El combate del crimen aumentó las violaciones de derechos humanos: HRW

Impunidad, violencia y atropellos a los derechos humanos prevalecen en México, concluye último informe de Human Rights Watch
Militares Ciudad Mier
Militares Ciudad Mier  Militares Ciudad Mier  (Foto: )
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| Otra fuente: CNNMéxico

La Estrategia de Combate a la Delincuencia Organizada, emprendida por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, no ha logrado reducir la violencia en el país y ha incrementado drásticamente las violaciones a los derechos humanos, concluye el informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México, de la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW).

El documento, del que CNNMéxico obtuvo una copia, se centra en tres delitos: tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que se incrementaron en el actual sexenio en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

HRW reporta que obtuvo “pruebas creíbles” de que militares y policías están involucrados en estos ilícitos. 

La organización afirma que documentó más de 170 casos de tortura, que incluyen “golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte”, empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.

El objetivo de esta práctica, asegura la organización, es conseguir información sobre la delincuencia organizada y obtener confesiones por la fuerza. La impunidad en estos casos se propaga al sistema de justicia, donde los funcionarios no “recaban pruebas que son cruciales para juzgar a soldados y policías que aplican tácticas abusivas”.

La organización estudió además 39 casos de desapariciones forzadas. Según el informe, la impunidad prevalece porque es “habitual que funcionarios judiciales rechacen los pedidos presentados por familiares de las víctimas para que se inicien investigaciones en el periodo inmediatamente posterior” del delito, y en algunos casos incluso se niegan a recibir denuncias formales.

HRW también analizó 24 ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir los delitos contra civiles fallecidos por torturas y en retenes militares o enfrentamientos.

En estos delitos quedan impunes porque no son investigados adecuadamente por las autoridades civiles, que no cuestionan los reportes militares de los hechos, detalla HRW.

El presidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno protege, mediante el uso de “todos los medios a su alcance”, a los mexicanos asediados por las actividades de las organizaciones criminales.

Durante una reunión con directivos de la organización en la residencial oficial, el mandatario manifestó la disposición de su gobierno de mantener esa lucha contra la delincuencia bajo el respeto de los derechos humanos.

Destacó que en su gobierno se han implementado leyes constitucionales para la defensa de derechos, y el actuar de las fuerzas federales ha sido transparente. Calderón se comprometió a revisar el informe sobre derechos humanos que HRW le hizo entrega durante la reunión.

A pesar de que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 se registraron más de 35,000 homicidios relacionados con la estrategia de seguridad nacional por el enfrentamiento entre grupos criminales, sólo han sido acusados por estos delitos 343 personas, de acuerdo con el reporte. De éstas, el Poder Judicial federal aplicó condenas a 22.

Impunidad en la justicia militar

En la justicia militar es donde hay mayor impunidad de los delitos contra civiles, pues el Ejército los resuelve en sus tribunales, según HRW.

En los cinco estados estudiados, desde 2007 al corte del informe, el Ministerio Público militar había iniciado 1,615 investigaciones de violaciones a derechos humanos, pero en ninguna se había dictado condena.

La Procuraduría General de Justicia militar inició 3,671 investigaciones de violaciones cometidas por elementos castrenses contra civiles entre 2007 y junio de 2011, en las que se condenaron a 15 soldados.

La organización señala que contaminar las escenas de crímenes es una práctica común del Ejército, así como la desestimación que hacen las autoridades civiles en las denuncias contra los militares.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, HRW sostiene que “en la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza”.

Las víctimas

La mayoría de las víctimas documentadas en el informe son hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora, con familia e hijos pequeños; pero también hay policías, mujeres, niños, profesionales y asalariados de clase económica alta.

Los familiares de las víctimas declararon ante HRW que éstas no tenían vínculos con la delincuencia ni habían cometido los delitos que las autoridades les imputaban en la mayoría de los casos.

Los familiares de las víctimas tienen dos opciones: investigar por su cuenta los casos o resignarse a que los procesos se estanquen en la burocracia judicial, según la organización.

El informe de HRW fue producto de dos años de investigación en los que realizó más de 200 entrevistas en cinco estados con miembros de fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores. La organización también analizó estadísticas oficiales, recabó datos mediante solicitudes de información, y analizó expedientes judiciales y denuncias de violaciones a derechos humanos.

La milicia se defiende

La vocería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo a CNNMéxico que es falso que haya impunidad en el Ejército. De las 89 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido a la institución en la actual administración (de diciembre 2006 a la fecha), hay 269 elementos militares sujetos a proceso. Si bien no todos están presos -la dependencia no específica la cifra- sí enfrentan un juicio.

Como muestra, citó que el 28 de octubre se dio a conocer la sentencia contra 14 militares que recibieron penas de 14 a 60 años de prisión. A principios de junio de 2007, cinco personas murieron (tres menores y dos mujeres) y otras tres resultaron con lesiones después de que militares dispararon contra la camioneta en la que se transportaban, en un retén del poblado La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Del total de recomendaciones de la CNDH, precisó la vocería, 74 están relacionadas con el combate a la delincuencia organizada por operaciones de los militares y 15 son de materia administrativa.

Con respecto a las 3,671 averiguaciones previas reportadas por HRW, éstas se refieren a la violación de la justicia militar, como casos de deserción, insubordinación y el servicio castrense en general y no están relacionadas con la población civil.

Por su parte, la Procuraduría General de la República expuso sus avances en la protección de los derechos humanos durante una reunión con el representante de HRW, Kenneth Roth.

En el encuentro, la procuradora Marisela Morales enlistó entre los progresos logrados el impulso a la transparencia en el combate al crimen, una estrecha colaboración entre las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, así como la reforma constitucional sobre derechos humanos recientemente aprobada, detalló la Procuraduría en un comunicado.

La dependencia informó que se han hecho esfuerzos por terminar con la impunidad y que se investiguen los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos, como la tortura.

"La procuradora ratificó que bajo la administración del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedentes, facilitando la observación internacional de sus prácticas.", informó la dependencia este miércoles. 

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