Una indígena violada por soldados ayudará a evitar nuevas agresiones
El día en que la vida "feliz" de Valentina Rosendo terminó "hecha pedazos" tiene una fecha exacta: febrero de 2002, cuando unos soldados mexicanos la violaron a ella y a su compañera Inés Fernández en Ayutla de los Libres, Guerrero. Pese a todo, Valentina asegura que "ya se levantó" y que ahora quiere luchar por ayudar a las mujeres que han sufrido como ella .
Ambas fueron agredidas luego de que se negaran a señalar a los hombres de la comunidad acusados de pertenecer a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de Guerrero, en el suroeste de México. "Pudo ser cualquier mujer, pero esa vez me tocó a mí porque estaba lavando cerca del camino", relata Valentina, de 25 años.
El gobierno mexicano la llamó "mentirosa", según cuenta, en su pueblo le dicen que "no sirve" como mujer porque fue objeto de una violación. Su esposo la golpeó varias veces y luego la abandonó, pero hasta hoy reconoce el valor que hay en sí misma, "que nadie nunca debió hacerme daño, ni mi esposo. Y ahora sé que nadie nunca más lo va a hacer".
Ocho años tuvo que esperar Valentina Rosendo para que se supiera la verdad, que fueron soldados quienes la violaron igual que a su compañera de la comunidad Me'phaa, Inés Fernández.
El juzgado militar, encargado del caso, aseguraba que no fueron soldados los responsables y que todo era una farsa para sacar de la región a los militares, pues Valentina, Inés y su comunidad se dedicaban a la siembra de estupefacientes y se tenían sospechas de presencia guerrillera.
Su hija, de nueve años, le dio la "fuerza y el valor" para seguir con la denuncia que, al no encontrar respuesta con las autoridades locales, tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con la ayuda del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan .
Bajo las amenazas
La niña le pregunta todos los días si podrán regresar alguna vez a su pueblo Ayutla de los Libres donde, según relata a CNNMéxico, no tienen que pagar agua, luz y renta. Valentina tiene que responderle que no, que las amenazas en su contra le impiden regresar ahora, pero que algún día lo harán.
"Ella me pregunta por qué a nosotros nos tiene que pasar. Me pregunta si es por culpa de los hombres malos y le digo que sí, pero que un día vamos a recuperarlo todo", cuenta Valentina, satisfecha porque la CoIDH le dio la razón.
El pasado viernes, el proceso judicial derivó finalmente en las dos sentencias emitidas por la CoIDH contra el Estado mexicano por violar los derechos a la integridad personal, dignidad, vida privada de las dos mujeres indígenas, por lo que ordenó al Estado garantizar que las investigaciones se mantengan "bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria", así como castigar a los responsables.
En el caso de Valentina Rosendo, el tribunal estableció en total 100,500 dólares las indemnizaciones por daño material, daño inmaterial y costos del proceso, mientras la cifra ascendió a 128,000 dólares en el caso de Fernández Ortega.
En el camino, "buscando la justicia que México les negó", Valentina perdió a su familia que no quiso acompañarla en su viaje fuera de Guerrero, el respeto de sus compañeros que la despreciaban por haber sido violada y "usada por los guachos", a su esposo y su medio de vida en el campo.
Ahora vive en una ciudad, de la que no da más detalles por su seguridad, y se siente "encarcelada" lejos de todo lo que quiere. "Ni a mí ni a mi hija nos gusta, este no es nuestro lugar, no pertenecemos a aquí", detalla.
Una ayuda para otras mujeres
Valentina es encargada de una tienda de abarrotes y vive con la ayuda económica que le dan distintas organizaciones sociales, pero el dinero y el beneficio económico de la sentencia no le interesan . Lo que quiere es terminar de estudiar la secundaria y después convertirse en enfermera para volver a Ayutla y ayudar a otras mujeres.
Ella sabe que muchas mujeres, no podría calcular cuántas, han sufrido violaciones por parte del Ejército. Ahora usará su ejemplo para animarlas a denunciar. "Mi caso tiene que ayudar a muchas más. Vamos a seguir hasta que esto no vuelva a suceder".
Como parte de la sentencia, el Estado deberá ofrecer disculpas públicas y admitir su responsabilidad; otorgar becas de estudio a las víctimas y sus hijos, asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual "sean proporcionados por las instituciones indicadas", entre otras cosas.
La mexicana que fue violada cuando era menor de edad, admite entre sonrisas que ya quiere escuchar esa disculpa.
"Un día nos dijo el gobierno que somos mujeres mentirosas. Ahora nos toca decir que el gobierno es mentiroso. Y que lo digan en mi comunidad, para que la gente sepa que siempre dije la verdad".
