A cuatro años de legalizar el aborto en el DF, hay un limbo constitucional

A pesar de que la Suprema Corte aprobó las reformas en la capital del país, no ha definido en qué momento la Constitución protege la vida
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Hace cuatro años, México a través de su capital se sumó a las lista de los 58 países que bajo restricciones o no, han despenalizado la práctica del aborto a petición de la madre.

Desde entonces a la fecha, 55,715 mujeres se han sometido a la Interrupción Legal del Embarazado (ILE) en alguno de los nueve hospitales públicos de la capital mexicana autorizados, según la más reciente cifra publicada por el gobierno del Distrito Federal.

En promedio, el 46% de las interrupciones se realizan en mujeres de entre 18 y 24 años; el 21.4% entre los 25 y 29 años, y el 14.1% entre los 30 y 34 años, según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El decreto que permite a las mujeres suspender voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación se aprobó el 24 de abril del 2007 y se publicó en la gaceta oficial del Distrito Federal dos días después.

La autorización para interrumpir el embarazo movió en este tiempo un mercado de 36.7 millones de dólares, de acuerdo con un cálculo elaborado por Expansión a finales del año pasado.

El cálculo consideró un costo de 90 dólares por el procedimiento en el servicio público y de 623 dólares en el privado, multiplicado por el número de interrupciones que se estimaban se llevaron a cabo hasta el año 2010.

El limbo constitucional

A cuatro años de la legalización del aborto en el Distrito Federal, el concepto y su penalización en el resto de las 31 entidades del país permanecen en un limbo constitucional, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado respecto a desde qué momento la Carta Magna protege la vida: ¿desde que un óvulo es fecundado o desde que un ser humano nace?

En agosto del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió por que las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del DF, que permiten a una mujer abortar antes de las 12 semanas de gestación, son constitucionales.

Con esta resolución, la SCJN daba respuesta a dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reaccionaron en contra de la despenalización del aborto en el DF.

La resolución de los ministros, sin embargo, "no penaliza ni despenaliza el aborto en México", según las palabras del entonces presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

"Hemos determinado la constitucionalidad de una norma aprobada por un órgano representativo, y en este caso particular hemos participado en una definición de gran trascendencia nacional", se concretó a señalar el ministro.

En el artículo 145 del Código Penal del DF, establece que "se impondrá de tres  seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo...".

Estados en contra del aborto

Por esta ley que despenaliza el aborto en el DF hay 17 estados del país que en contraparte han reformado su Constitución local, en las que se protege la vida desde el momento de la fecundación e implantación en el óvulo.

Chihuahua fue la primera entidad donde sus legisladores aprobaron una ley para la protección de la vida desde el momento mismo de la fecundación en la década de los 90.

El primero de octubre de 1994, cuando este Estado era gobernado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Artículo 5 Constitucional fue modificado para quedar como sigue: "Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción...".

Tras la despenalización del aborto en el DF (2007), Baja California, en el norte de México, fue el primero en reaccionar en contra de esta ley y para blindarse, su congreso local modificó el Artículo 7 constitucional.

"...Esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes...", precisa una parte del artículo.

Un mes después de Baja California, el estado de Morelos, hacía lo mismo.

En el 2009, 14 entidades más gobernadas por el PAN y el Partido Revolucionario Institucional, se sumaron a la lista de estados donde se protege la vida desde el momento mismo de la concepción: Campeche; Chiapas; Colima; Durango; Guanajuato; Jalisco; Nayarit; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sonora y Yucatán.

El más reciente estado en sumarse a esta lista es Tamaulipas, que en diciembre pasado aprobó modificaciones al artículo 16 de su Constitución.

El Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), tenía contabilizado hasta finales del año pasado, más de 1,000 amparos tramitados por mujeres mexicanas en contra de las leyes que limitan la práctica del aborto.

Casos polémicos

Las leyes antiaborto en México, protagonizaron el año pasado una de sus historias más polémicas, cuando siete mujeres fueron condenadas por el gobierno de Guanajuato a purgar penas de entre 25 y 30 años de cárcel, acusadas de haber asesinado a sus propios hijos.

Las siete inculpadas alegaban en su defensa haber sufrido abortos espontáneos

En abril del año pasado, una niña de 11 años víctima de violación y con gestación de 18 semanas, se convirtió en el emblema de organizaciones ciudadanas en Quintana Roo para revisar las leyes que penalizan el aborto en esta entidad.

El gobierno de Jalisco, encabezado por el panista Emilio González Márquez abrió otro frente de batalla en contra del aborto al promover en julio del 2009, un recurso de controversia constitucional ante la SCJN, para evitar que en los hospitales y clínicas del sector salud de esta entidad se distribuyera la píldora del día siguiente.

González Márquez quien en diversas acciones de gobierno ha mostrado su conservadurismo frente a temas como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y los métodos anticonceptivos, intentó convencer a los ministros de que la píldora es abortiva y como tal contraviene el derecho a la vida desde el momento mismo de la fecundación que impera en Jalisco.

"Soy defensor de la vida y promotor de la vida, todo lo que tiene que ver con muerte, llámese narco, secuestrados, pena de muerte, aborto, yo los pongo al mismo nivel", declaró en su momento a un medio radiofónico nacional.

El 27 de mayo, la SCJN avaló la distribución de la píldora en todo el país.

A raíz de las controversias constitucionales presentadas por gobiernos municipales en contra de las reformas constitucionales en los estados para impedir el aborto, se prevé que en los próximos meses, la SCJN se pronuncie con respecto al tema de fondo, que es cuándo la Carta Magna protege la vida.

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