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La Cámara de Diputados aprueba crear más penales de máxima seguridad

Con 311 votos a favor, 12 en contra, los legisladores avalaron la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones
mar 17 abril 2012 06:52 PM
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Con 311 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, con la que se prevé crear penales de máxima seguridad, acabar con el hacinamiento  en las cárceles y lograr la plena reinserción social de los detenidos. 

Así se cumple lo establecido en la reforma constitucional de 2008, al tiempo que se faculta al Ejecutivo federal para administrar los 431 centros penitenciarios y se crea la figura de juez ejecutor, quien fijará el tipo y la sanción correspondiente. 

El dictamen avalado precisa el objetivo de dotar al gobierno federal de instrumentos adecuados con un sistema penitenciario profesional y capacitado bajo cinco ejes rectores que son: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, del PRI, indicó que también se adicionó el artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se crea la figura de juez de ejecución, y serán los únicos que podrán determinar el tipo y la sanción que corresponda, con lo que se evitará el abuso y la corrupción. 

“Se establece la figura de jueces ejecutores, por eso la reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dota al Ejecutivo de la Administración de los establecimientos penitenciarios pero solamente son los jueces, porque así lo establece el mandato constitucional, quienes evalúen duración, reclusión o reducción de beneficios para las sentencias de los internos”, explicó. 

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que en algunos centros penitenciarios se tienen gobiernos paralelos de los delincuentes recluidos ahí, y por ello la reforma constitucional del 18 de julio de 2008, ordena crear un nuevo sistema en materia penal, para establecer el sistema acusatorio oral. 

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Estableció que de los 230,000 internos que hay en el país, el 5% son mujeres, el 20% pertenecen a la competencia federal, y el 75% al fuero común; además específica que las mujeres deben estar separadas de los hombres, ya que actualmente se encuentran juntos. 

Con esta legislación se separará a los adolescentes de los adultos, para erradicar en estos sitios  las universidades del crimen , y también se establece una distancia física entre los procesados y los sentenciados. 

“La reforma, la nueva ley del Sistema Penitenciario constituye un gran avance para este país. Estamos dotando al gobierno de la República de instrumentos adecuados para que verdaderamente la reinserción social, que es un mito hoy, se convierta en una realidad”, indicó Benítez Treviño. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que el dictamen tiene como propósito ser el inicio de una  nueva era de justicia penal , sobre todo en lo que se refiere al Sistema Penitenciario y ejecución de sanciones. 

Señaló que una de las principales deficiencias de las cárceles del país es la situación de sobrepoblación, tan solo en 2007 la población de internos en cárceles federales alcanzaba los 3,000 internos, y cuatro años después hay 12,450, solo en centros controlados por la federación, que representa un incremento del 345%. 

Ovando Patrón agregó que todo lo anterior representa una violación a los derechos humanos, y ahora con esta ley se revertirá esta situación, además de que se sentará la base para que las entidades puedan modificar sus sistemas penitenciarios locales. 

Los diputados coincidieron que con la aprobación de este dictamen se salda una deuda que tenía la Cámara de Diputados, al dar la oportunidad de crear a los jueces de ejecución de sanciones, así como profesionalizar el sistema carcelario. 

El dictamen avalado se envió al Senado de la República para los efectos constitucionales.

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