México pide responsabilidades jurídicas para el tráfico de armas

El comercio de armas no debe ocurrir sin que existan responsabilidades jurídicas internacionales, afirmó la SRE
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| Otra fuente: CNNMéxico

El comercio y uso de armas, aunque es una necesidad para algunos países, no debe de darse sin que existan responsabilidades jurídicas internacionales, afirmó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Para lograr la regulación del comercio de armas, la comunidad internacional debe atender el problema del desvío de armas al mercado ilícito, expresó la SRE en el documento de prensa.

La dependencia informó que intervino en el debate de la Conferencia Diplomática de la ONU sobre el Tratado de Comercio de Armas, durante el cual se dejó en claro que para México, el objetivo incluye prevenir el desvío de armas a grupos delictivos, pero a la vez asegurar la protección de personas.

El tratado, que se encuentra a discusión, no debe ser solo “una declaración de buenas intenciones”, sino “un compromiso que establezca obligaciones jurídicas y derechos para todas sus partes”.

México registra un aumento en los índices de violencia desde el año 2006 debido a la lucha entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Los grupos criminales utilizan armas procedentes de dicho país para realizar actos de violencia, según el gobierno federal.

“Uno de los factores que más han elevado la capacidad de fuego y la violencia de las bandas criminales es la facilidad que tienen para disponer de armas de asalto de alto poder, fácilmente adquiribles en Estados Unidos”, afirmó Calderón en febrero pasado.

Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2012, el gobierno federal decomisó más de 100,000 armas de todo tipo, cartuchos y cargadores.

México ha protestado por el flujo de armas, y por operativos como Rápido y Furioso, en el cual Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recibieron órdenes para permitir el tráfico de armamento desde Estados Unidos a México, con la finalidad de detectar a grandes traficantes.

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La operación generó numerosas quejas en ambos países. En Estados Unidos, legisladores republicanos exigieron explicaciones al gobierno, y en particular al Departamento de Justicia —del que depende la ATF—. La Cámara Baja consideró en desacato a Eric Holder, el secretario de Justicia, por negarse a entregar documentación relacionada con el caso.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha afirmado en varias ocasiones que los responsables del tráfico controlado de armas rendirán cuentas.

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