudadanos cabildearon con fuerza en el Congreso para que se retomara la propuesta inicial. En este proceso, afirmó, resultó importante la labor de Blanca Heredia, titular de la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de “legisladores jóvenes de los tres partidos”.

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En diciembre de 2009 lograron su cometido cuando una iniciativa muy similar a la original fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde fue promovida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juventino Castro y Castro, y avalada este jueves.

Para Gershenson, la creación de esta figura jurídica ayudará a poner un freno a los funcionarios y las empresas que no son socialmente responsables: “Sin decir que con esto vamos a salvar el mundo, ya vamos a contar con un instrumento jurídico que permita nivelar las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre proveedores y consumidores”. 

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