La CIDH admite el caso de 11 mujeres mexicanas que acusan tortura sexual
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió investigar el caso de 11 mujeres mexicanas que aseguran que fueron víctimas de tortura sexual durante una represión policial en 2006 en San Salvador Atenco , en el Estado de México.
Durante el 143° periodo ordinario de sesiones , la CIDH emitió un informe para comenzar a investigar la petición 512-08 Mariana Selvas Gómez y otros vs. México, interpuesta en abril de 2008 bajo el cargo de dilación de justicia por la nula investigación en el caso.
“Ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) han realizado una adecuada investigación y ningún policía, de los más de 2,500 agentes que intervinieron, ha sido sancionado”, acusa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lleva el caso legal de las denunciantes.
La Comisión investigará ahora si el Estado mexicano cometió violaciones de derechos humanos y dará a conocer sus conclusiones en cuanto la parte acusadora y el gobierno mexicano sean notificados sobre las mismas.
La población de San Salvador de Atenco se movilizó en febrero y mayo de 2006 contra la expropiación de tierras en San Salvador Atenco para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el centro del país. La protesta derivó en un enfrentamiento en el que participaron 2,500 policías de los tres órdenes de gobierno. Dos personas murieron y 207 fueron detenidas.
Organizaciones civiles como el Centro Prodh denuncian que durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, al menos 26 mujeres fueron víctimas de tortura sexual; de las cuáles, 11 presentaron una querella ante la CIDH.
Estas mujeres denunciaron que los agentes las detuvieron por participar en los disturbios y que en los vehículos donde eran trasladadas a un penal sufrieron violencia sexual, física y verbal.
Una de las denunciantes, Italia Méndez, escribió una carta en el quinto aniversario del operativo en Atenco: "La tortura sexual ejercida contra nosotras las mujeres en los operativos fue un hecho difícil de afrontar y denunciar, dimensionar tal violencia contra nuestros cuerpos nos resultaba desbordante, sin embargo, el mantenernos juntas y enfrentar al Estado de forma colectiva nos permitió afrontar y desmontar el discurso del poder en el cual nosotras debíamos sentir vergüenza y no podíamos hacer nada con lo ocurrido”.
En julio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que estaban sentenciados a penas de entre 31 y 112 años de cárcel por el delito de secuestro equiparado tras haber participado en la protesta.
Un año antes, la Corte dictaminó que los policías que fueron parte del operativo cometieron graves violaciones a las garantías individuales. Hasta ahora, sólo uno ha sido consignado por actos libidinosos, pero no fue encarcelado.
La SCJN también deslindó responsabilidad al expresidente Vicente Fox y al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
El exmandatario estatal dijo en 2008 que volvería a ordenar un operativo similar en caso de que fuera necesario restablecer el orden y la paz social. Sin embargo, un año después, reconoció que en el caso existe un “alto grado de impunidad” en cuanto a violaciones y abusos cometidos por los 2,500 policías que participaron, pero dijo que era “prácticamente imposible saber quién las cometió”.
Cinco años después de haber avalado el operativo, Enrique Peña Nieto es el político mexicano mejor posicionado en las encuestas para los comicios presidenciales de 2012.
