De madrugada, el gobierno mexicano "toma" dos minas
Cananea fue sólo la primera de las minas "tomadas" por la policía. Le siguió Pasta de Conchos, donde aún se encuentran sepultados los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron ahí el 19 de febrero de 2006.
Agentes de la policía de Coahuila, al norte del país, tomaron este lunes por la madrugada la mina de carbón y desalojaron de sus inmediaciones a varias familias de mineros que exigían el rescate de los cuerpos.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmaron que la operación se desarrolló casi simultáneamente con otra encabezada por la Policía Federal en la mina Cananea del también norteño estado de Sonora.
Tras los hechos, el colectivo Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado donde denunció la acción en la que, según la ONG, participaron "veinte patrullas de la policía estatal de Coahuila" y personal del Grupo México, operador de la mina.
"A las familias que se presentaron a los minutos del ingreso de la Policía Estatal no se les permitió acercarse, ni tomar fotografías, ni se les ha dado ninguna información", agrega el boletín.
En su nota recuerdan que "existe una suspensión definitiva para toda obra de exploración y explotación de carbón ordenada por la Secretaria de Economía" en Pasta de Conchos, pese a lo cual creen que Grupo México, a través de su filial, Industrial Minera México (IMM), "intentará nuevamente sacar carbón de la mina".
"Violarán esta suspensión con el aval y el apoyo del Gobierno federal que no hace otra cosa que simular legalidad", agregaron.
Además responsabilizaron "de cualquier intento de intimidación y agresión contra la integridad de las familias y de sus defensores" al presidente de México, Felipe Calderón.
Ambas minas, Pasta de Conchos y Cananea, las explota la empresa Grupo México.
En el caso de Pasta de Conchos, la mina está cerrada desde que en febrero de 2006 un accidente ocurrido en una de las galerías le costó la vida a 65 trabajadores, que no pudieron ser rescatados.
Desde entonces familiares de los occisos, con el apoyo del obispo de Saltillo, Raúl Vera, han denunciado las precarias condiciones de seguridad que había en la mina y exigido, sin éxito, el rescate de los cadáveres.
Tras la llegada de la policía del estado a Pasta de Conchos familiares de los mineros comenzaron reuniones para discutir las acciones que seguirán en torno a esta decisión tomada por la empresa Grupo México y las autoridades de Coahuila.
A propósito de los hechos, Cristina Averbash, portavoz del movimiento Familia Pasta de Conchos, dijo que la presencia de las familias en el lugar hasta ser expulsadas hoy es derivaba de "irregularidades que persisten desde hace muchos años en la región carbonífera".
Esta situación la está tratando de llevar el colectivo de apoyo a las familias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
