Texas se prepara para ejecutar a un mexicano con la inyección letal

El gobernador de Texas decide esta tarde si condece clemencia o retrasa la pena de muerte a Humberto Leal
Humberto Leal
Humberto Leal  Humberto Leal
Bill Mears
Autor: Bill Mears
(Reuters) -

Un mexicano, culpable de asesinato, que está en el centro de una disputa legal y diplomática, espera el dictamen final del gobernador de Texas y de la Corte Suprema de Estados Unidos para saber si será ejecutado este jueves.

El gobernador Rick Perry decidirá pronto si concederá clemencia o si retrasará la ejecución de Humberto Leal García. El gobierno de Barack Obama y diferentes líderes internacionales han solicitado el indulto.

Lo que hace que la condena de Leal sea algo inusual es que no se le informó sobre su derecho de contactar al consulado mexicano justo después de su detención, —un derecho garantizado por un tratado internacional vinculante— los abogados de Leal argumentan que haber ejercido este derecho habría alejado a su defendido del corredor de la muerte.

La última esperanza de Leal está en la Corte Suprema, que está considerando varios recursos para revisar si retrasa la inyección letal, prevista para este jueves a las 18:00 (hora local y mexicana) en la cámara de la muerte de la Penitenciaría de Texas en Huntsville.

El Consejo de Indultos y Libertad Condicional dictaminó que Leal no merecía la condena a muerte conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional. El gobernador Perry normalmente acepta la decisión de esa junta al momento de tomar decisiones, pero podría conceder un retraso de 30 días.

Los jueces decidirán si emiten una suspensión de la ejecución y si la cuestión legal sobre los derechos de los condenados a muerte argumentados por naciones extranjeras son válidos, lo que podría retrasar la muerte de Leal.

Leal, de 38 años, fue condenado por violar a Adria Sauceda, una joven de 16 años de San Antonio. Tras fallar en el estrangulamiento, la mató a golpes con una pieza de asfalto en 1994.

La madre de la víctima, Rachel Terry, ha pedido que la ejecución siga como estaba previsto.

“Un detalle técnico no le da derecho a nadie de venir a este país para violar, torturar y asesinar a cualquier persona, en este caso, a mi hija”, dijo a la filial de CNN en San Antonio, KSAT.

Terry describe a su hija como “una mujer hermosa, brillante y vibrante, llena de esperanzas y aspiraciones”. “Ha sido muy difícil para mí y para los miembros de mi familia. Ciertamente, nos la quitaron a una corta edad, sólo queremos que esto termine”.

Los abogados de Leal argumentan que la violación de acceder al consulado no es un detalle técnico.

Sandra Babcock, la principal abogada de apelación, dijo a CNN que los funcionarios mexicanos aseguran que Leal hubiera tenido la defensa más competente posible si hubieran podido hablar con él inmediatamente después de su detención.

“En la mayoría de estos casos no se actúa deliberadamente. La policía local carece de este tipo de formación (en la Convención de Viena)”, dijo Babcock.

Los que apoyan a Leal dicen que tiene problemas de aprendizaje, daño cerebral y que fue víctima de abuso sexual a manos de un párroco. Aseguran que esos factores debieron tomarse en cuenta en la fase de sentencia.

Leal aseguró que no supo de su derecho de acceso consular hasta dos años después de que le fue dictada la pena capital. Dijo que se enteró de ese derecho por un compañero de prisión, no por algún funcionario.

Entre 2010 y lo que va de 2011, Leal fue visitado por un miembro del Consulado de México, más de 10 veces, dijo Judy Garcés, vocera de esa sede diplomática en San Antonio.

El Estado alegó que Leal quien ha vivido en Estados Unidos desde los dos años no reveló su nacionalidad mexicana al momento del arresto, y que su equipo de defensa no planteó la cuestión o necesidad de tener acceso consular antes del juicio.

Los fiscales también argumentan que la evidencia en su contra era indiscutible. La víctima fue torturada y tiene una mordida en el cuerpo que corresponde a la dentadura de Leal, además, una blusa con la sangre de Sauceda fue encontrada en la casa del sospechoso.

Los dos habían asistido por separado a la misma fiesta. El cuerpo desnudo de la joven fue encontrado en un camino de tierra.

Leal es uno de los 40 ciudadanos mexicanos en una situación similar, que están en la espera de la inyección letal en cárceles de Estados Unidos.

El tema se vuelve a centrar en qué papel tiene cada rama del gobierno estadounidense para dar cumplimiento a las obligaciones dictadas en tratados internacionales.

Hace tres años, los jueces concluyeron que Texas podía ejecutar a otro mexicano condenado a muerte por asesinado. José Medellín recibió una inyección letal, unos meses más tarde.

La pregunta de entonces y que se repite ahora es si el Estado tiene que ceder a una demanda del presidente en turno para que el prisionero tenga nuevas audiencias antes de que se cumpla la condena.

En el caso de 2008, el presidente George W. Bush hizo la petición de mala gana, después de que un tribunal internacional concluyera que a Medellín se le negó el acceso consular, lo que violaba un tratado firmado por Estados Unidos hace décadas.

El gobierno mexicano ha presentado un recurso de apoyo a la Corte Suprema de Washington la semana pasada, pidiendo a los jueces para bloquear la ejecución de Leal, citando a la acción ejecutiva de hace años de Bush.

El viernes, el gobierno de Obama pidió a Texas para retrasar la ejecución.

“Este caso involucra intereses de primer orden de la política Exterior de Estados Unidos”, incluyendo la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y la promoción de las buenas relaciones con otros países, dijo Donald Jr. Verrillo, Fiscal General.

Es raro que el gobierno federal pueda intervenir en casos relacionados con ejecuciones del estado.

El Congreso también ha intervenido. El senador, Patrick Leahy, demócrata de Vermont y presidente del Comité Judicial, presentó un proyecto de ley en junio para otorgar a los tribunales federales la facultad de revisar este tipo de apelaciones.

“Si cometes el más atroz de los crímenes en Texas, entonces deberás hacer frente a la pena capital bajo nuestras leyes”, dijo la vocera del gobernador, Katherine Cesinger a CNN.

“El Congreso ha tenido la oportunidad de considerar y aprobar desde 2008, la legislación para que se revise en los tribunales federales este tipo de casos y no lo ha hecho cada vez que se ha presentado un proyecto de ley”.

Ted Cruz, abogado que defendió el caso de ejecución de 2008 ante la Corte Suprema de Texas, dijo que Leal esperó demasiado tiempo para plantear estas cuestiones.

“La cuestión no es si un extranjero tiene derecho a comunicarse con su consulado”, dijo Cruz a CNN. “La cuestión es si años más tarde, después de que hayan sido juzgados, después de haber sido condenados, después de que haya quedado claro que Humberto Leal es un violador de niños y un asesino, podemos pretender que se prescindió de una cuestión. No pueden venir ahora, años después, e intentar prescindir de un juicio que ya sucedió con algunos reclamos adicionales que a ustedes les hubiera gustado plantear en su momento”.

Cruz es actualmente candidato republicano al Senado de Estados Unidos.

La apelación ante el Tribunal Supremo de Leal contra Texas es de 11 a 5,001.

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