La imagen de Michoacán, ensombrecida por el crimen organizado

A tres años de que fueron lanzadas grandas en una plaza pública, la población enfrenta las consecuencias de la violencia
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| Otra fuente: CNNMéxico
MORELIA, Michoacán (CNNMéxico) -

Margarita Castillo dice que su vida es de dolor e incertidumbre desde la explosión de dos granadas en el Centro Histórico de Morelia, capital de Michoacán, hace más de tres años.

Alfredo Sánchez, padre de sus cuatro hijos, fue uno de los ocho muertos luego de que una granada fuera lanzada contra la multitud que celebraba el aniversario de la Independencia nacional el 15 de septiembre de 2008.

“Hemos tratado de seguir más unidos que nunca, lamentablemente hace falta la mano del papá”, dijo en entrevista en mayo pasado.

Una de las dos granadas lanzadas esa noche sorprendió a Alfredo mientras esperaba a Margarita y a su hija Mónica. A su otra hija, la menor, la había dejado en la puerta de un restaurante cercano.

“Se me hizo raro que quisiera ir ese día con insistencia, ‘vamos al grito’ (celebración de la Independencia). No le gustaba ir”.

Margarita contó que desde entonces su estado anímico ha ido de la tristeza al miedo y del coraje a la preocupación por el ingreso económico, pues el hombre con el que tenía 30 años de casada era el soporte de la familia.

Las autoridades estatales entregan a esta familia una pensión de 8,000 pesos mensuales; sin embargo, hace un año fue informada que en su caso la ayuda será temporal y no sabe en qué momento dejará de recibirla.

“Al principio prometieron que nos iban a dar pensiones vitalicias a todos. Resulta que nos pidieron papeles en el Congreso y que yo califiqué nada más para pensión temporal”.

“Mi esposo no murió de manera temporal”. Al gobernador Leonel Godoy le solicitó un empleo: “deme un trabajo seguro, no me importa que sea de intendencia —le dijo—, pero nunca he obtenido respuesta”, aseguró a CNNMéxico en mayo pasado.

El gobierno del estado de Michoacán informó a CNNMéxico que han destinado 6 millones 838 mil 722 pesos en apoyos en efectivo, becas a los huérfanos de las víctimas y hospitalización de septiembre de 2008  al 31 de agosto pasado.

Del total, han destinado 3 millones 609 mil 77 pesos al concepto de pensiones a las familias cuyos integrantes pueden seguir trabajando y 334 mil 200 pesos como apoyo d ebecas a los huérfanos de las víctimas.

Alfredo fue empleado durante 15 años en una empresa de refacciones para maquinaria agrícola. Cuando murió, apenas había tramitado su pensión en el Seguro Social por incapacidad.

Siete meses antes del atentado, el hombre de 53 años había sobrevivido a dos infartos de corazón y uno cerebral que lo mantuvo durante 45 días hospitalizado en Guadalajara, Jalisco.

Esa pensión mensual es el único ingreso del que Margarita tiene certidumbre, porque a sus 49 años duda que pueda conseguir un mejor empleo que el limpieza que ocasionalmente hace.

El gobierno informó a CNNMéxico, a través de su vocería que han dado atención psicológica a 91 personas desde el evento, de las cuales 79 han sido dadas de alta por mejoría, y 12 contaban con seguimiento mensual hasta agosto pasado. Del total, 6 rechazron los servicios de atención psicológica.

Las secuelas psicológicas en la familia son otro problema. Su hija menor se ha vuelto una joven rebelde y con coraje hacia la vida, describe la madre.

“Nos quedó un trauma, evitamos ir a lugares concurridos, nos da miedo que algo suceda”, concluyó.

Mala imagen

El turismo, uno de los mayores ingresos económicos de Michoacán, apenas está recuperándose tras la imagen negativa que dejó este incidente y la violencia generada por el narcotráfico, considera Miguel Ángel Gallardo, líder estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Hoy contra lo que estamos luchando es contra esta percepción de mala imagen que se generó y nos toca a todos tratar de seguir, porque no tenemos otra”, refirió en TALMES el líder de los empresarios a CNNMéxico.

Ubicado en el centro-occidente del país, y cuna del presidente Felipe Calderón, Michoacán vive desde 2006 una ola de violencia que provocó, hasta 2010, más de 1,750 muertes. Ello colocó a la entidad como una de las seis más inseguras del país por el número de muertes violentas en comparación con los demás estados, según las cifras difundidas por el gobienro federal.

Al menos 21 ciudadanos han fallecido al encontrarse en medio de enfrentamientos, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), y 159 agentes de distintas corporaciones perdieron la vida de 2008 a la mayo de 2011.

Juan Carlos Campos, presidente de la Comisión de Seguridad pública del Congreso estatal, informó a CNNMéxico que más de 30 funcionarios municipales habían sido asesinados hasta el quinto mes de 2011.

“Se han incrementado todos los delitos más los que no se cometían, porque hace nueve años no hablábamos de que en Michoacán existía cobro de piso, extorsión, porque alguien se dedique a una actividad”, dijo el diputado del Partido Revolucionario Institucional.

La violencia en el estado fue adjudicada por el gobierno federal al grupo delictivo La Familia Michoacana, el principal cártel que controla el narcotráfico en el estado. Episodios de violencia se han vivido, tanto por la disputa con Los Zetas por el control de municipios, como por su resistencia a ser combatida por las fuerzas federales.

El número de víctimas este año descendió, pues recuentos periodísticos señalan que sumaron 87 asesinatos en el primer cuatrimestre. El gobierno federal anunció que el 9 de diciembre había sido abatido su líder, Nazario Moreno González, El Chayo, en Apatzingán.

Incluso, hubo una disidencia dentro de la organización, la cual conformó un nuevo grupo denominado Los Caballeros Templarios desde marzo de este año, según describe la Secretaría de Seguridad Pública federal.

“Estamos ahorita emocionalmente con una situación completamente diferente a la que se vivieron en aquellos tiempos, el sector turístico ha venido de menos a más”, asegura el líder de Coparmex.

No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registra un incremento de reportes de desapariciones de personas respecto a los tres años anteriores.

Marco Antonio Tortajada, director de Orientación Legal de la CEDH, detalló que este año han recibido 73 solicitudes de apoyo por desaparición de personas, cuando entre 2008 y 2010 fueron 140.

“Es lamentable esta situación, que se estén dando estos casos, porque nos damos cuenta que la gente, muchos de los desaparecidos, son los jefes de familia, los que llevaban la carga de la familia y se quedan en una situación muy vulnerable”, manifiesta Tortajada.

Los municipios donde se concentran las desapariciones son Tiquicheo, Álvaro Obregón, Cotija, Quiroga, Tarímbaro, y Morelia, los cuales no despuntan por un nivel alto de violencia.

Tortajada agrega, en entrevista con CNNMéxico realizada en mayo pasado, que entre los reportes se encuentran los casos de 11 comerciantes de Puruándiro y Álvaro Obregón que desaparecieron en el estado de Tamaulipas en marzo y noviembre de 2010.

Otros seis michoacanos desaparecieron en Veracruz; uno en Coahuila, y 20 más en Guerrero, de los cuales al menos 18 fueron asesinados por narcotraficantes rivales de La Familia Michoacana que los confundieron, según las investigaciones federales. Del resto, no se ha tenido reporte.

“No tenemos la libertad de circular en otros estados, no tenemos la libertad de ser michoacanos y de traer placas del estado… los michoacanos hemos sido afectados en todos los aspectos”, resume el diputado Campos.

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